DOMINGO Ť 26 Ť AGOSTO Ť 2001

Cuauhtémoc Cárdenas Ť

Plan Puebla-Panamá: sumisión a EU o desarrollo regional

En Chiapas, el Partido de la Revolución Democrática, nuestro partido, participa en un importante proceso electoral, en el que estarán discutiéndose no sólo los problemas que pueden enfrentarse y resolverse con decisiones tomadas y programas aplicados localmente, sino que se tratarán también cuestiones que surgen de decisiones y políticas de carácter nacional que inciden en las condiciones de vida y en las oportunidades de desarrollo, presentes y futuras, del estado, de sus municipios y comunidades, como son las que pueden derivarse de llevar a la práctica el Plan Puebla-Panamá, tal como lo concibe y alienta el gobierno de la República.

El PPP se propone como una respuesta a los problemas que de acuerdo con la visión oficial, tanto de los regímenes anteriores como del actual, han provocado que esta vasta región del país se encuentre en condiciones de postración social y económica. El gobierno considera que esta situación obedece a que se mantiene en lo fundamental, con pocas alteraciones respecto a la legislación vigente hasta antes de las contrarreformas salinistas, una estructura agraria opuesta al latifundio, en la que juegan un papel importante el ejido, la pequeña propiedad y la comunidad indígena, lo que frena las inversiones en el campo; y a que la inversión privada se inhibe también, debido a las disposiciones constitucionales que establecen como propiedad originaria de la nación las tierras y aguas, así como el derecho que se le reconoce para regular el aprovechamiento de los elementos susceptibles de apropiación, los del subsuelo en lo general y de modo muy particular la exclusividad que se reserva al Estado para la extracción de hidrocarburos y el manejo de ciertas áreas de la electricidad.

Por otra parte, el PPP se presenta básicamente como un proyecto de infraestructura, de mejoramiento y construcción de carreteras, puentes, aeropuertos, centrales de generación eléctrica, de extracción de petróleo y gas y construcción de ductos para servir el mercado norteamericano, de fomento a la agricultura de plantación y de aprovechamiento de la rica biodiversidad de la zona por firmas trasnacionales, aunque hace también ligeras menciones a las necesidades de la educación y de capacitación. Un proyecto que el gobierno actual prevé se lleve a cabo con inversiones de los organismos multinacionales y las grandes empresas trasnacionales y sin compromiso de inversiones públicas que no procedieran de créditos internacionales.

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Varias cuestiones de gran importancia ha dejado de lado u ocultas el gobierno al promover su PPP, pero algunas se traslucen ya por opiniones vertidas en los países centroamericanos, por omisiones evidentes, por ignorar señalamientos que diversos analistas y actores políticos han hecho sobre el proyecto, y por las políticas públicas que en lo general promueve y aplica en el conjunto del país.

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En primer lugar, en los documentos oficiales no se hace ninguna mención significativa sobre las condiciones y los problemas políticos y sociales de la porción mexicana del PPP y los compromisos para enfrentarlos. Ninguna mención específica merece el conflicto de Chiapas, ni la solución que el gobierno considere deba dársele.

Como bien lo expresa el pronunciamiento de nuestro partido al respecto, la propuesta oficial del PPP corresponde a intereses unilaterales e intenciones hegemonistas que dejan fuera a indígenas, pequeños y medianos empresarios, agricultores, ejidatarios, comerciantes, instituciones educativas de todos los niveles y organizaciones sociales; margina de las decisiones a las autoridades municipales y estatales, congresos locales y representaciones nacionales; y no toma en cuenta las necesidades de desarrollo.

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Uno de los objetivos centrales del PPP y uno de los intereses que empujan al gobierno de México a constituirse en promotor activo del plan es el de asegurar que el sur-sureste mexicano se consolide como una de las zonas principales de abastecimiento de hidrocarburos, en el largo plazo, de Estados Unidos.

En la porción mexicana adscrita al PPP se localiza 65 por ciento de las reservas petrolíferas del país y se obtienen 94 por ciento de la producción de crudo y 54 por ciento del gas, además de concentrarse en el istmo de Tehuantepec 90 por ciento de la producción de petroquímicos básicos y secundarios.

El gobierno de Estados Unidos sostiene las tesis de la política energética hemisférica y de la política energética para América del Norte, en las que sustenta sus pretensiones para disponer de los recursos petrolíferos de Venezuela, Canadá y México, a los que considera proveedores naturales de sus mercados.

Es así, entonces, que hace algunos meses el presidente Bush declarara que "el gas que se encuentra en México es hemisférico" y que el vicepresidente Cheney expresara que "México debe generar más gas natural para exportarlo a Estados Unidos".

Y el PPP, por su parte, considera entre sus "fortalezas" que el sur-sureste mexicano cuente con un superávit energético y que su red de ductos se encuentre conectada con el sur de Estados Unidos, haciendo posibles las operaciones de importación y exportación, que en los plazos medio y largo serán principalmente, como hasta ahora, flujos de crudo que vayan del sur hacia el norte.

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No puede desconocerse el elemento de contrainsurgencia que subyace en la propuesta. El PPP llega, casualmente, hasta donde comienza la aplicación del Plan Colombia, que con la intervención y los apoyos estadunidenses pasó de ser un plan de desarrollo a un programa franco de contrainsurgencia, según puede verse de la asignación de los recursos destinados al plan: 6.4 por ciento de los fondos del año pasado fueron para desarrollo alternativo, reacomodo de desplazados y empleo temporal, y lo grueso de los presupuestos se destinó para policía, interdicciones o interferencia en ríos y aérea y adquisiciones de material militar.

Es evidente que el Estado mexicano ha propiciado la militarización y paramilitarización de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, los tres estados incluidos en el plan, en los que se han presentado múltiples casos de violencia ejercida contra las organizaciones progresistas y las comunidades que enarbolan demandas de carácter agrario.

En el "Documento base del PPP" aparecen esquemas para el desarrollo rural que corresponden a la agricultura de plantación y a concepciones represivo-militares, con claro sentido de contrainsurgencia.

La agricultura de plantación rompería los equilibrios agrarios y sociales al propiciar la formación y la preservación de latifundios, concentraría la riqueza generada en los promotores de las plantaciones y alteraría gravemente la organización social de las comunidades rurales, al hacer pasar al ejidatario, comunero o pequeño propietario a la calidad de peón asalariado -con baja remuneración- o rentista -con pago igualmente bajo- en su propia tierra, o de migrante potencial, al cancelar las posibilidades de un aprovechamiento sustentado en la comunidad organizada de productores, propietarios de la tierra.

Por otro lado, la propuesta de "conformación de nodos concentradores de la población que hoy vive en localidades aisladas y dispersas", supuestamente para facilitar la ejecución de obras y programas de desenvolvimiento, pero donde no podrán desestimarse los objetivos potenciales de control y represión política de las poblaciones rurales, recuerda la política estadunidense aplicada en la guerra de Vietnam contra las comunidades rurales. Ese esquema de "nodos" rompería con las formas usuales y tradicionales de asentamiento, agrupamiento y organización de la población rural de la zona y en general del país.

La previsión del Pentágono de destacar próximamente 12 mil soldados estadunidenses en Guatemala, que constituye el centro de la región Puebla-Panamá, es otro elemento que apunta en el mismo sentido.

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El plan se plantea y se promueve desde México; su parte centroamericana corresponde a la propuesta del desaparecido Instituto para el Desarrollo Internacional de Harvard y del INCAE, una escuela de negocios costarricense, que hicieron suya, en 1999, los presidentes de esas repúblicas, pero que poco han hecho fuera de eso.

Se trata, de hecho, de un planteamiento que hace el gobierno de México, desde México, por la subordinación y el interés del gobierno mexicano de servir incondicionalmente al estadunidense, que no considera medidas de integración de la región propiamente dichas, ni menos visualiza a México y Centroamérica como parte de un proyecto de integración latinoamericana, sino al contrario, ve al istmo centroamericano como una zona de disputa entre México, por una parte, y Colombia y Venezuela de la otra, según se desprende del "Documento base del PPP".

La desconsideración que ha mostrado el gobierno mexicano respecto al resto de los participantes en el proyecto puede verse en la existencia, dentro de la Coordinación General del PPP, la dependencia del gobierno de México a cargo del plan, de una oficina de muy bajo nivel administrativo y político para conducir las relaciones con los demás participantes, la "representación interlocutora de los países centroamericanos".

Por otro lado, ni en las declaraciones oficiales ni en el "Documento base" se hace mención alguna de convenios internacionales para la elaboración, puesta en ejecución y coordinación del proyecto. Tampoco se plantean políticas comunes en áreas sustantivas (agricultura, turismo, energía, etc.) ni se proponen mecanismos que articulen las economías de toda la región, que están soportadas en productos muy similares: café, azúcar, plátano, ganado, algunos de los cuales atraviesan situaciones graves de crisis, ni se hacen consideraciones que pudieran atender las grandes diferencias que existen en las condiciones de desarrollo, sociales y económicas, de los diferentes países que participan en el plan.

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Al llevarse a la práctica el PPP con sus actuales previsiones, lo que se verá en México es la desintegración de las comunidades indígenas y rurales en general, una industrialización con base en la maquila que provoque mayores desajustes sociales y ambientales -como ha sucedido en la frontera norte-, la pérdida de los beneficios que pudiéramos y debiéramos derivar de nuestra biodiversidad a manos de las grandes trasnacionales, migración y abandono de tierras, y por otro lado, a nuestro país acentuando su carácter de barrera violenta y arbitraria para la migración centroamericana que se dirige hacia el norte, una frontera en los hechos corrida hacia el sur, un país más desintegrado, el norte cada vez más integrado a la economía estadunidense como zona de apoyo y abasto y sirviéndole como amortiguador, el sur-sureste desligado del norte e integrado a un subdesarrollo cada vez más agudo, compartido con Centroamérica.

No estamos, no podemos estar en contra de un proyecto de desarrollo e integración de México, de México visto y entendido como un todo, y la América Central, a condición de que se vea como parte de un proyecto más amplio: el de la integración política y económica de los países y pueblos latinoamericanos. No estamos entonces en contra de un proyecto que se diseñe y ejecute para acelerar el desarrollo de las nueve entidades del sur-sureste de nuestro país y de las seis naciones del istmo centroamericano, pero no es este el caso ni son las intenciones del actual PPP, concebido y elaborado con base en lineamientos fijados por el BID y adoptado acrítica y sumisamente por el gobierno de Fox.

Los planes y programas de desarrollo para la porción sur-sureste de nuestro país y para las naciones centroamericanas, consideradas como una región por las similitudes en sus condiciones sociales, naturales y económicas, deben empezar por enmarcarse en lo que, con bases democráticas y con la participación de los pueblos y los gobiernos, se plantee para realizarse en la escala de todo el continente.

Nuestro partido, desde 1991, cuando se negociaba el TLC de América del Norte, propuso la suscripción de un acuerdo continental de desarrollo y comercio, que hoy constituye una contrapropuesta a la formación del Area de Libre Comercio de las Américas, que sólo vendría a consolidar la hegemonía estadunidense en el continente y a acentuar las condiciones de dependencia en el largo plazo.

Desarrollar sanamente, desde puntos de vista sociales, políticos y económicos, la región Puebla-Panamá, significaría visualizar este proyecto como parte del proceso de integración política y económica de América Latina, tomando en cuenta, por tanto, los efectos de lo que pudiera llevarse a cabo en la región en el resto del continente.

Esto es, el PPP debe constituir un elemento de integración, no sólo de la región en sí, sino con México como un todo y con el resto del continente. Centroamérica no debe seguir siendo el cuello de botella que aísle el norte del sur, sino el puente que una a las dos grandes porciones territoriales de la América Latina.

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En el caso de México, el PPP debe constituirse en un ejercicio de planeación democrática y participativa y en un compromiso para los gobiernos nacional, estatales y municipales, y para la población de la región, tanto en lo que hace a su calidad ciudadana por una parte, como a sus organizaciones económicas, sociales y civiles por la otra.

Los ejes del PPP en México los constituyen: 1) la condición estratégica del istmo de Tehuantepec, por las posibilidades de desarrollo de la comunicación interoceánica, por su desarrollo actual y los potenciales de expansión en esta zona de la industria petroquímica; 2) los recursos petroleros de Campeche, Tabasco y Chiapas; 3) la gran biodiversidad y el potencial agropecuario, forestal y pesquero, desarrollado y por desarrollar; 4) su riqueza hidráulica e hidroeléctrica; y, 5) un rico y variado recurso turístico y cultural.

Los recursos que encierra la zona, aprovechados con criterios de responsabilidad social, de racionalidad económica y social y de sustentabilidad ambiental, debieran permitir una elevación sostenida de los niveles de vida de la población, un crecimiento económico igualmente sostenido para la región, el mejoramiento cualitativo y el incremento de las capacidades de beneficio y servicio de sus recursos naturales, especialmente los renovables, y una contribución sustancial al mejoramiento social y al crecimiento económico del país.

Los programas del PPP debieran aterrizarse en cada una de las regiones que integran las nueve entidades incorporadas al plan.

Para que el PPP resulte realmente benéfico para el país deberán modificarse radicalmente algunos de los criterios con que se le ha concebido y algunos de los objetivos que más allá de reconocimientos oficiales tiene asignados en la práctica.

México no debe ser la barrera que con medidas policiacas frene la migración centroamericana hacia Estados Unidos. México no debe ser el que haga el trabajo sucio por cuenta de los vecinos del norte. Si sostenemos la conveniencia, como lo hacemos, de liberalizar los intercambios comerciales, sostenemos también la conveniencia de abrir nuestros países y complementar los tratados existentes con el libre tránsito de las personas. Dejemos claro que los flujos migratorios van a disminuir y a desaparecer su carácter conflictivo sólo cuando haya condiciones de vida digna y expectativas de progreso en los países y regiones que hoy expulsan población. De ahí la importancia de hacer compromisos internacionales de desarrollo y no sólo buscar que fluyan los productos comerciales.

En contraposición a la agricultura de plantación, el mejor aprovechamiento de las tierras y aguas en la agricultura, la ganadería y la obtención de productos forestales debe partir del respeto y fortalecimiento de los ejidos y comunidades, así como de la pequeña propiedad, con base en programas que en cada zona se propongan la refuncionalización productiva de cada uno de los ejidos, de cada una de las comunidades y de cada una de las unidades en que se agrupen con racionalidad las pequeñas propiedades, para elevar las capacidades de cada unidad de producción; programas, por otra parte, que consideren no sólo la obtención de los productos de la tierra con las mayores eficiencias y productividades, sino la integración, en manos de los productores organizados, de los ciclos productivos del campo, esto es, abriendo las posibilidades de utilizar para el trabajo de la tierra las mejores tecnologías -riego, técnicas orgánicas, etc.-, inversiones y crédito, asistencia técnica, desarrollo de la agroindustria, sistemas de almacenamiento y empaque, transporte, comercialización, etc.

Es preciso que se instrumente una política de industrialización, que reactive las economías regionales y haga de México no un país maquilador sino un país verdaderamente industrializado, con ramas productivas integradas con racionalidad, con posibilidades de acceso y aprovechamiento de los avances científicos y tecnológicos que se vayan dando en el mundo. En la región se tendría que considerar la modernización de la planta existente y su expansión, tanto para incrementar y diversificar las producciones actuales de acuerdo con los avances científicos y tecnológicos como para aprovechar en la zona recursos que ahora se extraen o pueden extraerse como materias primas para ser beneficiados en otras partes del extranjero o del país.

En el PPP y en todo plan de desarrollo nacional o multinacional en el que participe nuestro país debe quedar clara la condición estratégica que representa para México el istmo de Tehuantepec. El desenvolvimiento de esta zona, con la participación en decisiones y beneficios de las poblaciones ahí asentadas, debe hacerse siempre en función del interés y de la seguridad de la nación.

Finalmente, el sur-sureste del país no podrá aprovechar los esfuerzos propios o los que lleve a cabo el conjunto del país para desarrollarlo, si no se toman en cuenta las condiciones de vida, necesidades y expectativas de los pueblos y comunidades indígenas y si en particular no se dan los pasos necesarios para asegurar en la zona una convivencia pacífica y constructiva, que hoy pasa por la erradicación de los grupos paramilitares que alentaran en Chiapas los gobiernos federal y local anteriores, así como por modificar y en su caso cancelar las reformas constitucionales sobre derechos y cultura indígenas que aprobara el Congreso y que contradicen o quedaron cortas respecto a la iniciativa de la Comisión de Concordia y Pacificación, que han hecho suya y mantienen como legítimo reclamo los pueblos y comunidades indígenas de Chiapas y de todo el país.

Reconocer a los pueblos y comunidades indígenas como entidades de derecho público, garantizar sus derechos de autonomía, de uso y disfrute de sus territorios y los recursos naturales que éstos guardan, y de respeto a sus tradiciones y formas de vida, así como reformar y adicionar el 115 constitucional para permitir su agrupamiento y la formación y reconocimiento de municipios con mayoría de población indígena, son demandas vivas, que hacemos nuestras, y que hacerlas realidad constituye hoy condición de paz y de posibilidad de aplicación de políticas constructivas para una convivencia fructífera, el mejoramiento social y el desenvolvimiento económico del sur-sureste de nuestro país.

Ť Ponencia presentada en el encuentro nacional de discusión y análisis del Plan Puebla-Panamá, CEN-PRD, Tuxtla Gutiérrez, Chis., 25 de agosto de 2001.