VIERNES Ť 3 Ť AGOSTO Ť 2001 '
Ť Se busca ocultar irregularidades, señala diputado
Niega la SRA dar copia de expediente
GABRIELA ROMERO Y ELIA BALTAZAR
El diputado perredista Edgar Torres Baltazar informó que la Secretaría de la Reforma Agraria rechazó enviar a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) una copia del expediente que integró para fundamentar la expropiación de mil 862 metros cuadrados del ejido Cuautepec, ubicado en la delegación Gustavo A. Madero, en favor de Tv Azteca.
En opinión del legislador perredista, la decisión viene a confirmar las sospechas que se tenían en torno a "que el expediente no sólo está mal integrado, sino que hay irregularidades que se quiere ocultar".
En una cuartilla, el director general de asuntos jurídicos de la SRA, Juan Antonio Salinas Castañón, indica al vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Reservas Territoriales, Edgar Torres, "que se encuentra en imposibilidad de atender favorablemente su petición, en virtud de no acreditar encontrarse dentro de los supuestos que prevé el artículo 11, fracción X del reglamento interior, el cual a la letra dice:
"Tramitar y expedir copias certificadas de los documentos y constancias que obren en los archivos de la Secretaría, cuando deban ser exhibidas en procedimientos judiciales o contencioso administrativos, así como las solicitadas por las partes en el juicio de amparo o para cualquier proceso averiguación previa".
Salinas Castañón concluye: "lo anterior se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar".
El 25 de junio, el vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Establecimiento de Reservas Territoriales de la Asamblea Legislativa solicitó a la secretaria de la Reforma Agraria, María Teresa Herrera Tello, copia del expediente que integró esta dependencia para fundamentar la expropiación publicada en el Diario Oficial de la Federación del 7 de marzo del 2001.
El legislador local del PRD basó su petición en los artículos 6 constitucional, 42, fracción XXV de la Ley Orgánica y 136 del Reglamento para el Gobierno de la ALDF.
Torres Baltazar indicó que con base en la información proporcionada por los ejidatarios afectados, "se presume que se violentan los artículos 14, 16 y 27 de la Constitución".
Recordó que especialistas en la materia han aportado elementos suficientes para demostrar que la causa del decreto no tiene como horizonte la utilidad pública, porque ésta no puede tener como beneficiario a un particular.