El titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, anunció ayer que la dependencia a su cargo investiga posibles violaciones a los derechos humanos de los cinco detenidos en relación con los ataques perpetrados, en nombre de las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP), en sucursales de Banamex. 

A decir del ombudsman, los acusados "desaparecieron" por un periodo de entre ocho y doce horas entre su arresto y presentación ante el Ministerio Público. Ello no sólo indicaría una conducta anticonstitucional por parte de la Procuraduría General de la República, toda vez que la Carta Magna ordena que los detenidos sean presentados de inmediato al MP, sino que, en ese lapso, los presuntos guerrilleros pudieron ser sometidos a torturas. Lo anterior se suma a las sospechas sociales acerca de posibles ilegalidades perpetradas en contra de los hermanos Cerezo Contreras, Pablo Flores Alvarado y Sergio Galicia Max, por parte de la institución federal de procuración de justicia. 

Este clima de sospecha debe ser atajado, y para ello es indispensable que la Procuraduría General de la República (PGR) presente públicamente las correspondientes órdenes de cateo y/o detención debidamente emitidas por una autoridad judicial, documentos cuya existencia ha sido puesta en duda por organismos de defensa de los derechos humanos. Asimismo, la dependencia debe responder a los requerimientos de la CNDH, informar puntualmente sobre lo ocurrido en el tiempo en el que se mantuvo "desaparecidos" a los presuntos miembros de las FARP. Si en ese lapso fueron víctimas de maltrato, los servidores públicos involucrados deben ser consignados de inmediato. Si no se procede de esta forma, la institucionalidad democrática sufrirá un primer y grave descrédito y se generarán condiciones propicias para prolongar la severa distorsión del estado de derecho que, en materia de garantías individuales y derechos humanos, padeció el país durante el sexenio de Ernesto Zedillo. 

Los posibles atropellos a los detenidos en relación con los atentados contra sucursales de Banamex no son los únicos casos en este sentido. Existen informes procedentes de Chiapas sobre un preocupante retorno a los métodos de hostigamiento aplicados a lo largo del gobierno pasado contra las comunidades pro zapatistas, métodos que, en su conjunto, fueron descritos por organismos humanitarios de México y del extranjero como guerra sucia. No puede obviarse, como factor de conformación de una lógica represiva aberrante, el irresponsable señalamiento contra la UNAM, formulado recientemente por un subprocurador, en el sentido de que la máxima casa de estudios podría ser un "semillero" de organizaciones armadas. 

Sería trágico que la actual administración recurriera a una estrategia semejante para combatir las expresiones de descontento social, independientemente de si se trata de manifestaciones pacíficas o violentas. En uno y otro casos, la institucionalidad democrática tiene la obligación de respetar escrupulosamente la legalidad vigente. De otra manera no se logrará más que larvar y profundizar la irritación imperante en importantes sectores de la población, ante lo que se percibe como una prolongación de las políticas económicas neoliberales de los tres gobiernos anteriores.