JUEVES Ť 23 Ť AGOSTO Ť 2001
Ť Genaro Góngora Pimentel afirma que la independencia ya es un tema superado
Mejorar impartición de justicia, reto de la Corte
Ť En conferencia ante legisladores pide asegurar una partida para que el Poder Judicial atienda la demanda de órganos jurisdiccionales Ť Apremia a aprobar nueva ley de amparo
JESUS ARANDA
La reforma judicial pendiente ya no tiene que ver con la independencia, que ya se da por sentada, sino con la eficiencia en la impartición de justicia, afirmó el presidente de la Suprema Corte, Genaro David Góngora Pimentel.
El ministro agregó que en el proceso de transformación institucional por el que atraviesa el país la reforma judicial debe considerarse "prioritaria", para garantizar la vigencia del estado de derecho.
Al dictar ayer en el Senado de la República la conferencia magistral La Reforma de los Sistemas Judiciales, Góngora Pimentel apremió a que en el ámbito constitucional se defina un porcentaje mínimo para el Poder Judicial federal, a fin de que se atiendan las necesidades del creciente número de asuntos que revisan los órganos jurisdiccionales federales. Aquí destacó que en estados como Baja California, Guerrero y Jalisco los poderes judiciales locales sí tienen esa atribución.
Góngora aseveró que luego de que la Cámara de Diputados redujo mil 500 millones de pesos al presupuesto del Poder Judicial federal para el presente año, y ante la "adversidad presupuestal" sufrida, se ha tenido que aprovechar "al máximo" los recursos humanos, pero dejó en claro que esa respuesta sólo puede ser temporal; advirtió que ello "en un mediano y largo plazo provocarán seguramente situaciones insostenibles".
Organos jurisdiccionales de acuerdo con la diversidad geográfica, propone
En su discurso, el también presidente del Consejo de la Judicatura Federal planteó que México es un país de grandes contrastes en el que la geografía ejerce una influencia definitiva en el desarrollo económico de cada una de sus regiones, "lo que origina patrones desiguales de progreso que inducen un importante desequilibro regional".
Sostuvo que esas diferencias son uno de los aspectos que deben tomarse en cuenta para proveer al país de los órganos jurisdiccionales que cubran las necesidades de la población.
Explicó que en lo que se refiere a los tribunales colegiados de circuito, en el ámbito nacional la materia que prevalece es la civil, pero "el avance económico se refleja de manera tal que los circuitos más marginados presentan un mayor número de asuntos en materia penal".
En lo que se refiere a los juicios de amparo indirecto en materia penal, entre mayor es el nivel educativo de los estados menor es el número de casos que se ven en los juzgados de distrito.
Dijo que es característico de zonas poco desarrolladas, cultural y económicamente, que se presenten asuntos penales y administrativos "simples", mientras conforme aumenta el grado de desarrollo "aparecen los asuntos civiles y laborales y, finalmente, los administrativos complejos y fiscales".
Góngora reconoció que esta tendencia se mantiene desde hace años, ya que cuando fue secretario de Estudio y Cuenta de la Corte guardaba copia de sus proyectos que eran resueltos por el pleno, y terminó por darse cuenta que la mayor parte de los asuntos eran de Nuevo León, y de ahí el orden de importancia iba bajando hasta el grado que la presencia de los estados del sureste era prácticamente nula.
Esa situación en la actualidad no ha cambiado, ya que según cifras que ofreció, 90 por ciento de los asuntos que revisa la Corte son del tipo administrativo y fiscal, lo que refleja otra arista del problema de acceso a la justicia.
Reiteró la petición de la Corte de tener facultad de iniciativa en leyes que sean de su competencia (lo cual sí está establecido en las constituciones de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Colima, Chiapas, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Quintana Roo) y la urgente aprobación de una nueva Ley de Amparo.
Góngora rechazó la idea de crear "una sola justicia nacional"--algunos legisladores incluso han planteado que el Poder Judicial deje de tener el monopolio de revisar la constitucionalidad de las leyes, y que los tribunales locales adquieran también dicha facultad-, al establecer que la Constitución señala claramente que la voluntad del pueblo mexicano es la de conformar precisamente una república federal, compuesta por estados libres "pero unidos a una Federación".