MIERCOLES Ť 22 Ť AGOSTO Ť 2001

Ť Complementarían las reformas aprobadas: Lara Ponte

Prioritarias, políticas públicas que mejoren el nivel de vida de las etnias

JOSE ANTONIO ROMAN

Aunado a las reformas constitucionales en materia indígena, el mejoramiento de las condiciones de vida de las etnias dependerá, en gran parte, de las políticas públicas que se apliquen, afirmó el cuarto visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rodolfo Lara Ponte.

Este es un asunto, subrayó, que no debe ser desatendido, pues paralelamente al debate legislativo, la eficacia de los distintos programas y políticas destinados a los diez millones de indígenas en el país deben ser una prioridad de los tres niveles de gobierno, a través de las instituciones correspondientes.

Al participar ayer en la última mesa redonda del seminario Promoción y difusión del contenido y alcance del convenio 169 de la OIT, el funcionario de la CNDH dijo que no debe olvidarse que dicho instrumento ha venido a significar una mayor cobertura de los derechos indígenas para la mayoría de los países que, como México, lo han suscrito y ratificado.

Lara Ponte señaló que los principios que derivan del convenio, y que tutelan la cultura y los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas, no se oponen al sistema jurídico mexicano, sino que se fundamentan en reclamos y luchas ancestrales para preservar sus modos de ser y enriquecer su propia historia.

Incluso, mencionó la reforma del artículo cuarto constitucional realizada en 1992, y dijo que como consecuencia de la importancia creciente del movimiento indígena, en algunas constituciones estatales se han incorporado nuevas reformas en esta materia, y en algunos otros casos se han expedido leyes secundarias sobre derechos y cultura indígenas. De manera especial citó las de los estados de Oaxaca, Quintana Roo y Chiapas, entre las más avanzadas.

Señaló que luego de diez años, el convenio 169 se ha convertido en un referente obligado para avanzar en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, especialmente en el proceso de definición de la nueva relación que éstos tendrán con el Estado mexicano.

Precisó que desde la perspectiva de la CNDH urge trabajar para que muchas de las prerrogativas que ya tienen los pueblos indígenas se cumplan en la realidad, pues sucede que en este ámbito, como ocurre muy a menudo en otras materias, podemos observar una brecha entre lo que dice la ley y lo que se cumple en la realidad.

''Pensemos que el poder transformador del derecho depende de la existencia de la voluntad y de la generación de las condiciones objetivas que propicien cambios en la vida de seres humanos concretos'', dijo el visitador de la CNDH, quien insistió en que las acciones que se pueden realizar en beneficio de los indígenas son ''muy amplias'', más allá de las posiciones que se tengan frente a las reformas constitucionales en esta materia.

Por su parte, Francisco López Bárcenas, miembro de la Asociación Mexicana para las Naciones Unidas, quien fue el segundo ponente, señaló que el convenio 169 ha tomado una especial importancia para los pueblos indígenas, y prueba de ello es que dicho instrumento del derecho internacional fue el ''fundamento jurídico'' utilizado por los representantes indígenas que participaron en la mesa de diálogo de San Andrés Larráinzar. Recordó que todo país que suscribe o ratifica dicho convenio, como es el caso de México, queda comprometido a informar periódicamente sobre su aplicación, así como atender los requerimientos que le formule una comisión de expertos de la OIT.

A este respecto, citó varias de las recomendaciones que dicha comisión de expertos ha enviado al gobierno mexicano por su incumplimiento; hay que recordar que recién signados los acuerdos de San Andrés, el propio gobierno de México presentó lo firmado con el EZLN como parte de las pruebas que se cumplían.

En la última recomendación, enviada apenas el año pasado, la OIT hace constatar que los países que ratifican el convenio 169 es porque deben ser capaces de poner en práctica inmediatamente sus obligaciones, y señala textualmente que ''una ratificación no puede ser sólo contemplada como una declaración de buenas intenciones.''

López Bárcenas, quien hasta el pasado lunes fungió como director de Procuración de Justicia del INI, señaló que si bien el convenio 169 ha contribuido al reconocimiento de los derechos indígenas, ya está resultando insuficiente para reivindicar las demandas de los mismos.

Además, aseguró que el gobierno mexicano aún no ha dado muestras suficientes de querer establecer los mecanismos necesarios para fundar la nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas, que permitan a éstos su pleno desarrollo de acuerdo con sus diferencias culturales, al no velar por el total cumplimiento del convenio. ''La situación imperante en el país mueve a pensar que el proceso continuará por mucho tiempo hasta que los pueblos logren ser reconocidos como parte de la nación mexicana''.