LUNES Ť 20 Ť AGOSTO Ť 2001
Ť En 1992, las reformas constitucionales más recientes
Desde los años 20, esfuerzos por regular el sector eléctrico
Ť La electricidad, en manos privadas en los inicios
CIRO PEREZ SILVA
En sus inicios, a finales del siglo antepasado la electricidad fue generada por la industria privada, especialmente en los sectores textil y minero, destinándose principalmente al autoconsumo. Los excedentes que se comercializaban eran limitados y no cubrían la demanda de otros sectores de la economía ni de la población en general, además de carecer de un marco normativo y de instituciones que regularan su producción, transmisión y distribución.
A partir de los años 20 comenzó un primer esfuerzo para ordenar la industria eléctrica, con la creación de la Comisión Nacional para el Fomento y Control de la Industria de Generación y Fuerza, más tarde conocida como Comisión Nacional de Fuerza Motriz.
Para dar sustento a la regulación que empezaba a realizar el Estado, en 1926 se promulgó el Código Nacional Eléctrico, y en 1934 se reformó la fracción X del artículo 73 de la Constitución, respecto a la facultad del Congreso de la Unión para legislar en la materia.
Hasta mediados de la década de los 30 el papel del Estado se concretó a expedir disposiciones jurídicas para la industria eléctrica y a desarrollar una estructura institucional, como complemento de las labores de las empresas privadas. En 1937 el gobierno federal creó la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con el objetivo fundamental de acelerar la cobertura del suministro.
En las décadas de los 40 y 50, el Estado adquirió un papel creciente en la industria eléctrica, con una activa política de inversión, ya que sólo las grandes concentraciones urbanas y las incipientes zonas industriales gozaban de este servicio. Durante los 40, debido a la limitada capacidad de generación, sólo la mitad de los mexicanos contaban con electricidad. La capacidad instalada en 1940 era tan sólo de 479 megavatios (alrededor de 1.3 por ciento de la actual).
En los años 50 se continuó la electrificación del país y se impulsó la electrificación rural. Aun así, los sistemas eléctricos continuaban aislados y las interrupciones prolongadas y geográficamente extensas eran frecuentes.
En 1960 se nacionalizó la industria eléctrica. La reforma constitucional correspondiente estableció, en el sexto párrafo del artículo 27, la exclusividad de la nación en lo relativo a generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica para la prestación del servicio público.
Para entonces el gobierno federal había adquirido las acciones de las empresas eléctricas privadas, al tiempo que reforzó el papel de la CFE. Con esto se logró la integración de los distintos sistemas eléctricos regionales que existían entonces en el país.
A raíz de la fusión y compra de acciones de diversas empresas que prestaban el servicio eléctrico en la región central del país surgió la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, que opera de manera independiente respecto de la CFE para satisfacer la demanda de energía eléctrica en esa parte del territorio.
Las características técnicas de la industria en los años 60 demandaban, por razones de economías de escala, grandes proyectos. Su financiamiento requirió la participación del sector público con el apoyo de la banca internacional de desarrollo.
En el decenio de los 60, a iniciativa de la CFE, se lograron la interconexión de los sistemas eléctricos que habían dejado las diversas empresas y la unificación de la frecuencia eléctrica en 60 ciclos por segundo. Esto abrió la posibilidad de normalizar equipos eléctricos y reducir significativamente los costos de la energía eléctrica para la planta industrial mexicana.
Los avances en la legislación secundaria se plasmaron en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que desde 1975 estableció las normas de funcionamiento de la nueva industria eléctrica nacional bajo el criterio de exclusividad estatal en la prestación del servicio público.
Durante este periodo se observaron tasas de inflación considerablemente superiores a las observadas en las dos décadas anteriores. Las tarifas del servicio eléctrico no se ajustaron al ritmo del crecimiento inflacionario, lo que debilitó las finanzas de los suministradores de la industria eléctrica.
Las diferencias entre las tarifas eléctricas y los costos de la generación, transmisión, distribución y comercialización de electricidad provocaron niveles crecientes de subsidio, por lo que no fue suficiente el financiamiento bancario y se tuvo que recurrir a las aportaciones del gobierno federal.
Con este modelo, los subsidios a las tarifas eléctricas provocaron que la expansión del sector no fuera autofinanciable y que las entidades públicas responsables del sistema eléctrico adquirieran importantes pasivos financieros.
Así, si bien continuó aumentando la capacidad instalada del sistema eléctrico, la expansión se dio de manera discontinua dependiendo de las posibilidades de acceso a recursos crediticios.
Las reformas a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, de diciembre de 1992, y una nueva reglamentación abrieron un espacio limitado para la participación privada nacional y extranjera en el sector, al precisar el criterio de servicio público y delimitar las actividades que están a cargo del Estado en forma exclusiva y aquellas en las que pueden participar los particulares.