REPORTAJE
Ť Litigios de tierras, amenaza del narco y abandono de autoridades, sus padecimientos
En riesgo de desaparecer, ocho etnias nativas de Baja California
Ť INI y autoridades locales buscan medidas que garanticen la permanencia de esos grupos
JORGE ALBERTO CORNEJO CORRESPONSAL
Tijuana, BC., 9 de agosto. Divididos por conflictos de tierras, amenazados por el poderío del narcotráfico y abandonados por las autoridades, casi mil 500 indígenas nativos de Baja California -que aún viven en ocho comunidades ubicadas en los municipios de Mexicali, Tecate y Ensenada- están condenados a desaparecer.
Cada vez son menos, y en muchos casos han perdido sus tradiciones; sólo 10 por ciento de los habitantes de sus comunidades hablan y comprenden su lengua tradicional.
Aprender español se ha convertido para ellos en herramienta de subsistencia, según indica el Instituto Nacional Indigenista.
La
influencia de visitantes -en su mayoría turistas estadunidenses-
sobre sus pobladores, así como las precarias condiciones en las
que viven, han contribuido a modificar sus costumbres y hábitos
alimenticios, propiciando el surgimiento de enfermedades que antes no se
padecían, como la diabetes mellitus, que en algunas comunidades
afecta hasta a 50 por ciento de la población.
El Mayor, ubicada en el valle de Mexicali, es una de las comunidades indígenas más grandes de Baja California -cuenta con 300 miembros de la etnia cucapá-, y ahí sólo 16 personas hablan la lengua tradicional; el resto la desconoce y ha perdido el interés por aprenderla.
Los cucapás son una comunidad en peligro de extinción, y su ubicación geográfica coincide con la zona decretada por el gobierno federal mexicano como reserva de la biosfera; sin embargo, se les ha prohibido la pesca, única alternativa que tienen para su alimentación y para la obtención de algunos recursos económicos.
Por ello la delegación estatal del Instituto Nacional Indigenista y la Procuraduría de Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California estudian ese caso para encontrar medidas que permitan garantizar la permanencia de la comunidad, pues sus jóvenes emigran a Baja California con el fin de buscar oportunidades de empleo.
En San Isidoro y Santa Catarina -comunidades ubicadas al este del municipio de Ensenada- habitan los pai-pai, que son poco más de 200 y enfrentan grandes problemas económicos.
Probablemente los pai-pai son también la comunidad más afectada por la diabetes mellitus en la entidad.
En Santa Catarina hay 50 familias que sobreviven y experimentan una de las peores crisis de las que se tenga registro en más de 500 años de existencia de esa etnia nativa de Baja California.
Ubicados en una extensión territorial de 64 mil hectáreas de tierras improductivas para la agricultura, los miembros de la etnia pai pai prácticamente carecen de alternativas para su desarrollo.
Desde hace seis años los pai pai demandan del gobierno federal permiso para explotar la biznaga, especie de cacto endémica que tiene gran valor comercial en la industria de los dulces.
No obstante, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) rechazó esa petición hasta que no se realice un estudio para determinar la factibilidad del proyecto de explotación y se presente un programa para garantizar que la biznaga seguirá en los cerros de Baja California.
Los pai pai no saben ni a quién pedir que realice el estudio, y menos tienen para pagarlo.
Las condiciones de otras comunidades -como los cochimíes, kiliwas y kumiais- son similares, por ello el INI reconoce que las comunidades nativas de Baja California están en franco deterioro.
No hay, sin embargo, apoyos federales y estatales especiales para el rescate de esos grupos étnicos.
María Elena Rodarte, delegada en Baja California del INI, asegura que los recursos con los que se cuentan en la dependencia no alcanzan, lo cual busca transformarse de organismo normativo en coordinador, que lleve a las instancias encargadas las demandas de desarrollo social y salud de las comunidades.
Esta última parte es esencialmente necesaria, pues más de 60 por ciento de los niños que habitan en las comunidades indígenas nativas de Baja California padecen actualmente de enfermedades, y una de las principales causas de muerte son las infecciones gastrointestinales.
El narcotráfico
Ante la falta de programas efectivos de apoyo a las comunidades nativas de Baja California, éstas viven casi en el abandono, y ahora más que nunca se enfrentan a la posible desaparición con la llegada de narcotraficantes, quienes ofrecen trabajo a los jóvenes descargando avionetas llenas de droga, las cuales aterrizan en sus comunidades.
La Procuraduría General de la República (PGR), la segunda Zona Militar y el propio INI dan cuenta de ello en sus reportes, pues cada vez es más elevado el número de indígenas arrestados por tener vínculos con bandas organizadas de traficantes de estupefacientes.
El número de indígenas nativos que permanecen todavía en sus comunidades se ha reducido dramáticamente en los últimos años a consecuencia de la migración por la falta de empleo, arrestos, muertes por enfermedades curables y ejecuciones vinculadas al narcotráfico.
Tal es el caso de la etnia pai-pai, a la que pertenecían 20 personas asesinadas en septiembre de 1998 en el municipio de Ensenada, en lo que según las autoridades fue un ajuste de cuentas entre indígenas enrolados en actividades de narcotráfico.
Las comunidades de San Isidoro y Santa Catarina -en las que habitan 400 miembros de esa etnia- son las que enfrentan los mayores problemas económicos.
En Santa Catarina, de donde era originario el narcotraficante Fermín Castro, blanco de la masacre del 17 de septiembre de 1998 en el rancho El Rodeo, ubicado en El Sauzal de Rodríguez, sólo viven 50 familias.
Reportes
de inteligencia de la zona militar indican que narcotraficantes utilizan
desde 1995 tierras de comunidades indígenas nativas de Baja California,
con el fin de sembrar mariguana y construir pistas clandestinas para el
aterrizaje de avionetas cargadas con estupefacientes.
La sangre, sin embargo, ha corrido en más de una ocasión en las tierras de los indígenas bajacalifornianos.
El 26 de mayo de 1996 presuntos narcotraficantes asesinaron a Marcelino Murillo Alvarez, comisariado de San Isidoro, y a su ayudante Amado Díaz.
Entre 1996 y septiembre de 1999 narcotraficantes asesinaron por lo menos a 25 indígenas, entre hombres, mujeres y niños. por rencillas personales y porque en algunos casos se atrevieron a denunciarlos ante las autoridades.
Actualmente los indígenas reciben constantes amenazas de narcotraficantes.
Comunidades como Juntas de Nejí, en el municipio de Tecate, y San José de la Zorra, en Playas de Rosarito, son las más afectadas. Allí algunos miembros de esas comunidades rurales obtienen recursos económicos a cambio de su silencio.
En otros casos los indígenas reciben sólo amenazas. Vecinos de comunidades como San José de la Zorra aseguran que avionetas cargadas con latas sin etiqueta aterrizan en una pista clandestina ubicada cerca del poblado.
La pequeña comunidad -de 40 familias de la etnia kumiai- se aterroriza cuando camionetas que transportan hombres armados con ametralladoras llegan, descargan y después se van.
Temerosos, vecinos del lugar aseguran que algunos miembros de su comunidad reciben una "gratificación" de los narcotraficantes para que no reporten nada a las autoridades.
El problema agrario
La división del territorio bajacaliforniano en ejidos afectó también a las comunidades indígenas: integrantes de comunidades nativas reconocen la autoridad del comisario ejidal y menosprecian a sus autoridades tradicionales.
La delegada del INI, María Elena Rodarte, afirma que los conflictos agrarios son la principal amenaza para esos pueblos. Quienes tienen la tierra y la comienzan a comercializar se enfrentan contra los que buscan que los predios sean comunales.
Bajo el amparo de la administración estatal que encabezó el gobernador panista Ernesto Ruffo Appel, las comunidades indígenas de esa entidad fueron despojadas por empresarios de unas 280 mil hectáreas de terreno en cuatro comunidades ubicadas en Tecate y Ensenada.
Actualmente existen tres denuncias ante la Secretaría de la Reforma Agraria y el Tribunal Unitario Agrario, una de ellas contra Claudio Ruffo, hermano del ex mandatario.
Los pueblos indios han quedado desamparados por parte
de las autoridades estatales que históricamente han protegido y
privilegiado a las familias de poderosos
empresarios ganaderos y vitivinícolas.
En el caso de San Antonio Necua, los indígenas kiliwas eran antes dueños de la tierra y hoy son trabajadores de la compañía productora de vinos La Cetto.
La superficie de 280 mil hectáreas les fue arrebatada a las comunidades indígenas de Santa Catarina, San Antonio Nécua, Juntas Nejí y San José de la Zorra, en Ensenada y Tecate. Pese a que los indígenas, con asesoría del INI, presentaron denuncias en enero de 1995 para recuperar sus tierras, hasta la fecha no se han podido resolver los conflictos agrarios.