Ť Agentes de la PJF catean 4 domicilios en DF y Edomex; hallan armas y 171 mil dólares

Detienen a 5 implicados en estallido de petardos

Ť Se actuará con rigor, es asunto de Estado, dice la PGR Ť Niega el Ejército estado de alerta

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

Elementos de la Policía Judicial Federal (PJF) y efectivos del Ejército Mexicano detuvieron en el Distrito Federal y el estado de México a cinco presuntos integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP), en posesión de armas largas y cortas, dinero en efectivo, propaganda, vestimenta tipo militar e iniciadores electrónicos de artefactos explosivos. Las autoridades federales estiman que mantenían sus operaciones "principalmente a través de acciones como la extorsión y el secuestro", tras encontrarlos en posesión de más de 171 mil dólares.

El caso fue considerado por el subprocurador A de la Procuraduría General de la República (PGR), Gilberto Higuera Bernal, como "un asunto de Estado" y por ello advirtió que se actuará "con toda su estructura en el esclarecimiento y sanción de estos hechos, convencidos de que sólo la acción cohesionada de todas las instancias de gobierno permitirá dar a la sociedad los resultados que exige y merece".

Sin embargo, el general y subjefe de operaciones del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Javier del Real Magallanes, afirmó que el Ejército Mexicano "no vive ningún estado de alerta, ni de excepción ni de emergencia, las fuerzas armadas realizan sus labores normales".

En conferencia de prensa conjunta, el subprocurador Higuera Bernal y el general Del Real Magallanes informaron que los detenidos -dos de ellos estudiantes de nivel superior en la UNAM- están implicados en los estallidos de petardos caseros en tres sucursales de Banamex el pasado 8 de agosto.

Averiguación previa

Héctor Cerezo Contreras, de 22 años; Alejandro Cerezo Contreras, de 19; Alfonso Herrera Vázquez, de 25; Pablo Flores Alvarado, de 43, y Sergio Galicia Max, de 37 años, fueron detenidos en el interior de los domicilios ubicados en prolongación de Aquiles Serdán número 64, colonia la Cañada, delegación Xochimilco, y en Calle 17, colonia Valle de Los Reyes, en el municipio de los Reyes La Paz, estado de México.

Las autoridades les iniciaron una averiguación previa como probables responsables de los delitos de terrorismo, daño en propiedad ajena y delincuencia organizada, y según se informó "inicialmente han reconocido pertenecer a las FARP".

El subprocurador Higuera Bernal dijo que las investigaciones se encuentran en una etapa "muy laboriosa en cuanto a la revisión de materiales", dado que además de libros, propaganda, videos y documentos internos del EPR y las FARP, se localizaron 242 disquetes de computadora con información de estos grupos armados.

Aun cuando se aseguró que las FARP están integradas por cinco por ciento del total del EPR, el general Del Real Magallanes dijo que es imposible cuantificar el número de militantes, "porque son organizaciones que trabajan a base de células".

Preparaban más atentados

El militar refirió que "se encontraron evidencias de que estaban preparando algunas actividades de tipo similar a las que ya sucedieron", en referencia a los explosivos colocados en las sucursales de Banamex.

El grupo detenido fue calificado como "una célula perfectamente armada y bien equipada", ya que se les encontró en posesión de equipo de cómputo, escaneo de frecuencias de radiocomunicación, equipo para edición de audio y video, morteros semejantes a los utilizados el 15 de marzo del año 2000 en los atentados contra la Base Aérea de Santa Lucía, en Tecámac, estado de México y en la presa Anzaldo, contigua a las instalaciones centrales de la Policía Federal Preventiva (PFP) en el Distrito Federal.

Higuera Bernal dijo que con "la información disponible en las instituciones relacionadas con estos temas (grupos armados), se tiene conocimiento que las FARP son una fracción escindida del auto denominado Ejército Popular Revolucionario, cuya separación se realizó en el mes de agosto de 1999.

 "Las FARP tuvieron su aparición pública el 23 de febrero del año 2000,
mediante la detonación de un artefacto explosivo en oficinas gubernamentales de la ciudad de Puebla, donde los daños materiales fueron escasos, y tienen como área de operación el Valle de México, Oaxaca, Guerrero y Morelos; se han caracterizado por sus frecuentes actos de violencia, y a la par que las demás escisiones del EPR, se estima que mantienen sus operaciones principalmente a través de acciones de corte delictivo, como la extorsión y el secuestro".

El subprocurador indicó que las estrategias de actuación que las autoridades han identificado son la emisión de comunicados en los que plantea el abierto rechazo al neoliberalismo y la reivindicación de la lucha armada como instrumento de cambio del país; las irrupciones públicas en poblados rurales y semiurbanos con escasa vigilancia policial, difundiendo su proyecto ideológico y buscando captar adeptos; y acciones armadas contra instalaciones gubernamentales como las de la PFP en el Distrito Federal.

Investigaciones por ataques a Banamex

Con respecto a las investigaciones que la PGR ha realizado en torno a los explosivos colocados en tres sucursales de Banamex, informó que "los peritajes practicados al material encontrado arrojaron como resultado que los artefactos explosivos utilizados fueron conformados por mecha lenta de seguridad, pólvora y explosivo plástico tipo tovex de uso industrial".

Resaltó que "con base en los datos obtenidos se logró la identificación y ubicación de cuatro inmuebles que presumiblemente eran utilizados como casas de seguridad para la preparación de estos actos violentos, por lo que se solicitó y obtuvo de los jueces primero de distrito B de procesos penales en el Distrito Federal y de distrito en Nezahualcóyotl, estado de México, las órdenes de cateo" para cuatro inmuebles, dos de ellos en la delegación Coyoacán, otro en Xochimilco y otro en Los Reyes La Paz.

Entre los objetos hallados -oficialmente- en los cuatro domicilios cateados están: 171 mil 366 dólares ocultos en compartimientos secretos dentro de uno de los inmuebles; 6 armas de fuego cortas, calibres 9 mm., 380 y 38 súper; 460 cartuchos útiles de diversos calibres; cinco dispositivos electrónicos para artefactos explosivos; vestimenta tipo militar; una computadora personal y dos portátiles; un equipo profesional para fotografía, audio, video y de edición; cinco teléfonos celulares y seis radiolocalizadores.

Según la información, dada a conocer por el subprocurador de la PGR, "los inmuebles eran utilizados por integrantes del EPR y de sus escisiones, como casas de seguridad para actividades de enlace y formación de cuadros así como para la elaboración de propaganda escrita, audio y video".

 El funcionario de la PGR aseguró que "actualmente se realizan tareas de análisis e investigación de la información" encontrada en los cuatro domicilios cateados, pero que las autoridades cuentan con "elementos de convicción" que les permiten turnar el caso a la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada (UEDO), para que se haga cargo de las indagatorias.

FARP

* El CGH se deslinda de los presuntos miembros de las FARP

Los hermanos Cerezo, capturados por la PGR, alumnos de la UNAM

* Alejandro estudia en Economía y Héctor en Filosofía

KARINA AVILES

Alejandro y Héctor Cerezo Contreras, identificados por la Procuraduría General de la República (PGR) como dos de las cinco personas que colocaron explosivos en tres sucursales bancarias de Banamex están registrados como alumnos de la UNAM. El primero es estudiante del segundo semestre de la licenciatura de Economía, es un alumno "regular" y pasó su primer curso en la Facultad de Economía con un promedio de 7.43. Su hermano Héctor estudia la carrera de Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras.

En un escueto comunicado, la UNAM informó que ambos se encuentran registrados como alumnos de la universidad e indicó las carreras y las facultades en las que están matriculados.

De acuerdo con datos obtenidos, Alejandro Cerezo Contreras ingresó a la máxima casa de estudios en noviembre del año pasado y hasta este momento cursaba el segundo semestre de la licenciatura en Economía. El curso en el que está matriculado Alejandro concluye el próximo octubre y se pudo conocer que en el primer semestre, Alejandro obtuvo un promedio de 7.43. En tanto, su hermano Héctor aparece en el registro de alumnos de la Facultad de Filosofía.

En entrevistas con este diario, fracciones del CGH aseguraron no conocer a ninguno de los dos jóvenes ni tampoco haber escuchado algo acerca de ellos. Incluso, el grupo del CGH que se reúne todos los jueves en la Facultad de Economía en el auditorio Ho Chi Minh ?integrado por miembros de la corriente "En lucha" como Mario Benítez, El Gato, y Guadalupe Carrasco, La Pita? se deslindó de las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP) al argumentar que la política del CGH "no es aventar cohetes".

Mientras, la fracción del CGH que pernocta en el auditorio Che Guevara y que mantiene tomado ese espacio desde hace meses -integrado por los llamados "megaultra" por "ser los más radicales", según el calificativo que le han dado los propios miembros de la comunidad- dijo no conocer ni haber escuchado los nombres de los alumnos referidos.

 Mario Benítez, alumno de posgrado de la Facultad de Economía, aseguró: "No los conocemos y el CGH se deslinda de las FARP. Con las organizaciones armadas no tenemos vínculos". A lo que añadió el alumno Héctor Gabriel Silva: "La política del CGH no es aventar cohetes".

La profesora de la Facultad de Ciencias e integrante de la corriente "En lucha", Guadalupe Carrasco, expresó que durante el movimiento de huelga de 1999-2000 participó mucha gente y nunca hubo un registro de los integrantes. "Lo cierto es que nosotros no los conocemos ni hemos oído sus nombres" y tampoco "hemos sabido nada de reuniones de ese estilo aquí" en la universidad.

Carlos, del grupo del CGH que está en el auditorio Che Guevara dijo no conocer a Alejandro ni a Héctor ni haber oído de ellos. Otros integrantes de esa fracción del CGH señalaron lo mismo.

Durante un recorrido por las facultades de Filosofía y Letras y Economía, algunos alumnos y profesores consultados no pudieron ofrecer mayores datos de los hermanos Cerezo Contreras.

FARP

Ť Diversas ONG exigen respeto a derechos humanos

Conceden amparo contra la incomunicación de 3 de los detenidos

ANGELICA ENCISO L.

El juzgado tercero de distrito concedió amparo contra la incomunicación a que la PGR sometió a Alfonso Herrera Vázquez, Alejandro y Héctor Cerezo Contreras, presuntos responsables de la explosión de petardos a las puertas de tres sucursales de Banamex, pero hasta ayer por la noche las autoridades los mantenían aislados, informaron organizaciones de derechos humanos.

Desde la madrugada del 13 de agosto fueron detenidos Herrera Vázquez y los hermanos Alejandro, Héctor y Antonio Cerezo Contreras, aunque de este último se desconoce el paradero, ya que no está entre los que ayer mencionó la PGR como presuntos responsables.

Debido a que desde el momento en que fueron aprehendidos están incomunicados, el Comité de Familiares y Amigos de Desaparecidos y Presos Políticos interpuso una demanda de amparo, el cual les fue otorgado con el número 1476/01. A pesar de que se otorgó la suspensión del acto reclamado y de que el actuario del juzgado acudió para constatar su cumplimiento a las instalaciones de la PGR de Poniente 44, donde están recluidos, aún siguen incomunicados, informó el comité.

Por su parte, la Liga Mexicana de Defensa de Derechos Humanos (Limeddh) presentó el lunes una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por la desaparición forzada de estas cuatro personas. Ante ello el organismo pidió a la PGR información sobre los detenidos y la Dirección de Derechos Humanos de la dependencia investigó el asunto para notificar más tarde a la CNDH que habían sido aprehendidos en un cateo y que fueron encontrados en flagrancia, según informaron fuentes consultadas.

Ayer tanto la Limeddh como el comité interpusieron recursos legales porque los detenidos estaban incomunicados en las instalaciones de la PGR localizadas en Poniente 44, delegación Azcapotzalco. Las organizaciones presentaron ante el tercer juzgado de distrito una demanda de amparo por incomunicación, ya que argumentaron que se les impidió verlos.

Ante ello el comité pidió que "cese la tortura y la incomunicación en que se encuentran desde la madrugada del lunes. En caso de que haya elementos que sean remitidos ante un juez o en caso contrario que sean puestos en libertad".

Fuentes del comité detallaron que la detención se llevó a cabo la madrugada del 13 de agosto en Prolongación Aquiles Serdán sin número, en la delegación Xochimilco. Ese mismo día comenzaron las gestiones para ubicar su paradero y solicitaron la intervención la Limeddh, la cual luego de pedir información a la PGR encontró que sí estaban detenidos.

Sin embargo, las dos organizaciones trataron de verlos y hablar con ellos, pero se les impidió el acceso, razón por la cual solicitaron el amparo contra tortura e incomunicación y presentaron su demanda que sean presentados públicamente.

Además de la solicitud que presentaron ante la CNDH, también se estableció una acción urgente ante la Organización Mundial contra la Tortura y recurrieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, precisó el comité.

Por su parte, la Limeddh sostuvo que la detención se llevó a cabo en el domicilio de los detenidos y que a la oficina de derechos humanos de la PGR se le pidió que certificara su integridad física y sicológica, además de que se investigará si se presentaron irregularidades en la aprehensión porque la organización desconocía si se les presentaron órdenes de cateo y de aprehensión.

En tanto, la abogada Pilar Noriega, quien fue llamada para ver el caso, no logró contactar con los detenidos ni en las instalaciones de la PGR en Poniente 44 ni en la Unidad Especializada Contra la Delincuencia Organizada. Precisó que si están incomunicados, la PGR actúa en contra de la ley.

FARP

Ť Mi esposo sólo deseaba luchar por los pobres, que tuvieran algo, dijo Yolanda Hernández

"No imaginé que tuviera lazos con guerrilleros"

Ť Afirma que interpondrá queja ante la CDH por el cateo a su casa; sólo hallaron un arma y un libro

MARIA DE LOS ANGELES VELASCO CORRESPONSAL

Los Reyes La Paz, mexico., 13 de agosto. En dos cuartos de cuatro por cuatro vivía Pablo Flores Alvarado, uno de los presuntos integrantes de grupo Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP), quien constantemente señalaba que iba a luchar por los pobres para que tuvieran algo.

En medio de los pocos muebles, fotografías, ropa y juguetes.

Yolanda Hernández Martínez, de 30 años, quien dijo ser la esposa de Flores Alvarado, afirmó que la Policía Judicial sólo encontró en su domicilio ubicado en la calle 17 manzana 145 lote 32, de la colonia Valle de Los Reyes, una pistola que utilizaba su marido para su protección y un libro del cual desconoce su contenido.

Pablo Alvarado, detenido este martes en la ciudad de México, junto con otras cuatro personas como presuntos responsables de los atentados perpetrados el pasado 8 de agosto en tres sucursales del Banco Nacional de México, alquila una vivienda a la familia Ramírez Contreras.

Sin embargo, versiones de su esposa señala que Alvarado Flores en pocas ocasiones llegaba a su domicilio, "todo el tiempo se la pasaba viajando, supuestamente en su trabajo en los estados de Hidalgo y Puebla".

Hernández Martínez indicó que se dedican a la venta de ropa usada y revistas en los mercados sobre ruedas.

Aunque Yolanda Hernández aseguró que nunca se enteró de que su pareja estuviera implicado con grupos guerrilleros, él constantemente le señalaba que estaba en desacuerdo con la pobreza que existe en el país. "El decía que iba a luchar por los pobres para que tuvieran algo, pues mucha gente moría de desnutrición y por falta de medicina", apuntó.

Asimismo, comentó que al parecer el libro que encontró la Procuraduría General de la República tenía información referente al Ejército Popular Revolucionario.

Según la versión de los vecinos, Pablo Flores Alvarado esporádicamente visitaba a su esposa y su hija Azucena de cuatro años de edad.

El día del cateo, explicó Yesenia Ramírez Contreras, una de las hijas de los propietarios del domicilio, antes de que amaneciera tocaron a la puerta y mi hermano abrió. De inmediato, los judiciales lo encañonaron y entraron en forma violenta, juntando a los seis integrantes de la familia para proceder a la revisión de la vivienda".

Narró que como no encontraron nada en la casa principal, procedieron a revisar los cuartos que le rentan desde hace cuatro años a Yolanda Hernández, de donde sacaron a la mujer y a su hija, a quienes les dijeron que no tenían nada contra ellas.

En los cuartos donde vive Yolanda Hernández fue donde se localizó una pistola, que dijo era utilizada por su esposo para su protección así como el libro.

Después de la revisión, los policías abandonaron el lugar junto con su esposo y a casi 48 horas de su detención desconoce su paradero.

Asimismo informó que presentará una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos, por la forma en que penetraron los policías a su domicilio, quienes además, acusó, le robaron mil pesos que tenía guardados para su gasto.

FARP

Ť Estuvieron ayer en la sede del MP en Azcapotzalco

Enviados de CNDH y PGR constatan condiciones de los cinco capturados

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

La noche de ayer un visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y dos médicos de ese organismo acudieron en compañía de dos representantes de la Dirección General de Protección de Derechos Humanos de la PGR, a constatar las condiciones de detención y estado físico de los cinco presuntos integrantes de las FARP, capturados en el Distrito Federal y estado de México la madrugada del lunes.

De acuerdo con información obtenida en la PGR, los funcionarios de la CNDH asistieron a las instalaciones del Ministerio Público Federal en Norte 44, en la delegación Azcapotzalco, luego de que la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) presentara una queja por la supuesta desaparición de los hermanos Alejandro, Héctor y Antonio Cerezo Contreras.

Sin embargo, Alejandro y Héctor se encuentran en calidad de detenidos en esas instalaciones, junto con Alfonso Herrera Vázquez, Pablo Flores Alvarado y Sergio Galicia Max, quienes están acusados de delincuencia organizada, terrorismo y daños en propiedad ajena, luego de que la autoridad los estimara partícipes de las explosiones ocurridas en tres sucursales de Banamex, el pasado 8 de agosto.

La CNDH, según información recabada en ese organismo, recibió de la PGR información, desde la misma noche del lunes, acerca de cómo ocurrió la detención de las cinco personas.

Por otra parte, funcionarios de la PGR desmintieron que abogados o familiares de los cinco detenidos "hubieran concurrido a preguntar, o hayan solicitado la intervención de la dirección de derechos humanos para establecer contacto con ellos".