Ť A un año de la matanza no habrá "festejo luctuoso", indica

El edil de Chimalhuacán solicita apoyos para resguardar inmuebles

RENE ALVARADO, ISRAEL DAVILA Y ANGELES VELASCO CORRESPONSALES

El sábado se cumple un año del enfrentamiento ocurrido entre grupos antagónicos del PRI, cuya disputa por el control político y administrativo del municipio mexiquense de Chimalhuacán dejó un saldo de diez muertos, más de 100 heridos ?la mayoría de bala? y 72 personas bajo proceso penal.

Incluso la tensión continúa, por lo que el presidente municipal Jesús Tolentino Román Bojórquez informó que por prudencia no habrá "festejo luctuoso" para sus simpatizantes caídos, y solicitó el apoyo del gobierno del estado para que los cuerpos policiacos resguarden los principales inmuebles públicos.

"No creemos que exista mayor peligro, pero no hay que confiarse", por eso habrá seguridad especial en puntos estratégicos, como son las instalaciones del DIF municipal, el organismo operador de agua, los pozos de agua, la subestación eléctrica y el palacio municipal, señaló.

Denunció que desde hace varios días han recibido amenazas a través de llamadas anónimas, incluso "desde la cárcel la señora Guadalupe Buendía ha lanzado amenazas contra algunos líderes políticos y ha llamado a las oficinas de la secretaría del ayuntamiento y de la presidencia municipal". Por ello indicó que se buscará evitar cualquier acto de sabotaje o agresión.

Recuento del enfrentamiento

Luego de las elecciones locales del 2 de julio de 2000, el conflicto poselectoral se agudizó entre los grupos antagónicos del PRI: Antorcha Campesina, de Jesús Tolentino Román Bojórquez, y la Organización de Pueblos y Colonias (OPC), de Guadalupe Buendía Torres, La Loba.

Incluso días antes simpatizantes del actual presidente municipal sostuvieron un enfrentamiento con seguidores de los ex candidatos del PRD y PAN a la alcaldía, Raúl Carpinteiro y Andrés Cedillo, respectivamente. Estos últimos trataron de impedir que el candidato triunfador obtuviera su constancia de mayoría, lo que generó un zafarrancho, donde decenas de personas resultaron lesionadas.

Pero el conflicto mayor ocurrió el 18 de agosto de 2000, cuando más de mil 500 simpatizantes de la lideresa priísta La Loba tomaron una noche antes el palacio municipal y la plaza pública para impedir que su compañero de partido tomara posesión del cargo con la entrega-recepción de las instalaciones del recinto oficial de Chimalhuacán.

La mañana de ese viernes 18 de agosto, en esta localidad ubicada a tan sólo 30 kilómetros de ciudad de México, los simpatizantes de la OPC, encapuchados y apoyados con armas de fuego y aparatos explosivos de fabricación casera, se introdujeron al inmueble y con clavos sellaron los accesos para impedir la entrada a las nuevas autoridades y sus simpatizantes, que también superaban las mil personas.

A pesar de que más de 300 granaderos estaban apostados en la cercanía de la plaza pública, no intervinieron para impedir el enfrentamiento, en el que hubo fuego cruzado entre ambos bandos.

Negligencia del gobierno del estado

El alcalde Jesús Tolentino Román Bojórquez señala que en su municipio se acabaron la violencia, arbitrariedades, anarquía y principalmente la impunidad, y que en Chimalhuacán en estos 12 meses se logró establecer un clima de respeto, trabajo y progreso.

"Estoy completamente convencido de que lo ocurrido en aquel tiempo fue una artera agresión que tuvo que pagar el grupo de mis simpatizantes", agregó.

El alcalde consideró que la verdad de lo ocurrido se está abriendo paso por sí sola. "La historia le va a dar la razón a quien la tenga", indicó.

Incluso la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) ha manifestado que el gobierno mexiquense sólo ha cumplido de manera parcial con las recomendaciones emitidas por esos hechos.

El proceso

Actualmente, y a pesar de que después de los hechos fueron detenidas más de 200 personas, sólo 72 están bajo proceso penal en Santiaguito, en Almoloya de Juárez.

Al respecto, el coordinador de Derechos Humanos de la PGJEM, David Ancira Martínez, indicó que sólo 63 personas recibirán sentencia en este plazo, mientras que el resto solicitó ampliación del término constitucional, por lo que podría ser hasta diciembre cuando se decida su situación jurídica.

Entre los procesados que pidieron ampliación del término constitucional se encuentran Guadalupe Buendía y sus familiares. Dijo que todavía faltan por cumplir 22 órdenes de aprehensión.