SABADO Ť 11 Ť AGOSTO Ť 2001
Ť Decidieron, tras 5 horas de debate, comenzar la verificación de linderos el día 26
Acuerdo entre indios y colonos para concluir conflicto en Los Chimalapas
Ť Habitantes de Cuauhtémoc aceptan imparcialidad de autoridades; confían en un dictamen a su favor
GUADALUPE RIOS CORRESPONSAL
Tehuantepec, Oax., 10 de agosto. Autoridades zoques y de la colonia Agrícola y Ganadera Cuauhtémoc acordaron iniciar los trabajos de verificación de sus linderos el próximo 26 de agosto, para encontrar una solución definitiva al conflicto agrario que enfrentan desde hace 30 años, por el cual los indígenas retuvieron a seis colonos del 10 de julio al 2 de agosto pasados.
El acuerdo fue suscrito en esta ciudad por ambas partes, que se disputan unas 13 mil hectáreas de tierras en la selva chimalapa, con la presencia de la coordinadora general de delegaciones de la Procuraduría Agraria, Maribel Méndez de Lara, y el presidente del Centro de Derechos Humanos Tepeyac (CDHT) de la diócesis de Tehuantepec, el obispo emérito Arturo Lona Reyes.
Además, estuvieron presentes el director técnico del Registro Agrario Nacional (RAN), Francisco Chanona; el secretario de Asuntos Indígenas del estado, Carlos Moreno, y el subsecretario de Gobierno oaxaqueño, Ramón Eduardo López Flores. También asistieron funcionarios del Instituto Nacional Indigenista (INI), y de la Procuraduría de Justicia del estado.
Los consensos se lograron luego de casi cinco horas de discusión, principalmente entre comuneros y autoridades de Santa María Chimalapa con funcionarios gubernamentales.
Cautelosos, los pequeños propietarios y ganaderos de la Colonia Cuauhtémoc debieron discutir la propuesta de que los trabajos técnicos de verificación de linderos se realizaran con base en la resolución presidencial de Santa María Chimalapa emitida en 1967. Finalmente, aceptaron la imparcialidad de las autoridades agrarias y "de la presidencia del Tribunal Agrario".
Gregorio Morales Coloriano, presidente del consejo de administración de la colonia Cuauhtémoc, aseveró que "nuestro gobierno se va a apegar de acuerdo con la sentencia de los tribunales que fue dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; tenemos la seguridad de que tenemos una sentencia a nuestro favor".
Por su parte, el presidente del comisariado de bienes comunales de Santa María, Taurino López López, consideró que el inicio de los trabajos de verificación constituirá "un primer paso para encontrar la solución definitiva a un conflicto de más de 30 años".
Comunidades zoques en "área de conflicto"
Tanto chimalapas como colonos saben que al menos dos comunidades zoques, Chalchijapa y Bella Vista, están dentro de lo que los primeros denominan zona de conflicto.
Los colonos ya tienen la salida del problema, que expresó Morales Coloriano: "que los comuneros se ingresen como colonos, no hay ningún problema, que reconozcan que están en nuestras tierras. Pero si no quieren, pues es problema de su comunidad, que vean en dónde los van a acomodar".
En tanto, para los comuneros zoques Chalchijapa está "en la zona de conflicto, tenemos nuestros planos definitivos, nuestros títulos de propiedad; de hecho, la colonia nace como un hijo de Santa María", advirtió Taurino López.
Gilberto Rafael Pacheco, comunero zoque, consideró por su parte que si hay colonos asentados en tierras chimalapas, la solución sería "que el gobierno los indemnice y se retiren", pero tanto chimas como colonos no descartan que un desenlace "conciliatorio" al conflicto de la posesión de las tierras en la franja en disputa, sería crear un área de reserva ecológica, "todo es cuestión de primero definir los límites".
Los trabajos técnicos
El próximo 26 de agosto, colonos y comuneros con sus respectivas autoridades agrarias sostendrán una reunión en la sede de la Procuraduría Agraria en Matías Romero, como punto de partida para definir mecanismos de trabajo técnico que realizará el RAN con apoyo del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), para una mayor precisión en el aspecto topográfico.
Participarán también en esas labores diez personas de cada comunidad en conflicto, funcionarios del RAN, Comisión de Límites del estado de Oaxaca y del Tribunal Superior Agrario, cuya presencia reclaman las dos partes.