Los indicadores dados a conocer esta semana no dejan lugar a dudas: el país ha entrado en una etapa de crecimiento nulo, si se comparan los resultados del segundo trimestre con el mismo periodo del año pasado. Por lo que hace a las perspectivas de desarrollo anualizado, éstas no dejan de reducirse y hoy se dice que el crecimiento del PIB puede ser inferior en apenas unas décimas de punto porcentual. 

Si se considera el crecimiento demográfico, el resultado será una masa económica menor para una población más numerosa: la segunda será, en suma, más pobre que el año pasado, por lo que la gran mayoría de la gente habrá de vivir un empobrecimiento neto.

Estos números amargos obligan a recordar lo ocurrido en forma sistemática en los últimos arranques de sexenio priístas, en los que el país debía reconstruirse de sucesivos desastres administrativos, de torpezas en el manejo económico o de saqueos más o menos sistemáticos por parte de la clase política y de sus socios empresariales.

Ciertamente, y a diferencia de lo ocurrido en 1976, 1982, 1988 y 1994, en esta ocasión los factores principales de la recesión no parecen encontrarse en un deficiente manejo gubernamental de la economía, sino en elementos externos, el principal de los cuales es, sin duda, la desaceleración de la economía en Estados Unidos, principal socio comercial y mercado para la producción mexicana. 

Pero si las actuales autoridades se empeñan en minimizar la gravedad del actual estancamiento podrían contribuir a profundizarlo y prolongarlo, así como a incrementar sus dolorosos costos sociales.

Reconocer el tamaño de la contingencia sería el primer paso necesario para contrarrestarla, en la medida de lo posible, contribuyendo a reactivar el mercado nacional, y la economía en general, por medio de los presupuestos estatales y mediante disposiciones que lleven a las instituciones financieras privatizadas a realizar la que debiera ser una de sus tareas centrales, por más que lleve lustros sin cumplirla: otorgar créditos a la industria y a particulares.

Es cierto que, bajo las actuales reglas de la globalización generalizada, los gobiernos no cuentan con grandes márgenes de acción en materia económica, pero aun así las autoridades nacionales disponen de los mecanismos necesarios para atenuar las consecuencias del entorno internacional recesivo alentando la producción y el mercado nacionales.