Busca el gobierno esquemas de financiamiento

Sin consenso, la reforma para el sector eléctrico

MIRIAM POSADA GARCIA

Dos años, dos acuerdos y múltiples propuestas: la reforma al sector eléctrico es necesaria, que no urgente, y además debe ser una reforma integral.

Se trata del mismo sector eléctrico mexicano que hace un año estaba al borde de la crisis por la falta de inversión privada para su desarrollo, y que hoy según el discurso de la ''nueva'' administración tiene un excelente margen de reserva y garantiza el abasto de energía por lo menos para los próximos cuatro años.

Sin embargo, sobre cómo realizar la reforma no existe el menor consenso. Ni autoridades del sector ni legisladores, técnicos, académicos y los potenciales inversionistas han llegado a un punto de acuerdo sobre la conveniencia o no de desintegrar el gran monopolio eléctrico conformado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Luz y Fuerza del Centro (LFC).

Todos proponen. Los académicos y los partidos de oposición sostienen que no es necesaria la privatización del sector; el blanquiazul ahora en el poder se pronuncia por modificar la Constitución y tomar el reto de admitir inversionistas privados nacionales y extranjeros, los cuales también tienen su propia visión e iniciativa no sólo para la industria eléctrica, sino para el sector en general, un sector integrado.

Lo único claro hasta el momento según lo expuesto por la administración foxista en diversos foros con legisladores, empresarios nacionales y extranjeros es el compromiso de que no se privatizarán los activos de estas paraestatales.

Mientras, sobre la nueva infraestructura necesaria para abastecer de electricidad al país en los próximos 10 años, y que comprende la instalación de más de 30 mil megavatios (MW) no hay nada concreto, sólo lo dicho por el subsecretario de Electricidad, Nicéforo Guerrero, y por el presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Dionisio Pérez Jácome, que será necesario buscar nuevos esquemas de financiamiento que no representen riesgos para el Estado mexicano y que sean viables.

Situación actual

El sistema eléctrico mexicano es un monopolio verticalmente integrado y que mantiene reservadas para el Estado las actividades de distribución, transmisión y comercialización de la energía eléctrica. La participación de inversionistas privados en el área de generación se permitió con la reforma de 1992 a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE), bajo los esquemas de Productor Independiente de Energía, cogenerador y autoabastecedor.

Los requerimientos financieros según cifras oficiales serían de 590 mil millones de pesos para instalar alrededor de 30 mil megavatios.

Para los técnicos, economistas e investigadores universitarios los requerimientos financieros serían de aproximadamente 50 por ciento de la estimación oficial y serían recursos que podrían provenir de la administración ordenada de las empresas públicas.

Chispazos sobre la reforma

El subsecretario de Electricidad, Nicéforo Guerrero, ha dejado entrever en diversos foros algo de lo que será la propuesta de reforma para el sector eléctrico, pero al mismo tiempo ha dejado en claro que no será una postura independiente como ocurrió con la zedillista, sino que formará parte de un paquete para reestructurar al sector energético de manera integral.

En los últimos meses Guerrero expuso los ejes de la iniciativa ante la Asociación Mexicana para la Economía Energética que encabeza Pablo Mulás, ante una misión de empresarios españoles durante la visita a México del presidente José María Aznar, y ante la Asociación Mexicana de Empresa Eléctricas, que preside Eduardo Andrade y que agrupa a las empresas nacionales y extranjeras del país.

Se tratará, dijo, de crear a corto plazo empresas públicas y privadas de calidad mundial, con autonomía de gestión, bajo un nuevo régimen fiscal, con fuentes de financiamiento de largo plazo, que permitan la autosuficiencia energética con precios reales de referencia internacional, subsidios transparentes dirigidos y con un marco regulatorio claro, que ofrezca certidumbre a los inversionistas.

Para todo esto ha reiterado que será necesaria la planeación estratégica por parte de la Secretaría de Energía para garantizar el suministro como una obligación del Estado, fortalecer a la CRE, transformar a la CFE y LFC en unidades de negocio, crear el Cosyme, establecer el acceso abierto al sistema nacional de transmisión, promover la entrada de empresas especializadas en electrificación rural y para atención a zonas marginadas.

En este sentido, el encargado de coordinar la reforma eléctrica ha establecido que el éxito de la medida se sustentará en la presencia de reglas claras, en la separación vertical de los procesos, en no entregar a los particulares lo que el país ha hecho en 70 años ''sino en organizarlos, en establecer un marco regulatorio que le dé viabilidad al mercado eléctrico, por lo que es indispensable que la legislación se adapte a la realidad porque no se trata de un problema de financiamiento sino de un esquema industrial''.

De los legisladores

El Partido Acción Nacional (PAN) y el de la Revolución Democrática (PRD) se han mantenido fieles a la postura planteada desde que se impulsó la reforma. En tanto, el Revolucionario Institucional a través del senador Manuel Bartlett, quien se ha adentrado en el caso, ha ''cambiado'' su postura para ''estar acorde con los tiempos'', y de argumentar hace menos de un año que CFE y LFC eran empresas ineficientes, ahora asegura lo contrario.

El PRD por voz de la diputada Rosario Tapia es el único que ha presentado una propuesta de reforma al sector eléctrico en la que establece que debe tratarse de una reorganización bajo el precepto de conservar el carácter público del servicio, reordenar a los trabajadores, establecer precios transparentes de compra-venta de energía entre las paraestatales, eliminar las cuotas de aprovechamiento y la búsqueda de esquemas financieros viables que no representen mayor endeudamiento.

Asimismo, destacó que la reforma energética a la que se ha de someter el país debe vincular el desarrollo petrolero y el eléctrico en una política integral. Destacó que mantener el carácter público del servicio eléctrico no es una cuestión de ideología, sino de la plena convicción sobre la importancia estratégica del sector.

Para el PAN, con el senador Juan José Rodríguez Prats como uno de los más cercanos al sector energético, la aprobación de la reforma es un asunto urgente porque si esto hubiera ocurrido hace dos años ''el país ahora no estaría enfrentando esta crisis''.

Para el blanquiazul resulta indispensable asumir el reto, legislar, aceptar los riesgos de la apertura, incursionar en el desarrollo de fuentes alternas de energía e impulsar a la iniciativa privada.

Mientras el PRI ahora rechaza que la CFE y LFC sean empresas ''ineficientes y corruptas'', según expuso el senador Bartlett ante empresarios, a quienes también aseguró que en ningún país donde se haya impulsado el cambio estructural se ha logrado establecer un mercado abierto.

Empresarios vs técnicos y académicos

En esta discusión han estado presentes de manera constante académicos universitarios, especialistas y técnicos cuya postura ha sido en todo momento la de no desmembrar el monopolio eléctrico, debido a que representaría graves riesgos para el país que van desde el encarecimiento de la energía, la aparición de especuladores como en el caso de California, y la pérdida de un sector estratégico.

En contraparte, los empresarios nacionales y extranjeros como la Asociación Mexicana de Gas Natural, Enron, Unión Fenosa, Iberdrola, Sempra, entre muchas otras que ya operan en México, se han manifestado porque la reforma sea integral, es decir que además de permitir la participación del capital privado en la generación de electricidad, también se les permita explorar y producir gas natural seco indispensable para el funcionamiento del sector eléctrico, e incluso le apuestan a que en el mediano plazo puedan participar en distribución y transmisión de energía eléctrica.

El cambio en energía debe ser integral

En los últimos meses la Secretaría de Energía dejó de referirse a la reforma del sector eléctrico como una prioridad y como una reestructuración aislada. Ahora habla de una reforma energética integral y así la presentará al Congreso en cuanto éste lo determine, de acuerdo con declaraciones recientes del secretario Ernesto Martens.

La reforma energética integral consistirá en presentar la propuesta de restructuración del sector eléctrico, con el compromiso de no privatizar los activos de Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro, pero con el argumento de que el gobierno no cuenta con recursos suficientes para su desarrollo por lo que la participación de inversionistas privados es un complemento indispensable.

Esta reforma integral podría incluir modificaciones a la legislación que permitan una participación más amplia de inversionistas privados en el área del gas natural, debido a que es indispensable para que la industria eléctrica funcione, pues está diseñada para que la generación eléctrica sea a través de Centrales de Ciclo Combinado, las cuales son más económicas pero funcionan con gas natural.

La propuesta integral también abarcará el área de refinación y considera inaplazable un nuevo régimen fiscal para Petróleos Mexicanos, Comisión Federal y Luz y Fuerza, así como una propuesta par darles autonomía de gestión.

Además de ser un paquete amplio, el secretario de Energía, Ernesto Martens, recientemente declaró que deberá aprobarse en conjunto, de lo contrario, ''sería como tener una mesa de tres patas''.