VIERNES Ť 3 Ť AGOSTO Ť 2001 '
Ť Luchamos contra los 3 poderes de la Unión: ejidatarios
Valida juez decreto foxista en favor de la empresa Tv Azteca
Ť Sobreseyó uno de los dos juicios de amparo interpuestos
BERTHA TERESA RAMIREZ
La juez quinta de distrito en materia administrativa, Clementina Flores Suárez, determinó sobreseer el juicio de amparo 182/2001 que interpuso Humberto Mondragón, quien se ostenta como presidente del comisariado ejidal de Cuautepec, y validó el decreto mediante el cual se expropian a esa comunidad mil 800 metros cuadrados del cerro del Chiquihuite a favor de Tv Azteca.
Por su parte, en medio de expresiones de impotencia los ejidatarios inconformes recibieron en su comunidad la noticia sobre la resolución de la juez Flores Suárez. "Nos damos cuenta de que estamos luchando contra los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial", señalaron.
Veinte días después de que se publicó el decreto presidencial, Mondragón interpuso una solicitud de amparo a pesar de que una parte de la comunidad ejidal no lo reconoce como su representante legal; no obstante, el líder ejidal se desistió del juicio de garantías luego de que Tv Azteca les ofreciera 2 millones de pesos como indemnización.
De acuerdo con el decreto expropiatorio del 7 de marzo, la televisora del Ajusco estaba obligada a pagar 268 mil pesos por los mil 800 metros cuadrados expropiados, pero en opinión de los ejidatarios dicha cantidad no representaba el costo real de la tierra y este fue uno de los motivos que llevó a los afectados a solicitar la protección de la justicia.
El alegato de fondo se fundamenta en que la expropiación de los mil 800 metros cuadrados es improcedente porque el decreto expropiatorio no acredita la utilidad pública.
Es de mencionar que un grupo de 44 ejidatarios decidió interponer un segundo juicio de garantía ante el juez tercero de distrito en materia administrativa, el cual consta en el expediente 298/2001 de ese juzgado; en éste, además de impugnar el decreto por no justificar la utilidad pública, los ejidatarios desconocen la representación de Humberto Mondragón.
Cabe señalar que de acuerdo con el auto de fecha 30 de julio de este año, el juez tercero B de distrito en materia administrativa ordenó la reanudación del proceso del juicio de garantías que se sigue en ese juzgado, para el próximo 27 de agosto a las 9:45 horas.
De acuerdo con el auto, el juez tercero ordenó que se agregue al expediente 298/2001 la resolución de la juez Flores Suárez "para los efectos legales a que haya lugar", y hace constar que dejó sin efecto la audiencia que había ordenado se realizara el 17 de agosto para llevar a cabo la audiencia de alegatos sobre la acumulación de los expedientes 182/2001 y 298/2001, debido a que los promoventes del amparo 182 se desistieron del juicio de garantías.
Cabe destacar que la juez Flores Suárez asienta en su resolución que el desistimiento de Humberto Mondragón "no implica de ninguna manera el reconocimiento de la personalidad de los promoventes como legítimos representantes del ejido Cuautepec, toda vez que con independencia de la representación con que se ostentan al ser precisamente los promoventes del amparo, quienes con ese carácter comparecieron a ratificar su desistimiento, no queda a la suscrita sino acordarlo de conformidad, toda vez que el juicio de amparo sólo puede ser seguido a instancia de parte en términos del artículo cuarto de la Ley de Amparo, además de que en el caso de conflicto respecto de la representación de los ejidos y comunidades, como en el caso se advierte, corresponde a las autoridades agrarias el pronunciamiento respectivo".
Por su parte Gregorio Urbán, ejidatario del lugar, calificó de increíble la resolución que valida el decreto foxista a favor de Tv Azteca.
El abogado Rafael Carrillo señaló que la resolución no se apegó a derecho ya que "la juez se contradice porque por una parte señala que no les da personalidad jurídica y por otra indica que como se presentaron a ratificar su desistimiento y representan al ejido, procede; entonces no entendemos qué criterio utilizó, lo que sí se deja de lado totalmente es que el decreto presidencial no acredita la utilidad pública y que la juez, como vio una papa caliente, emitió la resolución del 18 de julio".