SABADO Ť 18 Ť AGOSTO Ť 2001
Ť Dio 30 días para informar cómo se aprobó la legislación
Admitió la Corte controversia de Oaxaca contra la ley indígena
GUSTAVO CASTILLO GARCIA
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió la demanda de inconstitucionalidad de las reformas sobre derechos y cultura indígenas, promovida por el gobierno de Oaxaca.
El máximo tribunal del país notificó al Presidente de la República, al Congreso de la Unión y a los 31 congresos estatales que están señalados como autoridades responsables de haber aprobado una legislación que atenta contra los preceptos constitucionales.
El caso, que inicialmente fue rechazado por el ministro Mariano Azuela Güitrón por contener fallas jurídicas, tendrá como ministro ponente a José Vicente Aguinaco Alemán.
Todas las autoridades señaladas como responsables en la demanda de juicio de controversia constitucional tendrán un plazo de 30 días hábiles para informar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la manera en que se realizó la aprobación de las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De esta manera, las cámaras de Senadores y de Diputados, así como las legislaturas locales deberán enviar copia de sus dictámenes y de las actas de las sesiones en las que votaron la aprobación de la iniciativa.
De acuerdo con fuentes oficiales de la Corte, la SCJN también solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que remita copia certificada del convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el que se establecen acuerdos internacionales que México adoptó en materia de derechos indígenas.
Hasta el momento, en la SCJN se han presentado cuatro demandas de controversia constitucional en las que solicitan la anulación de las reformas legales que han dado origen a la llamada ley indígenas, promulgada el pasado 14 de agosto.
El procedimiento que seguirán estas controversias constitucionales será que la Corte determinará si tienen fundamento legal, y posteriormente, en un tiempo no fijado en la ley, deberá dictaminar si son o no legales las reformas jurídicas ya aprobadas.