Ť La orden de aprehensión, desde el 14 de agosto de 2000

Fuga y amparo evitan ingreso de spinosa a una cárcel mexicana

Ť La PGJDF pidió acción penal en su contra por peculado

JENARO VILLAMIL

Poco menos de año y medio ha transcurrido desde que el 29 de marzo de 2000 la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal solicitó a la Cámara de Diputados que procediera en contra de Oscar Espinosa Villarreal, ex secretario de Turismo y ex regente del Distrito Federal, por el delito de peculado de 420 millones de pesos en agravio a la hacienda pública de la ciudad de México.

Desde entonces, quien fuera brazo derecho del ex presidente Ernesto Zedillo ha litigado en los medios, acusando al gobierno capitalino de emprender una "campaña de linchamiento" en su contra, ha promovido desplegados de apoyo, obtuvo el espaldarazo explícito del ex mandatario y emprendió la retirada del país después de que el 14 de agosto de 2000, el juez cuarto del Reclusorio Norte giró orden de aprehensión en su contra.

Espinosa, el hombre de los dineros y de los múltiples conflictos urbanos durante su paso como titular del Ejecutivo capitalino, ha logrado, hasta el momento, sortear la acción de la justicia y evitar que se proceda en su contra por otros delitos relacionados con el manejo turbio del presupuesto en el Distrito Federal y en la Secretaría de Turismo.

La historia del expediente Espinosa inicia dos años antes, en febrero de 1998, cuando Samuel del Villar, entonces procurador capitalino, solicitó el arresto de 60 funcionarios de la administración espinosista por diversos delitos que representaban un cuantioso quebranto a las arcas de la ciudad de México.

De estos casos, destacó el del ex oficial mayor Manuel Merino García, acusado de peculado por 300 millones de pesos, uso indebido de atribuciones y facultades de servidores públicos y usurpación de funciones.

Contra Merino se inició una investigación por daños a la hacienda pública capitalina, por desviar recursos del orden de los 80 millones 270 mil pesos por el concepto de gastos en comunicación y por realizar transferencias financieras ilícitas por 6.4 millones de dólares, a una cuenta bancaria abierta en una subsidiaria que el Banco Bilbao Vizcaya poseía en la isla Gran Caimán.

Hombre de todas las confianzas del propio Espinosa, Merino negó todas las acusaciones de la contraloría y la procuraduría capitalinas, exculpó a Espinosa y envió una carta al entonces jefe de Gobierno del DF Cuauhtémoc Cárdenas, en la cual se quejó de hostigamientos en su contra y acusó a las autoridades de la ciudad de poner en duda su honorabilidad.

Merino fue inhabilitado el 4 de septiembre de 1999 por la Contraloría General de Gobierno del Distrito Federal para ocupar cualquier cargo público en el DF, y se ordenó una multa de 235 millones de pesos.

De la investigación contra Merino surgió el vínculo con Espinosa. La contraloría aplicó auditorías en la partida presupuestal 3065, conocida como "otros gastos de difusión e información", y acusó a Merino de destinar, entre 1995 y 1996, más de 300 millones de pesos a medios de comunicación sin existir pruebas de recibos ni comprobantes de dichos pagos. A decir de sus investigaciones y reportes internos, estas transacciones se realizaron con la anuencia del ex regente Oscar Espinosa Villarreal.

Detonado el escándalo, Merino pidió licencia el 7 de septiembre de 1999 a su cargo como contralor interno de la Secretaría de Turismo. Hasta noviembre de ese año, Merino hizo caso omiso de los dos citatorios y de una orden de presentación que le envió la PGJDF.

La acusación y la defensa presidencial a Espinosa

El caso dio un vuelco el 29 de marzo de 2000, cuando el procurador capitalino Samuel del Villar informó a la opinión pública que había enviado un oficio al presidente de la República, Ernesto Zedillo, en el cual fundamenta y motiva la solicitud de un juicio de procedencia para ejercer acción penal en contra de Oscar Espinosa Villarreal, por el delito de peculado del orden de 420 millones de pesos.

La solicitud de acción penal en contra de Espinosa se derivó de los siguientes hechos:

-El contralor general del Distrito Federal, León Alazraki, presentó al Ministerio Público, el 22 de febrero de 2000, una denuncia de hechos contra el ex regente, a partir de un oficio suscrito por Oscar Espinosa Villarreal, el 5 de enero de 1995, dirigido a Manuel Merino García en el cual lo instruye para que "cada erogación que se haga con cargo a la partida 3605, será realizada directamente por usted".

-El contralor advirtió que dicha instrucción fue del conocimiento de Javier Beristáin, entonces secretario de Finanzas de la gestión espinosista, y del director general de Programación y Presupuesto, Claudio Ures, así como del director de Política Presupuestal, Arturo Hidalgo.

-El contralor presentó 49 recibos informales suscritos por Manuel Merino que acreditan que dispuso, por instrucciones de Espinosa Villarreal, de 420 millones de pesos en contravención a su destino presupuestal.

-El contralor sostuvo en su denuncia que "de la autorización que da Oscar Espinosa a Manuel Merino, advierte el principio de ejecución de hechos delictivos, toda vez que viola las disposiciones aplicables del Código Financiero y la normatividad presupuestal correspondiente, concluyendo que el señor Espinosa lo que hizo fue autorizar la no comprobación de gastos, propiciando la no identificación de los recursos públicos y la inadecuada integracion de las cuentas por liquidar certificadas".

El procurador Samuel del Villar solicitó a la Cámara de Diputados que declarara la procedencia penal contra Espinosa por el delito de peculado, en los términos establecidos en el artículo 223, fracción primera, del Código Penal capitalino.

Automáticamente, la defensa de Espinosa Villarreal operó desde la propia Presidencia de la República. El primer mandatario respondió a través de un comunicado de prensa. En él, manifestó su entera confianza en que "resultará jurídicamente infundada la denuncia contra" el titular de Turismo del gobierno zedillista, y subrayó que esperaba que la denuncia "no obedezca a razones políticoelectorales".

El 4 de abril, la entonces jefa de Gobierno, Rosario Robles, dio a conocer un oficio dirigido al presidente Ernesto Zedillo en el cual le pide que no actúe como defensor de oficio, sino que garantice que las leyes se cumplan en el caso de su colaborador.

En esa misma fecha, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo absolvió a Merino de todo cargo correspondiente a la partida 3605. En los medios impresos y electrónicos se ventilaron las declaraciones del abogado Alonso Aguilar, quien consideró que la procuraduría capitalina no era competente en el caso de Oscar Espinosa, y se discutió en torno a la supuesta pérdida de los recibos originales que acreditaban la acusación de la contraloría.

Juicio de procedencia y fuga

El 11 de abril de 2000, la Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados dictaminó (ocho contra seis votos) enviar el caso Espinosa Villarreal a la Subcomisión de Instrucción de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, fijando un plazo de 60 días para que se dictaminara.

El 17 de abril inició el análisis del expediente en la Cámara de Diputados. Sorpresivamente, reapareció el ex oficial mayor, Manuel Merino, quien envió una carta al diario Excélsior donde explicó su situación actual y acusó: "he sido objeto de una injustificada persecución pública y jurídica por motivos políticos que han afectado severamente mi estabilidad integral y la de mi familia".

Ese mismo día, el diputado panista Juan Marcos Gutiérrez, presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, fue víctima de un sospechoso asalto. La PGR apuró los resultados del peritaje para subrayar que la agresión contra Gutiérrez fue un asalto y no un atentado.

El 4 de mayo de 2000, el secretario de Turismo recibió por parte de la Comisión Instructora la notificación del juicio de procedencia en su contra. Dio como plazo para acreditar su inocencia el miércoles 10 de mayo, a las 18 horas.

El 22 de junio, la Subcomisión de Instrucción aprobó por mayoría el dictamen por el que se ordena la separación de Oscar Espinosa Villareal del cargo de secretario de Turismo y el retiro de su fuero constitucional, "a fin de que se pueda someter a la jurisdicción de los tribunales y sea juzgado por el delito de peculado".

El 4 de julio, el PRD solicitó a la subcomisión que tomara las medidas precautorias para evitar que el titular de Turismo se diera a la fuga y evadiera la acción de la justicia.

Espinosa Villarreal reapareció ante los medios el 31 de julio del 2000, para presentar en conferencia de prensa su declaración patrimonial, que asciende a 15 millones 352 mil 480 pesos, entre bienes inmuebles, vehículos y cuentas bancarias. En ese acto, el ex regente lanzó una encendida defensa de su administración al frente de la ciudad de México y se dijo, una vez más, víctima de una campaña de linchamiento.

El 8 de agosto de 2000, el ex regente solicitó licencia, por tiempo indefinido, al cargo de secretario de Turismo. El 14 de agosto, el juez cuarto penal del Reclusorio Norte giró orden de aprehensión en su contra. Entonces, el ex director de Nacional Financiera, ex secretario de Finanzas del PRI, ex regente y ex secretario de Turismo se convirtió en un hombre prófugo de la justicia mexicana.