Comunicado No. 59

La Universidad de la Ciudad de México

Ť ¿Respuesta política o académica a los problemas de educación superior?

El proyecto de crear una nueva universidad en el Distrito Federal está en marcha. El pasado 15 de julio el gobierno capitalino convocó a personas interesadas en cursar estudios de licenciatura en la recientemente fundada Universidad de la Ciudad de México (UCM), una semana después informó quiénes fueron los 600 alumnos seleccionados de los casi 5 mil aspirantes, y ahora se hacen preparativos para iniciar cursos el próximo mes. Las autoridades del gobierno federal, en contraste con sus primeras declaraciones, han expresado que los esfuerzos en materia educativa del gobierno local tendrán pleno reconocimiento y apoyo.

Sin embargo, en torno de la UCM persiste cierta polémica que ha causado confusión en la opinión pública. Uno de los aspectos más controvertidos ha sido la utilización del sorteo como mecanismo de ingreso a la institución, pero también se ha cuestionado la forma en que se habilitaron sus instalaciones, el procedimiento para seleccionar su personal académico, el desconocimiento sobre los planes y programas de estudio que ofrecerá, la prioridad que tendrá en el proyecto educativo del gobierno del Distrito Federal y, especialmente, si es o no necesaria una institución de educación superior en la ciudad de México. Observatorio presenta a los lectores algunos elementos de reflexión y análisis en torno de esta iniciativa del Gobierno de la ciudad.

Proyecto en ciernes

Aunque la iniciativa de la UCM rápidamente ha cobrado forma en estos meses recientes, la idea de una nueva universidad es un proyecto que se había planteado desde la administración anterior. El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, en las primeras elecciones que se realizaron por el Gobierno de la ciudad, expresó el compromiso de fundar una institución de enseñanza superior. Sin embargo, en los tres años de la administración anterior la propuesta no se llevó a efecto. Los responsables del proyecto señalaron la escasez de recursos y el breve periodo de gobierno que había por delante, como los principales factores para posponer su realización.

El actual jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, refrendó el compromiso de una nueva universidad en su campaña electoral del año anterior y, de hecho, es una de las acciones que incluyó en su Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2001-2006. Esta acción se llevó a efecto el pasado 9 de enero, al emitir un acuerdo para la creación de las 15 preparatorias y la UCM. Respecto a esta última, el acuerdo considera que "aun cuando la ciudad tiene los niveles más altos de escolaridad del país, es indispensable abrir más espacios a la educación media superior y superior".

El documento de justificación del proyecto, señala: "todos los años, miles de aspirantes a ingresar a las instituciones de este nivel (superior) en la ciudad de México han sido disuadidos, o son rechazados o "canalizados" a carreras que no escogieron, causando los mismos problemas de deserción y bajo rendimiento por falta de interés".

Algunas de las características del modelo pedagógico anunciado por la UCM son sin duda de interés. Se propone una estructura curricular flexible, sustentada en un programa de tutorías y enfocada al aprendizaje de los estudiantes. También un sistema de evaluación combinado: por una parte evaluaciones diagnósticas a cargo de los profesores y, por otra, evaluación para la certificación de conocimiento, a cargo de comisiones de profesores de la propia universidad. A la conclusión del ciclo, además, se deja abierta la posibilidad de obtener certificados parciales a conveniencia de los estudiantes.

La estructura curricular de la UCM consta de dos ciclos (básico y de formación superior) y de tres áreas: ciencia y tecnología, humanidades y ciencias sociales, y ciencias y humanidades. El área de ciencia y tecnología propone iniciar con carreras de ingeniería en sistemas de transporte urbano, sistemas electrónicos industriales y sistemas electrónicos y telecomunicaciones; el área de humanidades y ciencias sociales, con las carreras de ciencia política y administración urbana, filosofía, comunicación y cultura, e historia y sociedad contemporánea; y el área de ciencias y humanidades, con la licenciatura en salud.

El planteamiento curricular de la UCM ha incorporado varios de las innovaciones y enfoques que, en el plano internacional, están buscado renovar la enseñanza profesional: la educación centrada en el estudiante, la flexibilidad curricular, la evaluación formativa, la combinación entre formación general y especializada, entre otras. Es de hacerse notar, empero, que una innovación radical en este campo requiere de la preparación continua del profesorado y de nuevas formas de gestión y gobierno académico que complementen el modelo educativo propiamente dicho. Uno de los mayores retos de la UCM, en el terreno académico, es concretar estas propuestas y rendir resultados que permitan apreciarla como una auténtica alternativa para la educación superior en México.

Selección por sorteo

Para el inicio de sus actividades docentes, la UCM aceptó a través de un sorteo a 600 entre 4 mil 850 aspirantes. Este método, para algunos insólito pero aceptado con normalidad en otras universidades del mundo, fue justificado por las autoridades de la nueva universidad con base en cinco argumentos: el cupo frente a la demanda; requisitos académicos adicionales al certificado de bachillerato cuestionan su validez y "violentan un derecho de los estudiantes"; los promedios de calificaciones del bachillerato "no son un indicador suficiente ni confiable de la preparación de los estudiantes"; ni los promedios ni los exámenes de admisión juzgan los factores más altamente determinantes del éxito escolar, y "confundir los logros con el mérito es una injusticia adicional". Varias de las críticas que enuncia esta argumentación son válidas, pero la alternativa propuesta como solución abre otros ángulos que debieran ser analizados.

Lo principal es que, en la práctica, los jóvenes aspirantes a esta opción educativa no pueden elegirla con un grado razonable de certeza de que ingresarán, aunque cumplan con los requisitos formales establecidos. Para este año su probabilidad de ingreso fue de 12.5 por ciento, lo que implica el rechazo, o como se le quiera llamar, de 87.5 por ciento de los candidatos debido a su "mala suerte". Es definitivamente una mala señal que no cuente la UCM con ningún medio para reconocer la capacidad académica de los aspirantes como alternativa a los vicios que atribuye a los certificados de bachillerato y a los exámenes de admisión ¿Es que la urgencia de iniciar actividades impidió a sus autoridades y consejo diseñar algún procedimiento de selección académicamente justo, socialmente equitativo y que reconociera, sin confusiones conceptuales, entre logros y méritos? ¿Tienen previsto el diseño de un mecanismo de selección que supere las desventajas que con toda razón enuncian? ¿O es que en realidad confían en que, a falta de algo mejor, el azar estadístico es el método justo para escoger entre aspirantes? Es difícil imaginar que para los jóvenes sea claro y legítimo este procedimiento de justicia distributiva, como también parece inapropiado el mensaje emitido a los jóvenes en el sentido de descalificar su promedio de bachillerato porque no es un indicador "confiable y suficiente" de su preparación académica.

La solución del sorteo abre una interrogante adicional: ¿los egresados de las preparatorias del Gobierno del DF que aspiren a ingresar a la UCM también serán sorteados o contarán con la ventaja de un pase directo? La respuesta afirmativa introduce una nueva condición de desigualdad entre aspirantes, que es lo que trata de evitar el modelo de la nueva universidad, aunque una respuesta negativa probablemente movilizaría a los jóvenes actualmente inscritos en dichas preparatorias.

Controversia legal y debate pendiente

Otro aspecto de la polémica en torno a la UCM es el de la capacidad jurídica del gobierno de la ciudad para ofrecer educación superior. El gobierno citadino adujo en su oportunidad las facultades que le confería la Constitución en su artículo 122 y los ordenamientos de la Ley General de Educación (LGE), especialmente los artículos 11, 14, 25 y 60 para ejercer la función educativa y expedir los documentos correspondientes.

En un primer momento, las autoridades de la SEP manifestaron que las atribuciones de la legislación federal no eran directamente aplicables al DF. Además, se recordaron las obligaciones legales de la SEP en materia de registro y supervisión aplicables sobre las instituciones de educación superior públicas fuera del caso de las universidades autónomas. Otro punto fue las responsabilidades y facultades que la SEP conserva en el DF al no haberse llevado a cabo todavía, en el caso del DF, la transferencia de servicios educativos al gobierno local.

Pese a las posiciones iniciales de la SEP, el tema quedó resuelto por lo pronto mediante el diálogo entre el titular del Poder Ejecutivo del DF y el secretario de Educación. El Presidente de la República manifestó públicamente su simpatía con la iniciativa del gobierno para coadyuvar con la educación superior pública.

Aunque resulta claro que la legislación vigente no impide al gobierno de la ciudad establecer instituciones educativas en los niveles de bachillerato y superior, también es cierta la carencia de disposiciones específicas que normen esta atribución general. Habría, pues, algunos vacíos legales que no quedan resueltos a través del acuerdo político entre autoridades y que indican la urgente necesidad de legislar en esta materia. Además, queda pendiente conocer cuáles son los planes de la SEP sobre la transferencia de recursos y servicios educativos al DF y cuál es la posición actual del gobierno de la ciudad al respecto; consideramos que este último punto es de interés para la ciudadanía y que debiera ser aclarado por las autoridades respectivas.

Es indiscutible que la fundación de la UCM ha suscitado controversia pública, sobre todo porque anuncia varios de los elementos que debería considerar un debate serio y amplio sobre la educación superior pública en el proyecto nacional. Este debate está pendiente y esperamos que pronto se abra a la más amplia discusión ciudadana.

 
Nuestros comunicados aparecen en el segundo y cuarto viernes de cada mes en este espacio periodístico; se pueden reproducir en cualquier medio indicando su procedencia. Todos los ciudadanos están cordialmente invitados a sumarse a nuestra iniciativa. Favor de enviar sus nombres con sus datos de localización e identificación a: La Jornada Observatorio Ciudadano de la Educación, Apartado Postal 20-423, San Angel, México, D.F. C.P. 01001. Fax: 55 54 86 55. Correo electrónico:

Grupo de redacción (en orden alfabético): Alberto Aziz Nassif, Alejandro Canales, Pedro Flores Crespo, María de Ibarrola, Pablo Latapí Sarre, Felipe Martínez Rizo, Humberto Muñoz García, Carlos Muñoz Izquierdo, Roberto Rodríguez y Lorenza Villa Lever.

Otros integrantes: 671 firmas de 32 entidades federativas. Véanse en la página de Observatorio en Internet.