SABADO Ť 11 Ť AGOSTO Ť 2001

Ť La tardanza en la resolución de los juicios, onerosa para el erario público

IMSS, Pemex y CFE concentran 90 por ciento de demandas ante Conciliación y Arbitraje

Ť No existe justicia laboral para trababajadores y las propias empresas: analistas del CCE

HUMBERTO ORTIZ MORENO

Símbolos del desorden administrativo y el caos productivo en el aparato público, tan sólo tres instituciones, Petróleos Mexicanos (Pemex), Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), concentran 90 por ciento de los juicios y demandas que gestiona la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA).

Este organismo debe dejar pasar, en el centro de una engorrosa maraña burocrática, por lo menos 2 años para emitir una resolución en la mayoría de las veces favorable a los demandantes, lo que implica una onerosa carga financiera y estructural para el erario público.

"El resto, ese 10 por ciento de casos, se enfrenta a una lentitud terrible y comprueba que por el momento no existe la justicia laboral para el grueso de los trabajadores ni para las propias empresas, lo que deviene en una serie de artilugios, trampas y abusos, por los cuales gana la parte más lista, con o sin razón", revelan estudios elaborados por analistas del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Esta situación deviene, puntualizan, en pérdidas aún no cuantificadas en los presupuestos públicos.

Para los expertos del sector privado, en materia de modernización de órganos de justicia laboral "estamos en pañales y significan, operativamente, una desgracia. Aquí tenemos un problema grave de injusticia laboral".

Y es que, puntualizan, el tiempo y el espacio de los tribunales de conciliación "están cubiertos, agobiados y acaparados en 90 por ciento por los pleitos entre los empleados y las empresas paraestatales".

De acuerdo con las disposiciones jurídicas vigentes, cuando el gobierno federal y todas sus dependencias entablan una demanda laboral o son demandados, por ninguna razón podrán saltarse etapas del juicio. O sea que tendrán que agotarse todos los pasos procesales y las partes no pueden negociar ni acortar el procedimiento legal.

El objetivo de estos ordenamientos contenidos en la Ley Federal del Trabajo es la protección de las garantías de los bienes públicos, de modo que la entidad federal de que se trate demuestre que, pierda o gane, recurrió a todas las instancias que permite la legislación vigente.

Al mismo tiempo debe proteger a los trabajadores contra abusos de la autoridad federal que en un momento dado podrían cometer arbitrariedades durante el procedimiento.

Sin embargo, explican los analistas del CCE, el juicio no solamente es demasiado oneroso, sino que en realidad no cuida los bienes públicos, porque al final casi siempre gana el empleado al cabo de muchos años de litigio, ni tampoco a los demandantes.

Si bien este parece ser un asunto de carácter jurídico-laboral, para los estudiosos del tema también lo es eminentemente de carácter económico porque repercute en sectores tan importantes como el energético y la seguridad social.