Ť El ''borrador'' del informe fue filtrado a una revista, dice

Nada ocultó la CNDH, asegura Jorge Carpizo

Ť Cuando salí de la comisión todos los documentos permanecieron ahí

En una carta dirigida a este diario, el ex presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Jorge Carpizo niega que haya ocultado ''el borrador'' del Informe de la investigación sobre presuntos desaparecidos en el estado de Guerrero, de 1971 a 1974. Señala que incluso dicho documento fue ''filtrado'' hace ocho años a una revista de circulación nacional y argumenta que cuando dejó el cargo, el 3 de enero de 93, ''absolutamente toda la documentación permaneció en esa comisión; por ningún motivo se sustrajo documento alguno''.

A continuación, el texto íntegro y textual de la carta:

Estimada Carmen: He leído el reportaje del día de hoy en ''La Jornada'' que se intitula: ''Oculta la CNDH desde 1992 informe sobre guerra sucia. La orden de Carpizo''. Además, el prestigiado periódico que diriges dedica la Rayuela, el editorial y una caricatura a dicho tema.

En el editorial se señala que Carpizo está moralmente obligado a explicar las razones por las cuales se decidió ocultar a la sociedad la investigación mencionada. Con gusto realizo las aclaraciones del caso y te solicito atentamente que por razones morales y profesionales, más allá de las normas jurídicas contenidas en la Ley de Imprenta, ''La Jornada'', periódico que estimo por razones varias, le conceda a esta aclaración el mismo espacio que le otorgó a las difamaciones hacia mi persona, es decir, no quedaré satisfecho si se publica en la sección de cartas del lector, sino en primera plana y con los mismos espacios otorgados a la nota de referencia.

En 1992, la CNDH NO ocultó ningún informe sobre los desaparecidos. Ciertamente en octubre de ese año se había concluido un borrador denominado ''Informe de la investigación sobre presuntos desaparecidos en el Estado de Guerrero durante 1971 a 1974'', y un extenso resumen se publicó en la revista ''Proceso'' del día 2 de noviembre de 1992, cuya portada le dio preeminencia a dos reportajes y uno de ellos fue precisamente el que intituló ''Reporte de la Comisión de Derechos Humanos. Las Matanzas de Guerrero en los 70'' y le dedicó cinco páginas completas. NO puede calificarse de OCULTO un documento que se publica en esa forma en una de las revistas de mayor circulación nacional.

A mayor abundamiento, para el contenido del borrador intervinieron y apoyaron diversos miembros del Centro de Investigaciones Históricas de los Movimientos Armados (ex guerrilleros integrados desde entonces plenamente a la vida civil), así como conocidos personajes que aportaron documentos. En el borrador se agradece a Luis Suárez y Carlos Montemayor por ese motivo. ¿Puede considerarse que la CNDH ocultó, deseaba ocultar o podía ocultar un documento en el cual habían intervenido tantas y diversas personas?

En virtud de lo delicado del tema, ese borrador, antes de ponerse a la consideración, discusión y posible aprobación por parte del Consejo de la CNDH, se entregó a diversas personalidades para recibir sus observaciones y volver a ponderarlo, y redactar el proyecto que se pondría a consideración del órgano colegiado de la CNDH.

Fue precisamente en ese lapso de tiempo que alguien, probablemente uno de los consultados, "filtró" el borrador a la revista ''Proceso''.

Comenzamos a recibir las observaciones solicitadas y se estaba a la espera de la totalidad o de la mayoría de ellas, para comenzar la redacción del mencionado proyecto. El 3 de enero de 1993 salí de la CNDH.

Debo aclarar que los informes especiales de la CNDH durante los dos y medio años que tuve el honor de presidirla, NUNCA se dieron a conocer a la opinión pública hasta que se hubieran discutido y, en su caso, aprobado por el Consejo de la CNDH, el que estaba integrado por diez personalidades; Consejo que fue muy importante durante esos dos y medio años. Por cierto que una de esas personalidades fue Carlos Payán, entonces Director General de "La Jornada".

Al salir de la CNDH el 3 de enero de 1993, absolutamente toda la documentación permaneció en esa Comisión Nacional; por ningún motivo se sustrajo documento alguno. Te preciso que en mi archivo personal tengo una copia del mencionado borrador, mismo que consta de 144 páginas.

En los informes semestrales que rendí públicamente del desempeño de la CNDH en esos años, aparecen los resultados obtenidos en el programa de presuntos desaparecidos: en poco más de dos años se resolvieron 62 casos, se encontraron con vida a varios, de otros existió certeza de su muerte y en los que se podía presumir la existencia de delitos, se expidieron Recomendaciones públicas. De cada caso, además de los informes semestrales, se expidió un boletín de prensa, por lo que fácil resulta verificar mis afirmaciones. En esos años, el periódico que mejor difundió esos boletines fue "La Jornada", por lo que sólo es necesario revisar su hemeroteca.

Te envío mis mejores saludos.

Ť Denuncia de ex integrante de la Liga 23 de Septiembre

La CNDH habría ocultado información desde julio de 91

Ť Nada se sabe de la declaración del jefe del Grupo Jaguar, quien participó en secuestros y desapariciones

JESUS ARANDA

El ocultamiento de información por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre la llamada guerra sucia data de julio de 1991, cuando el mayor del Ejército Sergio Villanueva, comandante del Grupo Jaguar ?que participó en el secuestro y desaparición de al menos 15 personas?, rindió su declaración ante la CNDH, que encabezaba Jorge Carpizo. Ahí, el militar reconoció haber participado en los hechos.

Lo anterior forma parte de la denuncia penal interpuesta el pasado 24 de junio por Víctor David Cilia Olmos en contra de Carpizo McGregor ?además de otros personajes e instituciones?, en la que se le acusa de ser responsable de encubrimiento de crímenes de lesa humanidad, tipificados como desaparición forzada de personas. Asimismo se señala que, siendo presidente de la CNDH en 1991, Jorge Carpizo contrató a Carlos Fabián Reyes Domínguez, el Comandante Pato de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS), para que participara en las indagatorias que hizo la comisión sobre desapariciones forzadas.

Cilia Olmos, ex integrante de la Liga Comunista 23 de Septiembre, refiere en su acusación ?documento en poder de La Jornada? que entre septiembre de 1990 y el 28 de enero de 1991, entregó información a la CNDH sobre la desaparición de 15 ciudadanos mexicanos secuestrados y desaparecidos a principios de los años 80, en la que constaban nombres, apellidos y cargos de funcionarios gubernamentales involucrados en los hechos.

En la denuncia, que ya fue remitida al procurador general de la República, y que señala además de Carpizo a Carlos Fabián Reyes Domínguez o Fabián Carlos Reyes Domínguez, mayor Sergio Villanueva, comandante Dámaso Tostado, Miguel Nazar Haro, integrantes de la Dirección Federal de Seguridad, Grupo Jaguar, Ejército y Fuerza Aérea, se indica que con motivo de la querella fue visitado en prisión por Ignacio Cabrera, entonces coordinador del Programa de Presuntos Desaparecidos de la CNDH, así como por Francisco Sainz Hernández, Carlos de la Concha, Leonard Tamés y Carlos Reyes Domínguez, ''como miembros de esa comisión gubernamental.''

Entre el 20 de febrero y marzo de 1991, estas personas visitaron a Cilia en el Reclusorio Preventivo Norte, donde les entregó ''datos relevantes para identificar a los participantes en el secuestro y desaparición de Jesús Manuel Arana Murillo, Miguel Angel Barraza García, Mauricio Miranda Gastélum, Rafael Ochoa Quintana, Román Barrón Gurrola, Eduardo Echeverría Valdés, Gonzalo Esquer Corral, Juan Mendivil, Armida Miranda y Teresa Gutiérrez Hernández, la mayoría de ellos ex integrantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre.

Sin embargo, refiere Cilia, el Programa de Presuntos Desaparecidos ''no sólo no contestó a mi escrito y denuncia, sino que ha mantenido oculta la declaración del mayor Sergio Villanueva, quien sí reconoció haber participado en el secuestro-detención que derivó en la desaparición de Jesús Abel Uriarte Borboa y Eduardo Echeverría Valdés.

Acusa también que la CNDH ''ha mantenido oculta'' la indagación que se hizo sobre el comandante Dámaso Tostado y todos los demás datos relevantes que le entregó ''de buena fe para indagar el paradero de mis compañeros desaparecidos, sin darme en absoluto ninguna respuesta ni informar a los familiares, quienes lejos de recibir apoyo de la CNDH fueron interrogados de manera policiaca, tratando de hacerlos testigos o responsables de los datos que yo les había proporcionado.''

Refiere que posteriormente se enteró que quien dijo llamarse Fabián Reyes Domínguez, que destacaba por ''dirigir'' las entrevistas que se le hacían, ''era un comandante de la DFS, apodado Comandante Pato'', quien había participado en numerosos actos de secuestro, tortura y desaparición de personas.

Incluso, Reyes Domínguez fue identificado posteriormente como uno de los participantes en el secuestro de tres familiares de Teresa Gutiérrez Hernández (su padre y sus hermanas), en 1981, y en el secuestro y desaparición de la misma Teresa.

Así las cosas, Cilia pretende fincar responsabilidad penal no sólo a los responsables de las desapariciones, sino también a quienes se encargaron de hacer las indagatorias. Concretamente, en el caso de Jorge Carpizo demanda que sea citado a declarar para que explique las razones por las que contrató ''como derechohumanista a un cruel y despiadado represor.''

Señala la denuncia que la guerra sucia que desató el gobierno mexicano se destaca por la ''desaparición forzada de personas, crimen artero que no admite prescripción, ni la amnistía ni el perdón para sus autores materiales e intelectuales'', porque con la aplicación de la ''Doctrina de Seguridad Nacional'' se crearon aparatos clandestinos de espionaje, se instalaron cárceles clandestinas, se armaron cuerpos irregulares con permiso para hacer ''lo que su bestialidad les aconsejara'', ejecutaron extrajudicialmente a seres humanos y mantienen a algunos de ellos en detención-desaparición''.

Son criminales de lesa humanidad y así deben ser tratados, concluye la denuncia.

Ť ''Omitió difundir datos sobre el paradero de estudiantes''

Carpizo, responsable de encubrir crímenes de lesa humanidad: Cilia

El ex presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Jorge Carpizo ''es responsable de encubrimiento de crímenes de lesa humanidad'', denuncia David Cilia Olmos en una demanda interpuesta ante la Procuraduría General de la República, el pasado 24 de julio. Sostiene en la misma que el ex procurador y ex secretario de Gobernación ''mantuvo oculta'' desde julio de 1991 ''la declaración del mayor Sergio Villanueva, comandante del Grupo Jaguar, quien el 9 de noviembre de 1980 dirigió al menos la detención y secuestro de dos jóvenes'' relacionados con la Liga Comunista 23 de Septiembre. Supuestamente, el mayor Villanueva aceptó los hechos en la declaración rendida ante la CNDH.

A continuación, el texto íntegro de la carta de Cilia Olmos:
 

Mucho agradeceré publique la siguiente precisión:

No desde 1992, sino desde julio de 1991, la CNDH oculta información relevante para la identificación del paradero de desaparecidos políticos durante la llamada guerra sucia, como hago constar en la denuncia penal contra Jorge Carpizo McGregor y otros (que le anexo), presentada por un servidor ante la PGR el pasado 24 de junio.

En esta denuncia se precisa que la CNDH tenía información relevante para establecer el paradero de los jóvenes estudiantes Jesús Abel Uriarte Borboa y Eduardo Echeverría Valdés; la CNDH mantiene oculta desde junio-julio de 1991 la declaración del mayor Sergio Villanueva, comandante del Grupo Jaguar, quien el 9 de noviembre dirigió el operativo de detención de los dos jóvenes, realizado en el número 232 de la calle Marina Nacional, en el fraccionamiento Villa de las Flores, estado de México. En esta declaración, el mayor Sergio Villanueva reconoce haber participado en dicho evento.

La declaración del mayor Sergio Villanueva es relevante para esclarecer el paradero de 15 desaparecidos en ese periodo.

Al ordenar ocultar esta información, Jorge Carpizo es responsable de encubrimiento de crímenes de lesa humanidad, tipificados en nuestro país como delito de desaparición forzada de personas.

Atentamente

David Cilia Olmos

Ť Fue rendido en 1979 por el procurador Flores Sánchez

En 1992, la CNDH rechazó informe de la PGR sobre la guerra sucia

Ť Contiene mentiras; habla de muertos sin dar pruebas, dijo

VICTOR BALLINAS

En 1979, el entonces procurador general de la República, Oscar Flores Sánchez, rindió el único informe que el gobierno ha dado sobre los años de la guerra sucia. Sobre ese informe, la Comisión Nacional de Derechos Humanos concluyó en 1992 que contiene ''mentiras e imprecisiones, además de que asegura que hubo muertos entre soldados y guerrilleros, sin dar pruebas de dónde fueron enterrados sus cuerpos''.

Incluso, en el Informe de la investigación sobre presuntos desaparecidos en el estado de Guerrero, del que La Jornada tiene una copia, hay por lo menos nueve casos de "desapariciones forzadas", a quienes Flores Sánchez dio por muertos, y resulta que estaban vivos en esos años.

En el informe de la CNDH de 1992, sobre la guerra sucia en Guerrero, se señala que entre los diversos obstáculos que encontraron los investigadores de la CNDH y la PGR para verificar los datos, testimonios y conocer lo que realmente ocurrió en los enfrentamientos entre la guerrilla y las fuerzas de seguridad, fue precisamente la actitud del Ejército y de los diferentes cuerpos policiacos participantes en los hechos, pues ''no hubo declaraciones oficiales que permitieran verificar lo sucedido, menos aún las bajas reales de la fuerza pública y sus nombres, mucho menos la identificación de los muertos del otro bando".

Incluso, en los resultados de esa investigación se subraya que ''varias dependencias públicas no aceptaron dar explicaciones y proporcionaron sólo informes incompletos, contradictorios o datos generales que de poco han servido para la identificación de los desaparecidos".

Otra circunstancia que imposibilitó poder identificar a los muertos, indica el informe, es que ''podemos afirmar que hubo excesos por parte de cuerpos pertenecientes a diversas corporaciones policiacas, como detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales, y los cadáveres eran desaparecidos a través de la incineración, arrojándolos de aviones o helicópteros al mar".

Una muestra de las mentiras del informe oficial son las siguientes:

''El 25 de junio de 1972, un grupo de diez elementos, encabezados por Lucio Cabañas y Enrique atacaron a una partida militar en el paraje denominado Arroyo de las Piñas, en las cercanías de San Andrés, resultando diez muertos y dos heridos (información contenida en casetes que Luis Suárez entregó a la CNDH, y que reconoce que el ex presidente Luis Echeverría Alvarez se la proporcionó para elaborar el libro que tituló Lucio Cabañas, el guerrillero sin esperanza).

La Secretaría de la Defensa informó: ''Un grupo de maleantes en la región de la Costa Grande disparó contra el chofer de un vehículo militar que transportaba medicina y víveres a San Vicente de Benítez, lo que ocasionó que el transporte se precipitara a la barranca, falleciendo un oficial y dos soldados. Asimismo hubo dos soldados graves", se asienta en el informe elaborado por la CNDH desde 1992.

El informe de la PGR de 1979 señala que ''se identificó a Isaías Castro Vázquez como muerto en un enfrentamiento efectuado el 27 de agosto de 1972. Cabe señalar -precisa el documento- que ninguna otra fuente menciona ese enfrentamiento. ''Rosa Castro Velázquez ha declarado que su hermano Isaías Castro Velázquez fue detenido el 27 de agosto de 1972 en San Vicente de Benítez; al ir a visitar a un familiar lo aprehendieron elementos del Ejército. Testimonio de Rosa Castro ante la CNDH y el Ministerio Público Federal en San Vicente de Beníez, Atoyac, Gro".

El entonces procurador general de la República, Oscar Flores Sánchez, en el único informe oficial sobre los desaparecidos de la guerra sucia en Guerrero señala que ''Abundio y Santiago Onofre murieron el primero de septiembre de 1972 al atacar a las fuerzas públicas cerca de Atoyac de Alvarez. Los investigadores de la CNDH localizaron a María Campos Iturio Viuda de Onofre, madre de Juan Santiago y Abundio, quienes fueron detenidos por la fuerza pública en 1974, y que estuvieron desaparecidos hasta 1976. Abundio regresó por sus propio medios a su domicilio en Atoyac, dijo a su madre que durante el tiempo que estuvo desaparecido recibió un tiro en el rostro, que fue atendido por las fuerzas públicas, y una vez que sanó su herida fue puesto en libertad, desde entonces vive en Atoyac, y lleva una vida normal. Algo parecido le sucedió a Santiago Onofre Campos u Ocampo, quien fue detenido por la fuerza pública dos años y medio y después fue puesto en libertad en 1977. Desde entonces lleva una vida normal. Sobre Juan Onofre Campos u Ocampo, su madre dijo que lo volvió a ver a los tres meses después de su desaparición detenido en una escuela del poblado San Juan de las Flores, desde esa vez no ha tenido noticias de su paradero", se apunta en los resultados de la investigación de la CNDH.

Otros testimonios rendidos ante el Ministerio Público Federal y los investigadores de la CNDH: Maximiliano Nava Martínez ha declarado: ''Por el mes de agosto de 1974, vinieron los soldados acá al Porvenir, y me aprehendieron a mí y nos llevaron al cuartel de San Vicente, donde estuvimos una noche y un día, y luego de ahí nos trasladaron al cuartel de Atoyac, en donde estuvimos hasta septiembre detenidos. Ahí estaban también presos Austrebertro García Pintor, alias Miguel, y Pablo Loza Patiño, quienes permanecieron detenidos día y medio con nosotros. En la noche los sacaron, y los soldados comentaron que los tiburones se iban a dar un buen banquete con ellos. Después nada se supo de ellos".

En el informe de la CNDH de 1992 se destaca que "investigadores de ese organismo se entrevistaron con el director del Centro Regional de Readaptación Social quien emitió una constancia escrita a los investigadores de la CNDH, que señala que en los archivos de dicho centro sólo se encontró un oficio firmado por el agente del Ministerio Público Federal de fecha 5 de septiembre de 1972, mediante el cual se solicitaba al director municipal de cárceles que dejara internado en ese reclusorio a Pablo Loza Patiño. No se pudo tener evidencia de cuánto tiempo estuvo detenido Pablo Loza Patiño, ni de cuál fue el proceso penal por el que fue acusado. Tampoco se supo cuándo salió del penal''.

La investigación de dicho órgano, que se elaboró entre 1990-1992, y de la que La Jornada tiene copia -proporcionada por la Fundación 23 de Septiembre-, y que consta de 198 páginas, resalta que como ejemplos representativos de la diversidad de opiniones y la insuficiencia de información, se tuvo problemas para el esclarecimiento de los hechos en los enfrentamientos armados más significativos:

''El del 24 o 25 de junio de 1972, en San Andrés de la Cruz, en Atoyac de Alvarez; el del 23 de agosto de 1972 en los Llanos de Santiago, cerca del poblado Los Tirincheros, a los márgenes del arroyo de Ixtla; el del 23 de agosto de 1973 en Zacoalpan, municipio de Atoyac de Alvarez, y el del 20 de noviembre de 1973, del cual no se logró saber el lugar donde ocurrió.''

Arturo Gallegos, ex militante de las FAR y uno de los participantes en la investigación de la CNDH de 1992, y quien rindió ante el Ministerio Público denuncia por la desaparición de tres de sus familiares para la investigación, cuestiona:

''Participamos de buena fe en la investigación, nos interesa como en ese entonces nos interesaba saber la verdad, qué pasó con nuestros familiares desaparecidos, para eso se investigó. Sólo quiero preguntarle a la CNDH si va a llegar al fondo, o se va a perder nuevamente el documento. Ahí está una investigación, que nos digan si van a ir al fondo o no. Que nos digan si le van a entrar a las responsabilidades de los que decidieron las muertes. No queremos indemnización. šQueremos la verdad!''

MUCHOS CONOCIERON EL INFORME

El informe de la investigación sobre presuntos desaparecidos en el estado de Guerrero, elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) entre 1990 y 1992, lo conocieron, además del doctor Jorge Carpizo McGregor, los ombudsman Jorge Madrazo Cuéllar y Mireille Roccatti.

Y actualmente, refieren Jaime Laguna, Arturo Gallegos y otros ex militantes de organizaciones guerrilleras del pasado, Alfonso Quiroz, del Programa de Presuntos Desaparecidos, tiene una copia en sus oficinas, en las instalaciones de la misma CNDH. "Ahí la hemos platicado y revisado".

Son muchas las personas que sabían de la existencia de esa investigación, aseveran los ex guerrileros; incluso, lo conversamos con la propia Mireille Roccatti, quien realizó varios foros sobre los movimientos armados, y "nos dijo respecto a la investigación, déjenme hacerle algunas correcciones y la hacemos pública".

-ƑY qué ocurrió?

-Se acabó su ejercicio.

-ƑCon el ombudsman Jorge Madrazo trataron el tema?

-Claro, nos reuníamos con él en la salita de su oficina. Ahí nos recibía y conversábamos de los resultados de ese informe.

-Actualmente, Ƒcon quién lo ven?

-Con Quiroz y con Espeitia.

CIFRAS SOBRE DESAPARICIONES

El segundo visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, aseguró en conferencia de prensa, a finales de junio de este año, que de los 586 casos de presuntos desaparecidos que este organismo ha esclarecido, 273 fueron localizados con vida y "sin ninguna evidencia de que alguna autoridad hubiera participado en su desaparición". Otros 114 se encontraron sin vida, también sin huellas de que alguna autoridad hubiera participado en su deceso, y no corresponden al periodo de la guerrilla.

Plascencia Villanueva es el visitador que tiene a su cargo la dirección del Programa de Presuntos Desaparecidos. Los funcionarios de esa área dependen de él. En la conferencia de prensa resaltó que se han esclarecido 586 casos, pero "no son de las décadas de los 70 y 80. Son, más bien, de otros casos. Los hay desde desaparecidos por cuestiones de narcotráfico, con detenciones arbitrarias; incluso, entre los casos resueltos, se encuentran desistimientos. Es decir, los familiares del desaparecido ya no quieren que se siga el proceso".

En total, precisó Plascencia Villanueva, hay 642 casos de personas desaparecidas, 482 corresponden a los casos de la década de los 70 y 80 en el país. Hay otros 160 casos que corresponden a los 90 y otros 56 casos de personas no localizables.

Ť Medina Mora

En el Cisen existen 80 millones de fichas sobre guerrilleros

Eduardo Medina Mora, director del Centro de Información y Seguridad Nacional (Cisen), participó como invitado en el programa Zona Abierta, conducido por Héctor Aguilar Camín y trasmitido por Televisa. El funcionario trató ahí el tema de la guerra sucia en México. A continuación, se transcribe un estracto de esa opinión:

''Entre los archivos que custodia el Cisen, sobre todo los de la Dirección Federal de Seguridad, desde luego hay información útil y valiosa que se relacionan con el movimiento que reprimió a la guerrilla urbana en los años 70, con los movimientos que reprimieron también a guerrillas rurales o semiurbanas en esas mismas épocas.

''Esta era una tarea encomendada a la Dirección Federal de Seguridad junto con otras instancias públicas y, desde luego, los reportes que hacían los agentes de la DFS están ahí, los archivos están íntegros. Tenemos alrededor de 80 millones de fichas; son tarjetitas de tres por cinco pulgadas escritas a maquina mecánica, a veces con tinta roja, a veces con negra; se acuerdan que las máquinas tenían esta... Lo que hace muy difícil su digitalización y su procesamiento; hemos iniciado este trabajo pero vamos, desde luego, alrededor de 3 o 4 o 5 por ciento de esta digitalización que resulta muy compleja. Y esto refiere a una serie de expedientes que tienen información puntual''.