sabado Ť 25 Ť agosto Ť 2001

 Miguel Concha

El retorno de Las Abejas

Las autoridades ejidales de las comunidades Puebla y Los Chorros, del municipio de Chenalhó, Chiapas, convocaron a los habitantes en septiembre de 1997 para solicitarles 100 pesos por cada familia, con el fin de comprar armas y municiones.

Las familias que no accedieron fueron amenazadas de muerte, y por ello optaron por abandonar sus tierras, sus casas y su comunidad para salvar la vida. Dos meses después, 45 de sus integrantes fueron asesinados vilmente en la comunidad de Acteal. Esas mismas familias, pertenecientes a la organización social Las Abejas, anunciaron en días pasados la decisión de retornar a sus comunidades, a pesar de que los paramilitares continúan armados. La razón, como lo han hecho saber, es que las condiciones de vida, si así puede llamárseles, se vuelven cada vez más insoportables. Esta situación no es exclusiva del municipio de Chenalhó. Desde hace por lo menos dos años, familias desplazadas de diversos municipios han retornado o se han reubicado como por goteo, silenciosamente y en el más completo desamparo, pues no han recibido ninguna garantía de parte del Estado ni de la Cruz Roja Internacional, como lo estipula el derecho internacional humanitario.

Según el censo del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, hay en Chiapas 10 mil 866 personas desplazadas en 11 municipios. Son miles de familias provenientes a su vez de 64 comunidades de distintos municipios, que prefirieron el desplamiento a hacer el trabajo sucio de la contrainsurgencia: engrosar las filas del paramilitarismo y acabar con la base social del zapatismo o de organizaciones afines. Para los desplazados, los sin comunidad, no ha habido cambio. Viven, o mejor dicho sobreviven, con la alimentación que proporciona la ayuda humanitaria, hacinados en "casas" con paredes de plástico y techos de lámina de cartón, sin agua suficiente y sin leña para cocinar.

El retorno que Las Abejas han anunciado para el próximo martes no se realiza en un contexto de "santa paz". Tampoco retornan porque tengan la certeza de que serán respetadas la vida y la integridad de hombres, mujeres y niños que no pertenezcan o simpaticen con el Partido Revolucionario Institucional, organización en plena campaña electoral por el ayuntamiento municipal y las diputaciones del Congreso del estado. Paradójicamente, retornan porque resulta insostenible que una colectividad pueda sobrevivir en tales condiciones, y porque su situación no parece tener visos de resolverse en el contexto de crisis del conflicto en que nos encontramos. El retorno que han anunciado los desplazados tzotziles no es tampoco una victoria de los gobiernos federal y estatal, sino una derrota para el estado de derecho, pues el problema de fondo, la existencia de grupos paramilitares, no ha sido resuelto; porque la justicia es aún un asunto pendiente para las familias que antes y después del desplazamiento lo han perdido todo, y porque las autoridades no han sido capaces de garantizar los derechos humanos individuales y colectivos de los desplazados.

Las expectativas de solución ante los nuevos gobiernos han sido igualmente defraudadas. Tras la liberación de Samuel Sánchez Sánchez y 11 de sus secuaces, miembros de Paz y Justicia -la máquina de terror más importante del paramilitarismo en Chiapas-, resulta difícil creer que la PGR llevará hasta sus últimas consecuencias la investigación de quienes formaron, armaron y protegieron a los grupos paramilitares. El gobierno del estado promueve por su parte mesas de "reconciliación" sin justicia, y entrega proyectos productivos que no contribuyen a remontar la polarización social en las comunidades. Los desplazados son en este marco la expresión más terrible de que el conflicto armado en Chiapas persiste. Sin embargo, el tema no ha sido siquiera mencionado por los actores del conflicto. ¿Hasta cuándo?

Es urgente que personas y miembros de la sociedad civil, en coordinación con las organizaciones ciudadanas de Chiapas, se hagan presentes en estos días para acompañar, aligerar la carga y sobre todo proteger el retorno de 333 personas, miembros de Las Abejas, a sus comunidades. Es sobre todo urgente seguir exigiendo y trabajando por una paz con justicia y dignidad en Chiapas y en todo México.