El diputado panista Fernando Pérez Noriega, integrante de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) del Congreso de la Unión, dio a conocer ayer su propuesta para reformar la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas a fin de emplazar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) a dialogar, so pena de ejecutar las órdenes de aprehensión libradas durante el gobierno pasado contra los integrantes de esa organización indígena rebelde. El legislador abundó que tal iniciativa sería parte del plan que la Cocopa presentará en breve para reactivar las negociaciones de paz, el cual incluiría, además, el traslado del conflicto chiapaneco del ámbito federal a instancias estatales.

Es asombroso, por decir lo menos, que Pérez Noriega suponga que el alzamiento indígena chiapaneco podría resolverse devolviéndolo al punto en el que fue colocado por el gobierno de Ernesto Zedillo el 9 de febrero de 1995, es decir, cuando los sectores duros del extinto régimen priísta pretendieron solucionar el problema por medio de la represión, la persecución de los rebeldes y la violencia contra las comunidades que los respaldan.

En ese entonces, una vasta movilización social obligó al régimen zedillista a dar marcha atrás y el Legislativo, asumiendo la sensatez y la prudencia que faltaron al Ejecutivo, elaboró la ley que ahora se pretende reformar y conformó, de acuerdo con ella, la Cocopa. Hoy la insensatez proviene del interior de esa misma comisión, a la que se pretende convertir en una instancia promotora de la discordia y la reactivación de la violencia.

En efecto, es absurdo pretender que, después de más de siete años de mantener una resistencia en demanda de un trato justo y digno, los zapatistas acatarían un ultimátum como el que propone Pérez Noriega para obligarlos a dialogar. Durante ese lapso la organización indígena rebelde se ha mantenido fiel al cese del fuego y ha demostrado reiteradamente, con ello, su voluntad de paz, a pesar de todas las provocaciones contra las comunidades indígenas; si después de todo ese tiempo no reciben más que una amenaza de persecución, ello podría ser visto, por los zapatistas de Chiapas y por otras organizaciones campesinas armadas, como una declaración de guerra por parte de los poderes federales.

Con sus incendiarias declaraciones de ayer, Pérez Noriega ha desconocido, para colmo, acuerdos internos de la Cocopa que comprometían a sus integrantes a no formular declaraciones sobre el trabajo de esa comisión. Es urgente que se retomen tales acuerdos y que ese organismo, y el Legislativo, en su conjunto, se comprometan a trabajar por la paz, no por la guerra.