Ť Determina el GDF revocarle permisos; convocará a una subasta pública nacional

Grupo Sare ya no explotará espacios del Metro

Ť La empresa habría incurrido en situaciones contrarias al interés público, el argumento

LAURA GOMEZ FLORES

El gobierno capitalino determinó revocar el permiso que posee el grupo Sare para el uso, aprovechamiento y explotación de 995 locales comerciales y mil 547 espacios dentro de las instalaciones del Metro, e iniciar las gestiones para convocar a una subasta pública nacional a las empresas interesadas en participar en la administración de esos sitios.

El área jurídica del Sistema de Transporte Colectivo se encarga de analizar los contratos firmados por el grupo con los prestadores de servicios y determinar su aceptación o rescisión, aunque los 100 locales dedicados a la elaboración de alimentos serán desmantelados por los riesgos que conlleva a los usuarios ante el uso de combustibles, generación de fauna nociva y basura, así como los 18 locales ubicados en respiraderos que se encuentran fuera de la norma establecida en el contrato asignado el primero de marzo del año 2000.

El subdirector de administración y presupuesto del STC-Metro, Manuel Fuentes Muñiz, precisó que en los siguientes días se notificará a la empresa sobre esta determinación, la cual podrá recurrir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo a solicitar un amparo, el cual no detendrá la revocación del permiso administrativo que poseía por ocho años cinco meses. La propia naturaleza de este instrumento establece la posibilidad de un procedimiento interno de cancelación sin necesidad de recurrir a tribunales y esperar el fallo del juez.

La Oficialía Mayor dio la orden de proceder contra Sare al incurrir en situaciones contrarias al interés público y no representar ningún beneficio para el Metro, pues tan sólo este año le entregó 12 millones 480 mil pesos, equivalentes a dos días de venta de boletos en taquilla.

Así que "realmente no representan ningún ingreso importante para continuar con las obras de mantenimiento del Metro, para lo cual están previstos esos recursos adicionales y no nos afectaría en nada en sacarla del mercado", señaló el gerente de recursos financieros del STC, Salvador Mora, al considerar desventajoso este convenio, pues la empresa se queda con 45 por ciento de los ingresos obtenidos por la renta de las áreas comerciales.

De ese porcentaje debería aportar alguna cantidad para la vigilancia de los locales, recolección de basura y mejoramiento de imagen, mencionó, dado que estos costos son absorbidos por el sistema, que los prorratea en los diversos servicios que ofrece a la ciudadanía y va en contra del espíritu del bando número 22 del GDF, de mejorar la hacienda pública.

Hasta la fecha los PATR's firmados con Sare, Interticket e Interprise de México han sido "leoninos", pues se obtuvo una cuarta parte de los ingresos estimados en los útlimos 17 meses, es decir, de 178.2 millones el organismo sólo recibió 44.9 millones de pesos porque muchos de los locales o espacios comerciales no se rentaron y la empresa a final de cuentas no cumplió con lo pactado, indicó.

El equipo de abogados del STC-Metro terminó hace tres semanas el estudio que sustenta la revocación del permiso al grupo Sare, el cual fue entregado a la recién creada Comisión para el Uso, Aprovechamiento y Explotación de Espacios, que analiza y determinará cuándo se actuara, afirmó Fuentes Muñiz.

Se prevé que en los siguientes días se concrete esta situación, una vez determinada la estrategia legal para dejar sin efecto el permiso, el cual no tiene previsto el pago de daños y prejuicios, y analizar los alcances de los contratos firmados con prestadores de servicios por la renta de espacios -con valor promedio mensual de 2 mil pesos- para proceder en consecuencia.

Precisó que si son violatorios a las normas establecidas en el PATR, serán rescindidos principalmente los de elaboración de alimentos, aunque se verificará la documentación respectiva para determinar su legalidad y evitar problemas jurídicos posteriores.

"El tema no es tan sencillo porque la instalación de algunos comercios fue con la autorización del STC, a través de algunos de sus representantes legales o área técnica de la anterior administración.