MIERCOLES Ť 22 Ť AGOSTO Ť 2001
Ť Confían en la sensibilidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Insisten CNI y ONG en que la reforma indígena viola el convenio 169 de la OIT
Ť Concluyó el seminario sobre el contenido y alcances de ese instrumento internacional
MATILDE PEREZ U.
El Congreso Nacional Indígena (CNI) y organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos confiaron en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tenga la sensibilidad política y jurídica para aceptar que la reforma constitucional sobre derechos y cultura indígenas viola el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) -considerado como ley suprema en el país-, y va en contra del espíritu constitucional de reconocimiento a las libertades y derechos de los pueblos indios.
Al concluir el seminario Promoción y difusión del contenido y alcance del convenio 169 de la OIT, los participantes de ambos grupos destacaron que dicho instrumento internacional da certidumbre para establecer una relación de justicia, respeto y dignidad entre los pueblos indígenas y no indígenas. Asimismo, informaron del inicio de una campaña de recolección de firmas que entregarán en noviembre a la OIT, para que acepte realizar una evaluación en torno a la reforma indígena.
Por lo pronto, en Chiapas, el municipio tzeltal Nicolás Ruiz interpondrá una controversia constitucional contra la reforma, acción a la que podrían sumarse los ejidos Amador Hernández, localizado en el municipio de Ocosingo, y San Jerónimo Bachajón, municipio de Chilón, dijo el coordinador del área jurídica del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, José Antonio Montero.
Las comunidades indígenas de 50 municipios de Yucatán y 15 de dos municipios de Quintana Roo del Foro Maya Peninsular, también recurrirán a la vía jurídica en contra de ''esa ley indigenista aprobada por los legisladores'', comentó Guillermo May.
''Los municipios y comunidades indígenas tienen lo que resta de este mes y septiembre para acudir al Poder Judicial de la Federación a reclamar actos inconstitucionales del Congreso de la Unión y del Ejecutivo; el plazo legal vence el 3 de octubre'', explicó José Antonio Montero.
Las controversias y acciones legales interpuestas, y las que se presentarán, son
como un llamado a la SCJN en torno al incumplimiento del Ejecutivo y el Legislativo de las obligaciones internacionales del Estado. ''Estamos pidiendo la nulidad y revocación de esos actos de autoridad que violaron los acuerdos internacionales y el espíritu constitucional'', abundó.
La reforma indígena es muy grave, es un agravio a los pueblos indios y sobre todo al marco jurídico internacional y nacional, expuso. ''Hay disposiciones de fondo que fueron violadas en las reformas constitucionales y que la Suprema Corte de Justicia tiene que definir en cuanto a la jerarquía de leyes''; en este sentido hay incertidumbre de en qué nivel dejará ese organismo del Poder Judicial al convenio 169 de la OIT, mencionó.
Agregó que en caso de que la Suprema Corte siga considerando los tratados internacionales ''por debajo de la Constitución, podría dar una salida jurídica con un criterio no progresista a las controversias. La SCJN está emplazada a adoptar criterios con una perspectiva más acorde al siglo XXI, reconociendo que el modelo decimonónico del Estado nacional quedó atrás, que ya no son tiempos de la hegemonía cultural y que la división de poderes tiene que ser garante de la diversidad cultural que reclaman los pueblos indios.''
Por su parte, Guillermo May, integrante del Foro Maya Peninsular, aclaró que las comunidades mayas de Yucatán, Quintana Roo y Campeche no cumplirán ''esa ley indigenista cuyos personeros tratarán de legitimar entre los pueblos indígenas, bajo un aspecto de pluralidad y democracia. Tal vez algunas personas que han estado cerca de nuestras organizaciones tengan hoy algunas tendencias en ese terreno, esperamos rectifiquen esa posición que vienen asumiendo en aras, tal vez, de puestos públicos.''
Puntualizó que las comunidades del Foro Maya Peninsular no aceptarán tener ningún acercamiento con el Instituto Nacional Indigenista (INI), con la responsable presidencial de Pueblos Indígenas, Xóchitl Gálvez, ni con ninguna otra institución gubernamental. ''No aceptaremos ninguno de los programas que pretendan establecer en nuestras comunidades; para nosotros, primero son las reformas constitucionales y después las reformas institucionales.''
Los pueblos mayas del foro mantienen el acuerdo de Nurio, Michoacán, que es la reposición de la iniciativa de la Comisión de Concordia y Pacificación para su conversión en ley constitucional; mientras, continuaremos con el abanico de las diversas acciones nacionales e internacionales para rechazar la ley aprobada.