VIERNES Ť 17 Ť AGOSTO Ť 2001
Ť Congresistas estadunidenses piden suspender la ayuda si la ley entra en vigor
Otorgan poderes judiciales al ejército colombiano
Ť La legislación que firmó Pastrana también faculta al gobierno para luchar contra terroristas
AFP Y DPA
Santafe de Bogota, 16 de agosto. El presidente de Colombia, Andrés Pastrana, firmó hoy una polémica ley que otorga poderes judiciales a las fuerzas armadas y faculta al gobierno para emitir un estatuto de lucha contra el terrorismo y los grupos ilegales.
La iniciativa, cuestionada por dirigentes humanitarios y algunos congresistas estadunidenses, permite al Ejecutivo crear un cuerpo especializado de las reservas militares "destinado a la vigilancia específica de la infraestructura energética y ambiental del país, blanco permanente de los atentados terroristas", señaló la gubernamental agencia de noticias Ancol.
Pastrana firmó la ley en momentos que el Ejército de Liberación Nacional incrementó sus atentados dinamiteros contra la infraestructura energética y vial y otros objetivos estatales y privados, una semana después que el mandatario anunció la suspensión del diálogo de paz con ese grupo.
Organizaciones de derechos humanos se-ñalaron que con esta norma las fuerzas ar-madas quedan facultadas para cumplir, bajo ciertas circunstancias y de manera transitoria, funciones judiciales como arrestos, le-vantamientos de cadáveres, recolección de pruebas y requisa de personas.
Algunos congresistas de Estados Unidos pidieron al presidente George W. Bush que suspenda la ayuda a Colombia si la ley entraba en vigencia, al considerar que las fuerzas militares pueden cometer abusos contra la población civil, señaló Dpa.
Por otra parte, los tres irlandeses detenidos el sábado pasado en Colombia, bajo sospechas de pertenecer al Ejército Republicano Irlandés (ERI) y de instruir en te-rrorismo a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), dijeron en la primera indagatoria que son "turistas".
Algunos abogados comentaron que todavía no es claro si los presuntos miembros del ERI serán procesados por instruir en te-rrorismo a las FARC, pues se necesitarían pruebas más contundentes.
El caso reavivó la polémica sobre la validez de la zona desmilitarizada de 42 mil kilómetros en el sur del país, bajo control de las FARC y sede de las pláticas de paz, cuya vigencia vence en octubre próximo.