SABADO Ť 25 Ť AGOSTO Ť 2001
Ť Se iniciaron procedimientos administrativos y judiciales contra 57 funcionarios: Barrio
Costaron 50 mdd los operativos anticorrupción
Ť En 2002 Secodam investigará todas las delegaciones que tienen contacto con el público
GUSTAVO CASTILLO G. ENVIADO
Guanajuato, Gto., 24 de agosto. Los operativos anticorrupción que ha puesto en marcha la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, y que han dado como resultado el inicio de procedimientos administrativos y judiciales contra 57 funcionarios, han tenido un costo para el erario federal de más de 50 millones de dólares, indicó Francisco Barrio Terrazas durante su participación en la séptima Reunión Nacional de Institutos de Administración Pública que se realiza en esta ciudad.
El funcionario también firmó un convenio de colaboración con la Contraloría del estado de Guanajuato para establecer parámetros de evaluación del ejercicio del gobierno que encabeza Juan Carlos Romero Hicks.
Barrio Terrazas informó que la Secodam empezará en 2002 la inspección "en sitio" de todas las delegaciones federales que tienen contacto con el público para detectar corrupción y malos manejos del presupuesto, de manera similar a los seis operativos que actualmente desarrolla la dependencia a su cargo.
Indicó que la dependencia ha destituido a cinco funcionarios de primer y segundo niveles de la administración pública, y ha iniciado procesos administrativos y judiciales contra 57.
Señaló que el presidente Vicente Fox le ha instruido para que estos operativos se realicen en todas las oficinas públicas del gobierno federal, con el propósito de prevenir actos de corrupción.
Barrio Terrazas dijo que el gobierno contempla la posibilidad de establecer disposiciones que obliguen a estados y municipios a transparentar los gastos que realicen con recursos federales.
"Estamos planteando que en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación haya una serie de disposiciones a estados y municipios, dentro de la libertad que tengan para usar esos recursos como ellos mejor estimen, pero que se les impongan obligaciones de transparencia".
Precisó que esas disposiciones serían que "desde antes de usar el recurso, tanto los gobiernos estatales como los municipales hagan algunos ejercicios de información a la ciudadanía y le señalen con toda claridad bajo qué criterios va a ser usado el dinero, cómo se va a asignar y cómo se va a destinar y ejercer. Una vez utilizado, la población tendrá la posibilidad de conocer exactamente lo que se hizo, cómo se gastaron los recursos y cuáles son las cuentas, esto cierra la posibilidad a desvíos, usos inadecuados o actos ilícitos con estos fondos".