MARTES Ť 21 Ť AGOSTO Ť 2001
Ť Proponen Huchim y Cárdenas fortalecer fiscalización
Plantean consejeros liquidar a partidos que pierdan su registro
Ť Se busca garantizar la transparencia en la gestión pública
GABRIELA ROMERO SANCHEZ
Consejeros del Instituto Federal Electoral y del Distrito Federal, así como militantes de diversos organismos políticos se manifestaron a favor de establecer un procedimiento de liquidación y disolución de los partidos cuando éstos pierdan su registro y fortalecer los mecanismos de fiscalización existentes, a fin de garantizar la rendición de cuentas y transparencia en la gestión pública.
Jaime Cárdenas y Eduardo Huchim, consejeros electorales del IFE y IEDF, respectivamente, van más allá y proponen además se obligue a los dueños de empresas privadas y autoridades, tanto hacendarias como bancarias, proporcionar a los institutos electorales toda la información que requieran para corroborar el origen, uso y destino de los fondos públicos y privados que reciben los partidos, incluyendo las precampañas.
El presidente de la Comisión de Fiscalización del IEDF, Huchim May, advierte que una asignatura pendiente es definir qué se debe hacer con los bienes de los partidos que pierden su registro. "Es necesario legislar sobre la liquidación de los institutos políticos, porque aunque no hayan obtenido el porcentaje de votos necesario para permanecer formalmente, recibieron financiamiento público, el cual proviene de los contribuyentes. Dinero que en el arreglo institucional vigente queda en manos de particulares", indica.
"Hay casos graves, como el PARM, donde sabemos que se adquirieron bienes, muchos de éstos quizá con recursos públicos; sin embargo, los dirigentes son quienes se quedan con ellos", acota el consejero federal Cárdenas.
Además equipara: "En una sociedad mercantil hay un proceso de liquidación; entonces por qué no hacer lo mismo en el caso de los partidos."
En sentido similar se expresa Huchim May, quien aclara que los institutos electorales no se quedarían con los recursos que se obtuvieran por la subasta de los bienes, sino que se pondrían a disposición de la Secretaría de Hacienda en el caso federal y de la Tesorería capitalina en el caso de la ciudad de México.
Porfirio Martínez, secretario de Finanzas del PRD-DF, establece que aunado a las modificaciones que se puedan hacer al Código Electoral, debe existir la supervisión permanente de parte de los militantes hacia sus dirigentes.
"Cuando no se vigila al funcionario o a los responsables de los partidos, éstos son proclives o pueden serlo a un manejo patrimonialista; ellos pueden decir: como soy dirigente y tengo a mi cuidado estos fondos los utilizo un poquito para servirme con éstos de manera personal, porque tengo derecho", indicó.
Cuauhtémoc Velazco, coordinador de Convergencia por la Democracia en la Asamblea Legislativa, indicó que en los estatutos de cada partido se debe prever qué hacer con los bienes en caso de que éste pierda el registro, de tal manera que éstos regresen a la nación.
Reconoce que puede haber un manejo "muy habilidoso" de parte de quienes dirigen a los órganos políticos, sobre todo de aquellos para quienes el interés público no es la finalidad, sino el negocio. "Pueden hacer gastos o inversiones que vayan a activos fijos y esto está totalmente validado por la ley", ejemplifica.
Velazco Oliva remata que a final de cuentas esos bienes se quedan con quien funda el partido, porque no hay ninguna previsión sobre el particular que actualmente lo impida.
Martínez González y Huchim May se refieren también al punto de las precampañas y la urgencia de regular lo relativo a precampañas. "El problema es que hacerlo implica un reto de dimensiones épicas, porque una y otra -regulación y fiscalización- se entrecruzan con los derechos de los partidos y de los ciudadanos", dice el consejero electoral.
En tanto que Martínez considera que es grave que un país como México tenga un presidente del que no sabemos el origen de los fondos que utilizó durante su precampaña y en su campaña. "Supongamos que vienen de negocios ilícitos y que los dueños de estos tienen intereses contrarios al país, entonces estamos en una situación muy peligrosa".
En entrevistas por separado, los consejeros electorales Huchim y Cárdenas coinciden en señalar que otro de los problemas a que se enfrentan durante la fiscalización es que los órganos electorales no pueden obligar a particulares a proporcionar información sobre los contratos que celebran con los partidos u órganos políticos. Mientras que los bancos se escudan en el secreto bancario y no dan cifras sobre los depósitos que los partidos políticos tienen en sus instituciones.
En la actualidad, si un órgano electoral solicita a una empresa informes ésta puede o no darlos. De hecho "esto nos ocurrió con Televisa durante la revisión de gastos de campaña del PRD, y no hay forma de obligarla", refiere Huchim May.
El secretario de Finanzas del PRD capitalino propone que esta negativa podría tipificarse como un delito penal, de tal manera que quien se niegue incurriría en un acto ilícito por el cual podría ser sancionado penalmente.