sabado Ť 25 Ť agosto Ť 2001
Carlos Montemayor
Las FARP y Seguridad Nacional
Hay algunas incongruencias de seguridad nacional en la aprehensión de los presuntos miembros de las FARP. Debemos tener presente que en 1994, a raíz del levantamiento del EZLN en Chiapas, se incrementaron las tareas de inteligencia vinculadas con la detección de grupos subversivos. Tales tareas abarcaban no solamente la localización y seguimiento de elementos y células, también los intentos de infiltrarlos y de coparlos mediante grupos paramilitares o mediante comandos de elite militar que se hacían pasar por las células de grupos guerrilleros en diversas regiones detectadas como sensibles a estos levantamientos. El incremento en las tareas tampoco se limitó a las dependencias federales; ahora sabemos que hubo un intento de descentralización y de multiplicación de focos de inteligencia en varios estados de la República.
La naturaleza de una parte de la información que privilegiaron estos centros de inteligencia quedó clara en dos trabajos "historiográficos" y "periodísticos": La rebelión de las cañadas, de Carlos Tello Díaz, y el de Bertrand de la Grange y Maite Rico, Marcos: la genial impostura. En ambos casos la información provino de dos fuentes en ese momento muy diferentes: el Cisen e Inteligencia Militar.
Un cambio cualitativo se dio en el momento que el almirante Wilfrido Robledo Madrid dejó el Cisen y pasó a encabezar, como primer comisionado, la Policía Federal Preventiva (PFP). Primero, parte del personal dedicado a las tareas de investigación de la subversión en México se integró en la PFP. Segundo, la información de inteligencia sobre ese campo comenzó a concentrarse en la PFP. Durante el periodo del almirante, las investigaciones sobre la subversión, es decir, sobre EPR, ERPI, FARP y tres o cuatro organizaciones más, dieron un giro esencial: se propusieron conocer la estructura toral, jerárquica, de los grupos guerrilleros, pero no capturar las células que no conducirían a las cabezas rectoras de las organizaciones.
Veamos esto con cierto detenimiento. Es factible localizar o identificar elementos individuales e incluso células de grupos subversivos. Es relativamente sencillo sostener un seguimiento de esos elementos durante un tiempo prolongado. Por esa vía, es lógico que se identifiquen una, dos o más casas de seguridad. A partir de ahí es factible aplicar un seguimiento más fino: registros fotográficos, de audio y de filmación, y no sólo vigilancia constante de las casas. Es factible todo esto, en efecto, pero no indefinidamente. Las organizaciones mismas pueden abandonar casas y vehículos si detectan que han sido localizados. Pueden y deben abandonarlos también por la necesidad misma de su movilidad. En ambos casos suele decirse que los autos o las casas están "quemados" o "se quemaron".
Hace dos años, a la PFP no le importaba tomar por asalto ni catear una casa de seguridad, porque entendía que las casas sólo eran canales de comunicación de una o varias jerarquías de un grupo.
Tampoco le interesaba detener una célula o un comando guerrillero, porque entendía que las células no conducen automáticamente a las jeraquías más altas; son estancos vinculados con lazos muy tenues a otras células del mismo nivel o a otras de un nivel inmediatamente inferior o superior. Para llegar a las células cupulares era necesario aguardar con paciencia, extender con tenacidad la investigación para identificar todas las células posibles y descifrar la estructura jerárquica de la organización guerrillera. En ese momento, pues, en ese culminante momento, podrían actuar.
La base de datos que comenzó a construir la PFP era novedosa por su teoría, por sus propósitos y por sus supuestos. La información sobre células, elementos individuales, registros fotográficos y filmográficos que pudieron acumular de casas de seguridad llegó a ser cualitativamente mejor que en otros tiempos de Seguridad Nacional. Así las cosas, Ƒcómo podríamos analizar o leer la "decisión" de Seguridad Nacional de aprehender a una presunta célula de las FARP?
En primer lugar, debemos considerar que algo de fondo pudo haber cambiado con la remoción del almirante Wilfrido Robledo, que se refleja en este nuevo modus operandi repentino. Cuando una célula es interceptada, o cuando la organización detecta que una célula es interceptada o incluso infiltrada, la organización misma bloquea los contactos o accesos que esa célula tuviera con otros segmentos de la organización. En otras palabras, cuando se captura una célula se corta la línea de cualquier posible investigación futura. Significa un retroceso, puesto que se debe empezar, otra vez, de cero.
Lo mismo podemos decir de las casas de seguridad. En cuanto una organización guerrillera detecta que la casa ha sido identificada, borra todos los canales que a través de ella solían manifestarse. Es decir, una casa de seguridad se toma por asalto o se catea cuando se tiene la certeza de que en ella se capturará una célula o un elemento indispensable de las jerarquías cupulares de la organización. Pues bien, no se persiguió ninguno de estos objetivos con el cateo de cuatro casas de seguridad ni con la detención de cinco presuntos miembros de las FARP.
Sabemos que ahora se desempeña en la PGR el anterior responsable de inteligencia de Wilfrido Robledo en PFP. No sabemos, en cambio, si la información que comenzó a estructurarse de manera minuciosa en la PFP permanece intacta ahí o si se ha llevado también a la PGR. Sabemos, eso, sí, que en la aprehensión de los presuntos guerrilleros no se capturó a ningún dirigente de las FARP; incluso, no es seguro que los detenidos mismos pertenezcan a las FARP. Por tanto, podemos afirmar, primero, que la información acumulada en los últimos años por el Cisen y la PFP no se reflejó en absoluto en estas aprehensiones. Es decir, se catearon casas y se detuvo a individuos que no afectan las posibles rutas y estructuras de los grupos guerrilleros que se hayan identificado en los últimos años. Así las cosas, podemos suponer que las casas de seguridad estaban ya "quemadas" y que Seguridad Nacional decidió "quemar" una célula posible (en caso de que realmente lo sea). Esto nos lleva a una sola conclusión: Seguridad Nacional prefirió dar un golpe publicitario a mantener vivo el orden de investigación anterior.
El golpe publicitario va muy de acuerdo con el actual régimen, que privilegia la mercadotecnia de la imagen a la eficacia en la realidad. El mensaje publicitario de estas detenciones y cateos a casas de seguridad como resultado de una investigación de 15 días forma parte del discurso del sueño y la imagen, no de lo real. Pero al golpe publicitario se le agregan mensajes políticos. Estos mensajes son de endurecimiento oficial. Primero, establecen que no habrá espacios de negociación para grupos como las FARP, el EPR o el ERPI. Segundo, que no le importa a la autoridad actual cómo pueda leer estos mensajes políticos el EZLN. Tercero, de ser cierta la reiterada afirmación del EPR acerca de los padres de los estudiantes detenidos, que el mensaje político final es preocupante: con esta respuesta Seguridad Nacional está advirtiendo que no le importará reiniciar, en estos tiempos de "cambio democrático", la guerra sucia.
Son posibles, sin embargo, otras interpretaciones detrás de los mensajes políticos y detrás del golpe publicitario mismo. Primero: hay ciertos cambios en las entrañas de Seguridad Nacional que le impiden actuar con claridad. O peor aún: no hay cambios suficientes al interior de Seguridad Nacional para sobreponerse a los desacuerdos internos que le han impedido avanzar más allá de los discursos de hace diez meses.