VIERNES Ť 10 Ť AGOSTO Ť 2001

Ť Denuncian falta de voluntad para resolver actos de intolerancia en Ixmiquilpan

Evangélicos rompen pláticas con autoridades de los gobiernos federal y del estado de Hidalgo

Ť Fox no ha cumplido su promesa de garantizar el respeto a la libertad religiosa, dicen

JOSE ANTONIO ROMAN

Ante lo que llamó falta de voluntad política de los gobiernos federal y del estado de Hidalgo para resolver el conflicto de intolerancia religiosa en el municipio de Ixmiquilpan, el director de la Secretaría de Comunicación Social de Iglesias Cristianas Evangélicas (Secosice), Fernando Marcín, anunció el rompimiento de las pláticas con las autoridades gubernamentales y de los católicos, mientras no se respeten los derechos humanos de la comunidad evangélica.

El líder y representante evangélico señaló que el presidente Vicente Fox no ha cumplido su promesa, como muchas otras, de garantizar el respeto a la libertad religiosa, y dijo que la administración foxista se parece cada vez más a los gobiernos priístas que le antecedieron. ''Queremos el respeto a nuestra Constitución, hoy; queremos que terminen las amenazas de expulsión, hoy; queremos que sean devueltas las parcelas que les han quitado a los evangélicos, hoy; queremos que los servicios de agua potable sean restituidos, hoy'', dijo el pastor Marcín, al estilo de Fox.

Acompañado por una decena de líderes evangélicos a nivel nacional y representantes de las familias indígenas que enfrentan la amenaza de ser expulsadas, el dirigente responsabilizó directamente al gobernador hidalguense, Manuel Angel Núñez Soto, de la integridad física de las familias evangélicas que habitan en las poblaciones de San Nicolás Tolentino y López Rayón, en Ixmiquilpan. Llamó reiteradamente ''mentirosos'' al subsecretario y al director general de gobierno de Hidalgo, Juan Carlos Alba Calderón y Claudio Salvador Rodríguez, respectivamente, así como al director general de Asociaciones Religiosas de la Secretaría de Gobernación, Alvaro Castro, quienes en las negociaciones con la parte católica han pretendido engañar a la opinión pública informando que el conflicto está en vías de resolverse y que la población evangélica ya recibe los servicios públicos que arbitraria e injustamente les han suspendido desde el pasado 18 de marzo.

Bomba de tiempo

Ante el temor de que la población evangélica sea agredida, exigió la intervención directa del presidente Fox, pues aseguró que el subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de Gobernación, Javier Moctezuma Barragán, no ha respondido a la petición de medidas preventivas que salvaguarden la integridad física de los evangélicos, además de que han actuado de forma muy pasiva, casi de complicidad, ante este grave problema de persecución religiosa, la cual se ha convertido ya en una ''bomba de tiempo''.

Dijo que ante estas actitudes de los gobiernos federal y estatal, la representación evangélica decidió romper las pláticas ''infructuosas'' que se llevaban a cabo en el palacio de gobierno hidalguense, mientras no se vean hechos concretos de que los derechos de las familias de San Nicolás y López Rayón están garantizados.

''El pueblo cristiano evangélico está cansado ya de tantas promesas por parte de los gobiernos anteriores, y también del actual gobierno foxista. ƑEn dónde está el cambio que nos habían prometido?''. Y es que desde 1998, pero sobre todo en lo que va del presente año, a las familias evangélicas de los poblados de San Nicolás y López Rayón se les ha impedido, por pertenecer a una religión distinta a la católica, el uso del panteón, se les ha despojado de sus parcelas y, desde el 18 de marzo, se les ha cortado el suministro de agua potable, con el pretexto de la delegación municipal de adeudos por este servicio.

Hoy persiste sobre ellas la amenaza de ser expulsadas de sus comunidades, e incluso se había fijado el 17 de junio para realizar dicha acción, lo que se pospuso gracias a la denuncia y la intervención inicial de la Secretaría de Gobernación.

No obstante, la comunidades evangélicas de estas comunidades continúan sin los servicios públicos. A esta situación se ha añadido ahora la agresión y discriminación de estudiantes hijos de padres evangélicos en las escuelas de estas comunidades.

Durante la conferencia, Marcín señaló a Heriberto Lugo González, delegado municipal de San Nicolás Tolentino, como ''culpable directo'' del rompimiento de las tomas de agua y de las amenazas, pues ha azuzado con la complicidad de las autoridades locales a los pobladores para tomar ''por acuerdo de asamblea'' la decisión de expulsar a los evangélicos.