VIERNES Ť 17 Ť AGOSTO Ť 2001

LEY INDIGENA

Ť Denuncian la realización de al menos 104 operativos en los últimos cuatro meses

Crece hostigamiento militar en Chiapas: ONG

Ť El Ejército federal se ha reposicionado; quitó siete retenes pero instaló otros 12, dicen

CLAUDIA HERRERA BELTRAN

Organismos no gubernamentales aseguraron ayer que después de la aprobación en el Congreso de la Unión de las reformas constitucionales sobre derechos y cultura indígenas, en abril pasado, se incrementaron las acciones de hostigamiento del Ejército y de paramilitares en comunidades chiapanecas, ya que en los últimos cuatro meses se han realizado al menos 104 operativos militares.

Global Exchange, la Red Comunitaria de Defensores por los Derechos Humanos y el Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC) afirmaron que los militares se han reposicionado en Chiapas, pues aunque se anunció el retiro de siete retenes, fueron instalados otros 12.

Ernesto Ledesma, director del Programa Chiapas, dijo que no ven ningún cambio de este gobierno respecto del de Ernesto Zedillo en cuanto al papel del Ejército, ya que de abril a agosto las comunidades indígenas han denunciado acciones de hostigamiento, retenes permanentes, patrullajes, sobrevuelos, reposicionamientos militares, entrenamiento castrense e interrogatorios a la población.

Como resultado de estas acciones, explicó en conferencia de prensa, ha habido detenciones arbitrarias, lo que ha provocado el desplazamiento de indígenas en los municipios de Ixtapa y Venustiano Carranza, en el predio Cuatro Milpas en Tapachula, y han sido reprimidos trabajadores de la comisión México-EU para la erradicación del gusano barrenador del ganado, los campesinos del Mocri y los miembros de la sociedad civil que tomaron las oficinas de la Secretaría de Agricultura en Tuxtla Gutiérrez y Marqués de Comillas.

Sobre las acciones de los paramilitares, señaló que a partir del 20 de enero de 2001 Paz y Justicia ha sostenido diversas reuniones con autoridades municipales para solicitar el retorno del Ejército y reunir una lista de zapatistas. Entonces se preguntó qué ocurrió con la promesa de poner fin a las acciones paramilitares, si en lo que va del año no ha habido aprehensiones de integrantes de estas organizaciones y fue liberado Samuel Sánchez, de Paz y Justicia. "Regresamos a épocas muy duras, como cuando Zedillo era presidente", advirtió.

Rubén Moreno, de la Red Comunitaria de Defensores por los Derechos Humanos, calificó las promesas de cambio de Fox como "una apariencia" porque no ha habido disminución de efectivos militares, sino un reposicionamiento de los puestos castrenses y un incremento de las acciones del Ejército. "Se renueva la estrategia de una guerra de baja intensidad", aseguró.

En el detallado recuento de denuncias, se refirió al incremento de la presencia militar en caminos y comunidades del municipio autónomo Ricardo Flores Magón, además del reforzamiento de los cuarteles en Cintalapa y Crucero Palestina.

Indicó también que se instaló un campamento militar en la comunidad de Paraíso y se reinstalaron retenes en el poblado de Chocoljaito y en el tramo carretero del Clavo. Además, el 20 de julio una avioneta y un helicóptero del Ejército federal sobrevolaron varias comunidades, y en la comunidad Victórico Grajales hubo una incursión nocturna de 40 soldados.

Explicó que en los Altos de Chiapas las asambleas comunitarias son vigiladas por soldados, además de que se han escuchado detonaciones constantes de armas de fuego que intimidan a los habitantes de las comunidades vecinas a la 31 Zona Militar.

Gustavo Castro, de CIEPAC, consideró que detrás de la aprobación de las reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígenas tal como la propusieron PAN y PRI hay intereses de empresas trasnacionales para que las comunidades indígenas no puedan aprovechar sus recursos naturales.

Ante estas denuncias, las tres ONG exigieron en un comunicado dirigido al presidente Vicente Fox y al gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, alto a los hostigamientos y a las violaciones de los derechos humanos, solución al problema de la población indígena desplazada, una verdadera consulta sobre el Plan Puebla-Panamá, y que el Ejecutivo federal retome la conducción y el papel actual de las fuerzas armadas como indica el marco constitucional.