VIERNES Ť 3 Ť AGOSTO Ť 2001
Ť La compañía informó que contrademandará a Banco del Bajío
Dictan auto de formal prisión a Xavier Autrey y Jorge Ancira, del Grupo Acerero del Norte
Ť La institución financiera reclama al consorcio el pago de 11 millones de dólares
DAVID CARRIZALES CORRESPONSAL
Monterrey, NL, 2 de agosto. El juez primero de distrito de esta ciudad, Federico Jorge Martínez Franco, dictó auto de formal prisión contra los empresarios Xavier Autrey Maza y Jorge Ancira Elizondo, presidente y director de Finanzas del Grupo Acerero del Norte (GAN).
Martínez Franco estimó que hay elementos suficientes para presumir la responsabilidad de ambos en un presunto fraude cometido contra el Banco del Bajío, al falsificar información para obtener un crédito por 11 millones de dólares, siendo que los activos de la empresa Agronitrogenados, que se pusieron como garantía, ya estaban embargados.
Alfonso Verde Cuenca, abogado de los empresarios, recibió la notificación pero declinó hacer declaraciones hasta no hablar con sus clientes, quienes están amparados contra la orden de aprehensión que les giró previamente un tribunal unitario del cuarto circuito y cuentan con un plazo de 36 horas para presentar el recurso de apelación.
Ante la determinación de un juez de Monterrey de abrir un proceso en contra de Javier Autrey Maza y Jorge Ancira Elizondo, directivos de Grupo Acerero del Norte (GAN), por un adeudo de alrededor de 11 millones de dólares, este consorcio se inconformó y presentará una contrademanda a Banco del Bajío.
El Banco del Bajío reclama el pago de este monto, ya que consideró que fueron falseados los datos presentados para obtener dicho préstamo.
Los abogados de GAN determinaron utilizar de inmediato los recursos judiciales procedentes ante la decisión de abrir proceso por un crédito de la empresa Agrointegrados, empresa filial de GAN dedicada a la producción de químicos fertilizantes, al insistir en que las pruebas y criterios técnicos aportados al tribunal fueron más que suficientes para establecer la inexistencia de bases legales para ese juicio.
Fernando Gómez Mont, representante jurídico de GAN, precisó que no existe ningún fallo condenatorio, sino simplemente una decisión del juez de abrir proceso para que las partes presenten con mayor amplitud sus posiciones y tomar luego una decisión.
A través de un comunicado emitido desde Monclova, Coahuila, reiteró que la controversia es un asunto mercantil, que fue llevado a la justicia penal mediante una argucia y presiones.
"Juristas y expertos en materia contable han precisado en forma abrumadora que no existió dolo y se cumplieron todos los requisitos en la tramitación del crédito en cuestión, y lo volverán a probar en cualquier otro tribunal", expresó.
Dijo además que la decisión de abrir el proceso era esperable, "ya que difícilmente un juez inferior va a contradecir a su superior" y estableció que trabajan para presentar una contrademanda al Banco" del Bajío.