SABADO Ť 25 Ť AGOSTO Ť 2001
Ť Estancamiento del sector
ONG: soslaya el gobierno de Fox política agraria
HUMBERTO ORTIZ MORENO
El campo mexicano es un desastre, está abandonado por el Estado y el gobierno de Vicente Fox ha diseñado una política no agropecuaria, sino para favorecer a sus amigos empresarios, advirtieron ayer investigadores, analistas y activistas contra el libre comercio congregados en un seminario organizado por la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC).
Descalificaron la información del presidente Fox en el sentido de que el sector es el único que ha crecido 4.5 por ciento en medio de la desaceleración. "De nada sirve si no se puede vender, porque por la liberalización quedaron desmantelados los instrumentos institucionales que guiaban la comercialización".
Además, en el marco del seminario sobre La respuesta de las organizaciones civiles y sociales mexicanas ante la integración económica: estudio de casos, organizado por el Colegio de México, la RMALC, la Universidad de Tufts y el Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente de Boston, Massachussets, cuestionaron que las autoridades federales no cobren los aranceles por la sobrecuota de importación de maíz, trigo, frijol y carne de ave, pues hasta ahora ya representan más de 7 mil millones de dólares que pudieron servir no solamente para orientar los procesos de comercialización hoy definitivamente cancelados para los productores, sino contar con un mejor presupuesto para el agro.
Incremento de importaciones
Las importaciones de esos productos suben cada año de 20 a 90 por ciento, con una balanza comercial deficitaria de mil 500 millones de dólares anuales y 1.4 millones de personas que intentan cruzar ilegalmente a los Estados Unidos, de los cuales 60 por ciento es repatriado.
Ante esto, la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras, en voz de su dirigente Víctor Suárez, dio a conocer que prepara ya un recurso jurídico para frenar y controlar las compras masivas de granos al exterior, a sabiendas de que es un proceso legal oneroso y burocrático, en virtud de candados jurídicos en la Ley de Comercio Exterior y en el capítulo 19 del TLCAN, que podría llevar hasta dos años para una resolución. Pero es el único camino que les queda para revertir tal tendencia que atenta contra la soberanía alimentaria.
Javier Aguilar, experto de la RMALC, precisó que los presupuestos públicos destinados al sector agropecuario y agroalimentario muestran una línea descendente, pues si en 1994 significaban el 6.4 por ciento del PIB para el año pasado bajaron a 4.3.
Hizo estos cálculos para apoyar su tesis: la inversión agropecuaria per cápita fue en 1994 de 2 mil 657 pesos, en tanto que para el año pasado fue de 2 mil 528.
A juicio de Luis Hernández Navarro, no hay duda de que el mandatario beneficia a sus amigos de la iniciativa privada cuando en la Secretaría de Agricultura están no solamente el llamado rey del ajo, el titular Javier Usabiaga, sino además dos subsecretarios que privilegian a sus empresas con contratos del sector público.