Ť El 31 agosto resuelven si aceptan pruebas de la defensa
Celebran ONG primer año del arresto de Cavallo
Ť El ex director del Renave podrá presentar una segunda petición de amparo contra su extraditación a España
BLANCHE PETRICH
En una celda del Reclusorio Oriente, el ex oficial de
la Armada argentina y torturador de la Escuela de Mecánica de la
Armada (Esma), Ricardo Miguel Cavallo, espera para el 31 de agosto la resolución
del tribunal colegiado en materia penal de primer circuito, que suspendió
a fines de junio el proceso de extradición del militar a España,
mientras resuelve si admite nuevas pruebas de la defensa.
En las escalinatas del Palacio de Justicia Federal, un
grupo de jóvenes de Hijos (Hijos por la Identidad contra el Olvido
y el Silencio) y un contingente de las organizaciones Seguimiento del Caso
Cavallo y Genocidio Nunca Más celebran el primer aniversario del
arresto del ex director del Renave, quien al ser descubierta su verdadera
identidad había volado a Cancún y esperaba viajar hacia Buenos
Aires, paradójicamente, el único sitio seguro para los genocidas
que son requeridos por varios procesos judiciales internacionales, pero
que en su propio país se amparan bajo las leyes de Obediencia Debida
y Punto Final, emitidas en ese país en 1987.
El tribunal colegiado deberá emitir una resolución respecto a la petición del abogado de Cavallo, Manuel Plata, quien argumentó que cuenta con "pruebas contundentes" que favorecerán al acusado por la Audiencia Nacional de España por tortura, asesinato, desaparición forzosa y apropiación ilegal de hijos de secuestrados durante los años de la guerra sucia en Argentina.
Una vez resuelto el trámite actual, el acusado tendrá todavía la oportunidad de presentar una segunda petición de amparo. Y ya cumplida esa etapa, el juicio de extradición entrará en la recta final para definir si Cavallo es entregado o no a la justicia española.
La representación legal de los denunciantes de Cavallo ha calificado este caso como un juicio inaugural para la aplicación de la justicia universal en contra de responsables de delitos de lesa humanidad.
Ricardo Miguel Cavallo fue detenido el 24 de agosto del año pasado en el aeropuerto de Cancún, a bordo de un vuelo comercial que estaba a punto de despegar hacia Buenos Aires.
Esa misma mañana, la prensa mexicana había revelado que el funcionario federal no era "Miguel Angel Cavallo", ni un honorable empresario argentino, sino un ex marino y genocida, socio de diversas empresas desplegadas en Sur y Centroamérica, que aprovechando la infraestructura y la información obtenidas mediante las acciones de inteligencia militar en los años de la dictadura, habían extendido operaciones de dudosa legalidad.
El juez español Baltasar Garzón solicitó a México la extradición del marino, y el pasado 11 de febrero, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México resolvió a favor de la petición.