Ť Agentes de la PJF catean 4 domicilios en DF y Edomex; hallan armas y 171 mil dólares

Detienen a 5 implicados en estallido de petardos

Ť Se actuará con rigor, es asunto de Estado, dice la PGR Ť Niega el Ejército estado de alerta

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

Elementos de la Policía Judicial Federal (PJF) y efectivos del Ejército Mexicano detuvieron en el Distrito Federal y el estado de México a cinco presuntos integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP), en posesión de armas largas y cortas, dinero en efectivo, propaganda, vestimenta tipo militar e iniciadores electrónicos de artefactos explosivos. Las autoridades federales estiman que mantenían sus operaciones "principalmente a través de acciones como la extorsión y el secuestro", tras encontrarlos en posesión de más de 171 mil dólares.

El caso fue considerado por el subprocurador A de la Procuraduría General de la República (PGR), Gilberto Higuera Bernal, como "un asunto de Estado" y por ello advirtió que se actuará "con toda su estructura en el esclarecimiento y sanción de estos hechos, convencidos de que sólo la acción cohesionada de todas las instancias de gobierno permitirá dar a la sociedad los resultados que exige y merece".

Sin embargo, el general y subjefe de operaciones del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Javier del Real Magallanes, afirmó que el Ejército Mexicano "no vive ningún estado de alerta, ni de excepción ni de emergencia, las fuerzas armadas realizan sus labores normales".

En conferencia de prensa conjunta, el subprocurador Higuera Bernal y el general Del Real Magallanes informaron que los detenidos -dos de ellos estudiantes de nivel superior en la UNAM- están implicados en los estallidos de petardos caseros en tres sucursales de Banamex el pasado 8 de agosto.

Averiguación previa

Héctor Cerezo Contreras, de 22 años; Alejandro Cerezo Contreras, de 19; Alfonso Herrera Vázquez, de 25; Pablo Flores Alvarado, de 43, y Sergio Galicia Max, de 37 años, fueron detenidos en el interior de los domicilios ubicados en prolongación de Aquiles Serdán número 64, colonia la Cañada, delegación Xochimilco, y en Calle 17, colonia Valle de Los Reyes, en el municipio de los Reyes La Paz, estado de México.

Las autoridades les iniciaron una averiguación previa como probables responsables de los delitos de terrorismo, daño en propiedad ajena y delincuencia organizada, y según se informó "inicialmente han reconocido pertenecer a las FARP".

El subprocurador Higuera Bernal dijo que las investigaciones se encuentran en una etapa "muy laboriosa en cuanto a la revisión de materiales", dado que además de libros, propaganda, videos y documentos internos del EPR y las FARP, se localizaron 242 disquetes de computadora con información de estos grupos armados.

Aun cuando se aseguró que las FARP están integradas por cinco por ciento del total del EPR, el general Del Real Magallanes dijo que es imposible cuantificar el número de militantes, "porque son organizaciones que trabajan a base de células".

Preparaban más atentados

El militar refirió que "se encontraron evidencias de que estaban preparando algunas actividades de tipo similar a las que ya sucedieron", en referencia a los explosivos colocados en las sucursales de Banamex.

El grupo detenido fue calificado como "una célula perfectamente armada y bien equipada", ya que se les encontró en posesión de equipo de cómputo, escaneo de frecuencias de radiocomunicación, equipo para edición de audio y video, morteros semejantes a los utilizados el 15 de marzo del año 2000 en los atentados contra la Base Aérea de Santa Lucía, en Tecámac, estado de México y en la presa Anzaldo, contigua a las instalaciones centrales de la Policía Federal Preventiva (PFP) en el Distrito Federal.

Higuera Bernal dijo que con "la información disponible en las instituciones relacionadas con estos temas (grupos armados), se tiene conocimiento que las FARP son una fracción escindida del auto denominado Ejército Popular Revolucionario, cuya separación se realizó en el mes de agosto de 1999.

 "Las FARP tuvieron su aparición pública el 23 de febrero del año 2000,
mediante la detonación de un artefacto explosivo en oficinas gubernamentales de la ciudad de Puebla, donde los daños materiales fueron escasos, y tienen como área de operación el Valle de México, Oaxaca, Guerrero y Morelos; se han caracterizado por sus frecuentes actos de violencia, y a la par que las demás escisiones del EPR, se estima que mantienen sus operaciones principalmente a través de acciones de corte delictivo, como la extorsión y el secuestro".

El subprocurador indicó que las estrategias de actuación que las autoridades han identificado son la emisión de comunicados en los que plantea el abierto rechazo al neoliberalismo y la reivindicación de la lucha armada como instrumento de cambio del país; las irrupciones públicas en poblados rurales y semiurbanos con escasa vigilancia policial, difundiendo su proyecto ideológico y buscando captar adeptos; y acciones armadas contra instalaciones gubernamentales como las de la PFP en el Distrito Federal.

Investigaciones por ataques a Banamex

Con respecto a las investigaciones que la PGR ha realizado en torno a los explosivos colocados en tres sucursales de Banamex, informó que "los peritajes practicados al material encontrado arrojaron como resultado que los artefactos explosivos utilizados fueron conformados por mecha lenta de seguridad, pólvora y explosivo plástico tipo tovex de uso industrial".

Resaltó que "con base en los datos obtenidos se logró la identificación y ubicación de cuatro inmuebles que presumiblemente eran utilizados como casas de seguridad para la preparación de estos actos violentos, por lo que se solicitó y obtuvo de los jueces primero de distrito B de procesos penales en el Distrito Federal y de distrito en Nezahualcóyotl, estado de México, las órdenes de cateo" para cuatro inmuebles, dos de ellos en la delegación Coyoacán, otro en Xochimilco y otro en Los Reyes La Paz.

Entre los objetos hallados -oficialmente- en los cuatro domicilios cateados están: 171 mil 366 dólares ocultos en compartimientos secretos dentro de uno de los inmuebles; 6 armas de fuego cortas, calibres 9 mm., 380 y 38 súper; 460 cartuchos útiles de diversos calibres; cinco dispositivos electrónicos para artefactos explosivos; vestimenta tipo militar; una computadora personal y dos portátiles; un equipo profesional para fotografía, audio, video y de edición; cinco teléfonos celulares y seis radiolocalizadores.

Según la información, dada a conocer por el subprocurador de la PGR, "los inmuebles eran utilizados por integrantes del EPR y de sus escisiones, como casas de seguridad para actividades de enlace y formación de cuadros así como para la elaboración de propaganda escrita, audio y video".

 El funcionario de la PGR aseguró que "actualmente se realizan tareas de análisis e investigación de la información" encontrada en los cuatro domicilios cateados, pero que las autoridades cuentan con "elementos de convicción" que les permiten turnar el caso a la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada (UEDO), para que se haga cargo de las indagatorias.