VIERNES Ť 17 Ť AGOSTO Ť 2001

Ť Con comentarios desafortunados se presta a hacerle el juego al PAN: Carlos Rojas

Priístas se deslindan del diputado Salvador Rocha

Ť Lamentable, que el PRI no tenga definición propia de la causa indígena: Martínez Veloz

Diputados y senadores del PRI se deslindaron ayer de la postura de su correligionario Salvador Rocha Díaz, quien el miércoles salió a la defensa de la ley indígena, aseguró que la paz en Chiapas no es responsabilidad del Congreso, calificó de indigenólogos e ignorantes a los gobernadores que interpusieron recursos de inconstitucionalidad en contra de la reforma y evidenció una alianza con el senador panista Diego Fernández de Cevallos.

Entrevistados por separado, los priístas consideraron que el Congreso sí es responsable del proceso de paz, y advirtieron que la mayoría en su partido lamenta que Rocha Díaz se haya prestado a seguir el juego del panista.

"El PRI cometió ya un pecado de origen, al no tener la capacidad de impulsar el proceso de negociación con el EZLN, y no puede en forma alguna aparecer ahora como cabús del tren del PAN", puntualizó el diputado priísta Jaime Martínez Veloz.

Por su lado, el coordinador de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados, Martí Batres, calificó como profundamente irresponsable la actitud de Fernández de Cevallos y de Rocha Díaz, pues con ello se están constituyendo en un obstáculo severo para la paz.

Mientras, el secretario general adjunto del episcopado mexicano, Francisco Javier González, afirmó que a pesar de las críticas contra las reformas sobre derechos y cultura indígenas, es necesario reconocer que este nuevo marco legal representa un esfuerzo importante del Ejecutivo y legisladores para atender las necesidades de los pueblos y comunidades indios.

Señaló que como toda obra humana, dicha ley es perfectible, y exhortó a zapatistas y al resto de las organizaciones que la rechazan a ser "propositivos" y ver realmente por las necesidades de los indígenas.

Sin representación

Ex integrante de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), el diputado Martínez Veloz aclaró que a él en ninguna forma lo representa Salvador Rocha Díaz, e insistió en que su partido está ante una situación definitoria: "estar con las mayorías, con la causa indígena o con los terratenientes o neolatifundistas".

Consideró que si Rocha Díaz se atrevió a recomendar a los gobernadores de Chiapas y Oaxaca que estudien derecho -por haber interpuesto controversias constitucionales contra la reforma indígena-, a él hay que recomendarle que estudie ética.

Reconoció que desafortunadamente tanto la Cámara de Senadores como la de Diputados legislaron con ese criterio falso que ayer exhibió Rocha Díaz, de que el Poder Legislativo no tiene nada que ver con la búsqueda de la paz.

"Ello nos llevaría a preguntarnos de qué sirvió todo el esfuerzo que hicimos en el Congreso para conformar la Cocopa y para llevar adelante los diálogos de paz con los zapatistas, si la reforma indígena que se aprobó dejó marginado el proceso de pacificación", comentó.

Lo lamentable, insistió, es que el PRI como partido no tenga una definición propia sobre la causa indígena y el movimiento zapatista, "y que vayamos a la cola del PAN".

Martínez Veloz recalcó que hay muchas voces dentro del PRI que consideran que ese partido, ahora en la oposición, debe estar del lado de los indígenas, y no de pequeños núcleos muy poderosos económicamente, que se impusieron para negar en la reforma indígena los derechos de los grupos étnicos del país.

El diputado del PRI por Oaxaca, Ildefonso Zorrilla, precisó que la postura de Rocha Díaz no es compartida por la mayoría de los priístas. Rechazó luego que el gobernador José Murat haya presentado la controversia constitucional con desconocimiento jurídico, como lo acusó el defensor de Jorge Lankenau.

Agregó que Murat conoce a fondo el tema, ya que gobierna un estado con población mayoritariamente indígena y que cuenta con una ley estatal que sí respeta la autonomía de los grupos étnicos y reconoce a las comunidades como entidades de derecho público.

La actitud de Rocha Díaz motivó comentarios de desaprobación general en la reunión de trabajo que ayer iniciaron en Tlaxcala los senadores del PRI.

Es lamentable, consideró el senador Carlos Rojas, que alguien tan serio, que tiene gran conocimiento jurídico, se preste a hacerle el juego al PAN, con comentarios desafortunados como los que formuló.

"Ello enrarece el clima", agregó Rojas Gutiérrez, y precisó que la mayoría de los legisladores del tricolor no comparten esas opiniones.

Luego de entrevistarse con el secretario de Gobernación, el perredista Martí Batres manifestó que aún hay posibilidad de que las cosas cambien con relación a la ley indígena. "Tengo la impresión de que van a pasar muchas cosas; es decir, no veo por dónde pueda cantar victoria nadie".

Al respecto, consideró que Fernández de Cevallos también perdió en la discusión de la ley indígena, pues dibujó a su partido como el obstáculo para los derechos de los pueblos indios, le puso piedras en el camino al gobierno y dejó la sensación de que su fuerza política es discriminatoria hacia los indígenas. Frente a ese panorama, Ƒqué festeja?, preguntó.

Con la posición "aventurera" del panista, agregó, se daña la paz, porque ésta no se reinicia; daña el diálogo, porque no se da, y afecta al Congreso, porque merma su prestigio ante la sociedad.

En Cancún, la senadora panista María Luisa Calderón Hinojosa consideró que la ley indígena no divide al país; por el contrario, muestra a México haciendo un ejercicio libre de sus instituciones.

Por su lado, el gobernador del estado de México, Arturo Montiel, consideró que una vez promulgado el nuevo estatuto jurídico, éste debe ser asumido en cada estado porque se trata de una ley federal, y no es "particular".

El filósofo Luis Villoro señaló que pese a tener "algunas virtudes", como elevar a rango constitucional la libre determinación y autonomía de las comunidades y pueblos indígenas, la ley en la materia padece muchas deficiencias que no dan respuesta a sus reivindicaciones más importantes, como el no reconocer "su derecho colectivo al uso y disfrute de los recursos en sus territorios".

Villoro, quien reiteró que la única solución a este problema es "la reforma de la reforma", demandó que los legisladores que la aprobaron tengan la "responsabilidad social y valentía" de reconocer que no dan satisfacción plena a las demandas indígenas. Esa reforma, siguió, no consistiría en una nueva ley, sino en "un ajuste racional y jurídico" de los puntos que no responden a las necesidades de esos pueblos, y así éstos puedan aceptarla.

Villoro planteó que la idea "puramente liberal" de proclamar la igualdad de derechos de todos los mexicanos para resolver el asunto de las diferencias culturales "es falsa o por lo menos incompleta, pues no responde realmente al problema". En cambio, precisó, "tenemos que llegar a una idea de la justicia en la cual la igualdad de oportunidades que tengan todos los grupos sociales no excluya el respeto a las diferencias que cada quien tiene".

ANDREA BECERRIL, JOSE A. ROMAN, ROSA E. VARGAS, MATILDE PEREZ, ARTURO JIMENEZ Y LOS CORRESPONSALES CARLOS CAMACHO Y SILVIA CHAVEZ