MIERCOLES Ť 15 Ť AGOSTO Ť 2001

Magdalena Gómez

Crónica de un golpe anunciado

El Presidente de la República esta vez sí cumplió su palabra. A partir de hoy se inicia formalmente la vigencia de la contrarreforma constitucional en materia indígena, publicada en el Diario Oficial de la Federación. Con ello se consolida el golpe de la clase política al proceso de paz, al movimiento indígena nacional y a los sectores de la sociedad civil que nos sumamos a la resistencia frente a una hegemonía cultural que trae bajo el brazo un proyecto económico, cuya globalización no va de la mano con la reconstitución de los pueblos indígenas. Pueblos que, por cierto, son maestros en el arte de la ilegalidad cuando el Estado ha pretendido recetarles fórmulas jurídicas que les vulneran y que bien se encargarán de mostrar una vez más que los derechos para serlo necesitan legitimidad, además de validez.

Lamentablemente no encontramos diferencias de fondo entre el espíritu de la Ley para el Mejoramiento de la Raza Tarahumara de 1906, promulgada en Chihuahua por el gobernador Creel, la cual, curiosamente, signó este 14 de agosto otro Creel de nombre Santiago. Aquélla llamaba a la filantropía para juntar cobijas y alimentos, así como a la paciencia, porque a esos grupos no había que contradecirles en que hi-cieran sus fiestas y sus costumbres para que poco a poco se "civilizaran". Ahora el asunto es más moderno: se ofrecen complementos vitamínimos y la Coca Cola arregla albergues, todo ello dentro del programa estratégico del "vocho, el changarro y la tele".

En 1948 el Congreso de la Unión discutió las modalidades para ayudar al progreso de "nuestros hermanos de raza" y concluyó con la ley que creó el INI, en cuyo artículo 12 estableció que las secretarías de Estado fijarían un presupuesto para los indígenas y estaban obligados a no em- plearlo en ninguna otra cosa. Ahora en pleno 2001, por encima de la estructura del formalmente vigente INI, se abrió una oficina "al lado de la del Presidente" que pretende hacer lo que la ley ha dicho y jamás se hizo.

Con la promulgación de la contrarreforma se pretende ofrecer a los pueblos "gato por liebre", perdón, indigenismo por autonomía, tutela por capacidad de decisión. No es casual que el apartado B del nuevo artículo 2Ɔ constitucional, dedicado a "las acciones", como confiesan los legisladores en su exposición de motivos, sea el campo propicio para las motivaciones burocráticas de reformas institucionales que, al margen de sus bondades presentes o futuras, definitivamente no expresan el sentido de la demanda indígena.

A estas alturas ya existen evidencias suficientes de que la clase política no acepta la libre determinación y la autonomía, aun cuando la haya dejado escrita en el texto promulgado. Fue debidamente mutilado para quitarle toda implicación relativa a la reforma del Estado. Y no podemos llamarnos a engaño: cuando los senadores redactaron su dictamen fueron conscientes de la implicación de lo que quitaban y ponían y del porqué lo hacían. Está claro que no quieren dar poder a los pueblos indígenas. Ese es el sentido último de la demanda de autonomía, poder de decisión, de organización y poder frente al Estado y frente a los grupos sociales y económicos que ahora se llaman amigos de Fox y coexisten hermanados con los amigos del no tan antiguo ni tan obsoleto régimen priísta.

En 1989 el abogado Jorge Madrazo gozó de todas las confianzas del salinismo para redactar lo que fue en 1992 el párrafo primero del artículo 4Ɔ constitucional, por ello escribió sin ambigüedad que "nunca se pensó en la adición constitucional como el cambio de los principios jurídico político fundamentales del Estado mexicano, ni se pretendió hacer una reforma que nada dijera para que todo siguiera igual que antes" (Ed. Porrúa, 1994).

Tras nueve años de vigencia sin eficacia del inocuo párrafo, el pensamiento oficial no ha cambiado, aun mediando un movimiento social indígena y pro indígena que no existía con tal fuerza en 1992, un movimiento que como el EZLN aceptó la vía del diálogo para dar la voz a los pueblos indígenas y un supuesto cambio de régimen con la salida del partido que gobernó al país por 70 años. La síntesis del pensamiento que guió la reforma de 2001 la expresó Alan Arias, el influyente asesor de Manuel Bartlett, en estos términos: "lo decisivo es que la representación popular y federal del país consideró que lo más adecuado para la sociedad y los grupos étnicos era una modificación a la ley suprema que no contraviniera la estructura jurídico-política del Estado mexicano" (Milenio, 3 de mayo de 2001).

Son muchos los retos para el futuro inmediato. Habrá que insistir por diversas vías ante la corte para que contribuya a abrir una nueva interpretación de lo que es en la práctica un orden constitucional con profundas limitaciones para enfrentarse a demandas desde minorías avasalladas por el principio de democracia representativa. Urge su contribución para abrir espacio en el orden interno al derecho internacional sobre derechos humanos como es el caso del Convenio 169 de la OIT. Estos vericuetos jurídicos tendrán que transcurrir acompañando al Congreso Nacional Indígena y al EZLN con un movimiento de contraloría ciudadana para la paz, que insista al Congreso en la necesidad de re-formar su contrarreforma.