viernes Ť 3 Ť agosto Ť 2001
Alejandro Anaya Muñoz
"Usos y costumbres" en San Juan Maninaltepec
La comunidad indígena zapoteca de San Juan Maninaltepec (también conocida como La Ermita), municipio de Choapam, Oaxaca, ha sido escenario desde hace varios años de una disputa por el poder local, protagonizada por los comuneros y una poderosa familia de "pequeños propietarios". Dicho proceso de recomposición de la estructura de poder local ha girado en torno al control de las principales fuentes generadoras de poder económico y político en Maninaltepec: la tierra y la agencia de policía.
La añeja disputa por la tierra se agudizó hace un par de años, cuando el grupo caciquil comenzó a cercar los terrenos que ambas partes reclaman como propios. Al poco tiempo, el conflicto adquirió mayores dimensiones cuando a la lucha por la tierra se sumó la del control de la agencia de policía; en octubre de 2000 los comuneros eligieron a sus autoridades mediante el mecanismo de "usos y costumbres", nombramiento que a la fecha no ha sido validado por las autoridades municipales de Choapam, ligadas al grupo caciquil de Maninaltepec por vínculos familiares y comerciales.
La posición de las autoridades municipales ha sido avalada por la autoridad estatal, la cual ha argumentado que no todos los miembros de la comunidad participaron en la asamblea de nombramiento de autoridades, por lo cual se insiste en la realización de una nueva asamblea. Sin embargo, también insisten en que se acepte la participación de ciertas personas (ligadas a la familia caciquil y no residentes en la comunidad) en la nueva asamblea, y en la inclusión de cierto personaje (también ligado a dicha familia) dentro del cabildo comunal.
El conflicto en Maninaltepec no gira en torno a los mecanismos o procedimientos políticos mediante los cuales se ha de encauzar la lucha por el control de la autoridad de la comunidad, sino que gravita, más bien, alrededor de los resultados del proceso de toma de decisiones. Los caciques locales y sus aliados en los niveles superiores de gobierno no han cuestionado el hecho en sí de que la elección de las autoridades comunales haya sido mediante el sistema de usos y costumbres. Ciertamente, las autoridades estatales no podrían hacerlo sin mostrarse descaradamente incongruentes con el discurso a favor de la autonomía indígena que caracteriza a la presente administración estatal. En este sentido, como se ha dicho, las autoridades municipales y estatales involucradas han argumentado que no aceptan los nombramientos ya hechos por la comunidad en asamblea, porque ciertos sectores no estuvieron presentes, e insisten en la celebración de otra asamblea de nombramiento.
Los intereses del grupo caciquil y sus aliados en el gobierno municipal se han visto afectados porque las nominaciones de octubre de 2000 no les garantizan el control del centro de poder político-institucional de Maninaltepec: la agencia de policía, cuyo control, dicho sea de paso, es de gran importancia en el contexto del conflicto de lucha por la tierra. En este sentido, lo que el grupo caciquil y las autoridades municipales y estatales han intentado para revertir este resultado adverso no es el cuestionamiento de los usos y costumbres en sí, sino controlar el resultado del proceso de toma de decisiones mediante el sistema de usos y costumbres.
Los sistemas caciquiles de poder se basan en el control o manipulación de los procesos e instituciones formales de toma de decisiones. En los municipios o comunidades no indígenas intentan controlar los resultados de las elecciones mediante el sistema de la democracia liberal occidental; en los municipios indígenas intentarán manipular los sistemas electorales basados en la costumbre. En Maninaltepec el objetivo ha sido controlar los resultados del proceso político, no cuestionar los procedimientos electorales de la comunidad en sí. Este es el punto en el cual quiero poner mayor énfasis.
Uno de los argumentos centrales de los detractores de la autonomía indígena, o una de las preocupaciones principales de los "escépticos honestos" son las alegadas tendencias no democráticas de las prácticas políticas indígenas. Se ha argumentado que el reconocimiento de los usos y costumbres apuntalaría la existencia de sistemas caciquiles de poder a nivel local. Sin embargo, éstos ya existen e intentarán seguir existiendo dentro de cualquier tipo de marco institucional, sea de corte liberal-occidental o comunitario-indígena. En este sentido, no se trataría tanto de determinar cuál sistema es por naturaleza más o menos democrático, sino de generar y fortalecer procesos de consolidación de las instituciones del Estado en los niveles de gobierno, de manera que los mecanismos y procedimientos de toma de decisiones colectivas formalmente aceptados por nuestra sociedad sean respetados y no manipulados o ignorados por individuos o grupos poderosos. El objetivo, pues, sería evitar que comunidades como Maninaltepec tengan que recurrir a la resistencia y la movilización, que distraigan tantos recursos y energía para lograr que sus autoridades, legítimamente electas, sean reconocidas por las autoridades municipales y estatales, simplemente porque dicha elección no favorece los intereses caciquiles locales y regionales.
El objetivo debería ser tener instituciones, sean de corte occidental o indígena, sobre las cuales no estén caciques ni presidentes municipales ni delegados de distrito ni subsecretarios ni ningún otro tipo de funcionario público.