lunes Ť 20 Ť agosto Ť 2001
Elba Esther Gordillo
El Congreso, factor de transición
El primero de septiembre se iniciará un nuevo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión. La jerarquía de los principales temas de la agenda legislativa, las condiciones que singularizan este tiempo político (hace unos días Eduardo Sojo reconoció que el atorón de la economía se ha convertido en recesión), la complejidad del escenario al interior y la nueva relación entre poderes, entre otros factores, señalan al Congreso como uno de los protagonistas principales de la alternancia y le confieren una responsabilidad mayor en el diseño de la nueva arquitectura institucional que reclama el México del siglo xxi.
El Congreso conocerá, discutirá y, en su caso, aprobará en los próximos días y semanas algunas iniciativas cruciales en términos de viabilidad y gobernabilidad.
La agenda legislativa incluye el "paquete financiero", la cuenta pública, la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto del Presupuesto de Egresos para el año 2002. Una materia que cobra hoy sentido de urgencia es la reforma hacendaria; es imperativo fortalecer las finanzas públicas y hacerlo sin perder de vista dos mandatos constitucionales: equidad y proporcionalidad.
Están también otros proyectos: la reforma de la industria eléctrica, el perfeccionamiento de la reforma electoral (hay todavía mucho que hacer en términos de reglamentación de las precampañas, relección de legisladores, revisión del sistema de coaliciones y alianzas electorales, reducción de la duración de las campañas electorales, entre otros) y la reforma laboral que se discute en estos días con la participación de actores productivos y sindicales, por mencionar algunos.
Pero están también otras iniciativas que se inscriben en la construcción de una gobernabilidad democrática: concluir la reforma política del Distrito Federal resolviendo las contrahechuras que dejaron el gradualismo, la miopía y los intereses electorales, dar por primera vez un sustento legal a las tareas de inteligencia del Estado mexicano con una Ley de Seguridad Nacional, expedir una Ley del Servicio Civil, que favorezca la profesionalización de la administración pública, y un tema de mayor jerarquía: la reforma del Estado.
Las elecciones federales de 1997 constituyeron un quiebre mayor en la larga historia de preminencia del Ejecutivo. Sin embargo, es con la 58 Legislatura cuando el Congreso de la Unión está ante la oportunidad histórica de desempeñar una centralidad política que no ha conocido en mucho tiempo.
Los mismos saldos electorales (en el Legislativo ninguna fracción tiene posibilidad de imponerse sobre las otras) constituyen un mandato para la deliberación y el acuerdo. Corresponde a los legisladores construir los pactos necesarios para concretar las decisiones que el país reclama. Pero construir acuerdos exige dejar atrás formas de subdesarrollo político: intransigencias que veían la negociación como algo censurable y pecaminoso; superar las lógicas de la partidocracia y de la rentabilidad político-electoral que en el pasado reciente convirtieron en rehén al avance político.
El Congreso tiene la responsabilidad de jugar un papel constructivo frente a los otros poderes sin el sometimiento de los viejos tiempos, pero tampoco la confrontación a ultranza que llevaba a jugar a las "vencidas" con el Presidente de la República. Toca al Poder Legislativo constituirse en un espacio capaz de deliberar, procesar y legislar teniendo como referente el interés del país.
La 58 Legislatura puede pasar a la historia como una más y ser una gran decepción que frustre las expectativas de cambio. Pero puede, por el contrario, convertirse en el Congreso que esperábamos desde hace décadas: autónomo, independiente, productivo, expresión de la pluralidad del país. Esta última es la apuesta de la transición.