Ana de Ita

¿Morir por el campo?

Las señales a los maiceros de Sinaloa -primeros que entran a la comercialización de sus cosechas- presagian tormenta para el grueso de los productores de granos nacionales y para los maiceros de temporal que vivirán un escenario igual o peor a partir de octubre.

En el año octavo del TLCAN y primero del nuevo gobierno, los intereses de los maiceros -cerca de 3.2 millones de campesinos, en su mayoría con parcelas menores a cinco hectáreas- enfrentan intereses de agroindustriales y ganaderos, muchos de ellos trasnacionales.

La comercialización del maíz en el libre mercado es cada vez más difícil. Con TLCAN pero sin Conasupo, precio de garantía ni permiso previo de importación, el gobierno sólo cuenta con los aranceles para las importaciones que rebasen la cuota como protección a la producción nacional frente a las importaciones. Los aranceles no son graciosa concesión del gobierno a los productores mexicanos, sino único instrumento de protección a la producción nacional de maíz y un punto clave de la política agrícola.

Sin embargo, este instrumento quedó en manos del Ejecutivo y sus decisiones discrecionales, y desde el gobierno de Zedillo, durante cinco de los siete años de operación del TLCAN se permitió la importación sin arancel de más del doble de la cuota exigida, pese a los altos niveles de producción nacional -más de 18 millones de toneladas.

Los casi 130 importadores de maíz que registra el Banco de México, entre ellos las trasnacionales Cargill, Arancia-Corn Products, Agribrands-Purina, Pilgrims Pride, Bachoco, Alpura, Sabritas, Continental, Aranal, Maizoro, Minsa y Maseca, pavimentaron el camino de un jugoso negocio financiero y comercial cuyo sustento son los planes de financiamiento blando que ofrece el gobierno de Estados Unidos para impulsar sus exportaciones agrícolas y la obtención de cupos de importación sin arancel por parte del gobierno mexicano. Mediante las importaciones de maíz obtienen financiamiento blando a la par que presionan el precio de la cosecha nacional a la baja.

Después de varios años de lucha contra el dumping del propio gobierno mexicano, los maiceros lograron para este año que el Poder Legislativo, a través de la Ley de Ingresos de la Federación, obligara al Ejecutivo a tasar con aranceles las importaciones de productos fuera de cuota, previa consulta con los sectores afectados.

Pero las decisiones sobre aranceles las toma el Comité de Cupos de Importación de Maíz, instancia formada por las secretarías de Economía y de Agricultura y Aserca, además de los principales consumidores de maíz y beneficiarios de las importaciones agrupados en la Cámara Nacional del Maíz Industrializado, el Consejo Coordinador de la Industria de Alimentos para Animales, Almidones Mexicanos, Arancia-Corn Products, Industrializadora de Maíz, Aranal Comercial, Grupo Industrial Maseca, Unión Nacional de Avicultores, Confederación Nacional Ganadera, Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado, Canacintra y Concamin, además de la representación de productores del Consejo Nacional Agropecuario, CAADES, CNC y ANEC.

Este comité actúa sin representatividad ni legitimidad y carece de mecanismos transparentes para la toma de decisiones y de criterios de elegibilidad; las asignaciones directas de los cupos son confidenciales.

En plena cosecha de maíz en Sinaloa y de movilización de productores por las dificultades de comercialización e incumplimiento del compromiso de precio pactado con el gobierno federal, la industria y los ganaderos en el Comité de Cupos exigían -por supuesto, sin consenso de las organizaciones campesinas- ampliar en 3.2 millones de toneladas los cupos de importación sin arancel, dado que durante el primer semestre habían agotado el exigido para este año por el TLCAN (3 millones 75 toneladas).

Para beneficiar nuevamente a los importadores, el gobierno federal optó por burlar al Legislativo, el acuerdo de la Ley de Ingresos y tasar un arancel simbólico de 1 y 3 por ciento para el maíz amarillo y blanco, respectivamente, en lugar del arancel de 127 por ciento permitido por el TLCAN.

Los compradores de la cosecha de maíz, que son los mismos importadores y quienes definen los cupos, se negaron a pagar al productor los mil 250 pesos acordados y decidieron reducirlos a mil 100 pesos por tonelada sin fecha fija, aduciendo falta de liquidez.

Aunque las organizaciones campesinas lograron impedir la importación de maíz mientras la cosecha de Sinaloa no encontrara salida, las importaciones posteriores podrán acogerse al pago del irrisorio arancel sin ningún otro límite.

El gobierno federal se queja de los costos que la producción de maíz blanco de Sinaloa implica para el erario -cerca de mil 610 millones de pesos- pero decide regalar el arancel a los importadores. Los subsidios federales a la comercialización de maíz de Sinaloa son de 700 pesos por tonelada -450 al productor y 250 a las comercializadoras-; el cobro del arancel arrojaría un monto de por lo menos mil pesos por tonelada.

Las demandas y movilizaciones de campesinos y productores de granos del país son justas. El gobierno de empresarios y para empresarios demuestra su apuesta por convertir el campo en un paraíso para las trasnacionales.

Muchos consumidores no estamos dispuestos a subsidiar con recursos públicos las ganancias privadas de las trasnacionales, y preferimos apostar a la soberanía alimentaria con producción campesina.