MIERCOLES Ť 15 Ť AGOSTO Ť 2001
Cuauhtémoc Cárdenas
Ni Tizayuca ni Texcoco: ampliar el aeropuerto actual
Yo, como muchos, he estado siguiendo con atención la disputa, que ya no polémica y menos aún análisis objetivo, sobre la ubicación de un nuevo aeropuerto que sirva a la ciudad de México.
Más allá de los factores técnicos, de las ventajas y desventajas que ofrecen Tizayuca y Texcoco, de su "empate" desde el punto de vista ambiental, según la universidad, lo que ha quedado muy claro, aunque no es, desde luego, lo que han resaltado los defensores de uno y otro proyectos, es que al llevarse a la práctica cualquiera de ellos se abrirían las puertas para negocios inmobiliarios de muchos miles de millones de pesos.
En el caso de Texcoco, llevar allá el nuevo aeropuerto desencadenaría el desarrollo de urbanizaciones sobre terrenos de uso preferentemente agrícola, muchos ya comprometidos en su venta, que atraería de 2 a 3 millones de nuevos habitantes que congestionarían más nuestra ya congestionada zona metropolitana.
Los promotores de Tizayuca han adquirido o dado pasos para adquirir varios miles de hectáreas de terrenos contiguos a los destinados al aeropuer-to, para alojar en ellos nuevas industrias, comercios, almacenes y unidades habitacionales.
En ambos casos se contribuye al congestionamiento del área metropolitana de la capital, y en ambos casos también quienes empujan con gran publicidad estos proyectos están previendo, aunque no lo dicen, la venta de miles y miles de metros cuadrados de terrenos de nueva urbanización.
Existe un proyecto, del que poco o nada han hablado los medios informativos, que no trae detrás el interés de un desarrollo inmobiliario multimillonario y que no ha sido mencionado hasta ahora por el secretario de Comunicaciones ni por las autoridades aeronáuticas, aunque es muy probable que sí tengan conocimiento de él.
Este proyecto ha sido desarrollado y promovido, desde finales de los años setenta, por el ingeniero Guillermo Prieto Argüelles y más recientemente por el arquitecto Juan Gutiérrez Fernández, asesor de Canacintra en materia aeronáutica, y esta institución ahora lo auspicia.
Se trata de construir las nuevas pistas en una superficie contigua a la del aeropuerto actual, manteniendo éste como zona de servicio del nuevo. Las nuevas pistas, como marcan las especificaciones internacionales para la operación segura de este tipo de instalaciones, serían paralelas, con una distancia entre ellas de mil 600 metros.
El proyecto se presenta como una ampliación del aeropuerto actual, ocupando casi en su totalidad terrenos federales, que no tendrían que expropiarse ni pagarse. Las instalaciones de tierras existentes y en servicio -terminales de pasajeros, áreas de talleres, etcétera- podrían seguirse utilizando, al menos durante diez o 15 años más. Sería, sin duda, el proyecto de nuevo aeropuerto de la ciudad de México que demandará para realizarse las inversiones más bajas.
Las ventajas de este proyecto frente a los de Tizayuca y Texcoco son las siguientes:
-No se requiere ni comprar ni expropiar los terrenos necesarios para el nuevo aeropuerto;
-No provoca la expansión de la mancha urbana metropolitana;
-No se afecta la capacidad de regulación hidrológica del vaso de Texcoco;
-No se altera la situación actual de los cuerpos de agua adonde llegan anualmente las aves migratorias;
-No se demandarían nuevos volúmenes de agua para zonas urbanas e industriales en una zona del Valle de México en la que el líquido es ya escaso;
-El actual aeropuerto se seguiría utilizando, tanto sus terminales de pasaje, carga, aduanas, etcétera, como las áreas de servicios, que serían soporte del nuevo aeropuerto;
-Las miles de personas que diariamente van a laborar al actual aeropuerto no sufrirían perjuicios teniendo que desplazarse a otros sitios o que dejar su trabajo;
-No se requiere la construcción de un tren suburbano ni de construir o ampliar grandes vialidades para acceso a las nuevas instalaciones.
Sería deseable y oportuno que Canacintra, como institución de servicio, hiciera llegar este proyecto a las más altas autoridades del país para que valoren sus ventajas y desventajas, así como su viabilidad frente a los otros proyectos que han estado considerando, y por otro lado, que lo diera a conocer a la opinión pública con la mayor profusión posible. Tomar una decisión sensata y objetiva, despojada de intereses que no sean los del mejor servicio y el mayor provecho, será para bien de la ciudad y de nuestro país.