Arturo Alcalde Justiniani
VW mexicana: soberbia empresarial
Qué lejana se encuentra la conducta seguida por los directivos de la empresa Volkswagen de México, en su conflicto de huelga, con la imagen pública del modelo laboral alemán. Este último presume características de madurez en la que los trabajadores son considerados como un elemento fundamental del proceso productivo, sobre la base de un régimen social avanzado y la preocupación de la empresa de conservar su prestigio frente a la comunidad.
La rudeza extrema con la que ha actuado esta trasnacional en México contrasta con los más elementales principios de buena fe que deben prevalecer en las relaciones de trabajo. Engaña, retuerce la interpretación del marco jurídico y, sobre todo, enfrenta a los trabajadores en su conjunto, al grado tal, de que primero ocasiona una huelga y acto seguido inculpa a sus trabajadores. Tres elementos parecen esenciales en esta ruda conducta: el primero es la ausencia de ofrecimiento salarial alguno anterior al estallamiento de la huelga; de ahí la entera responsabilidad empresarial. El segundo elemento deriva de la absurda exigencia de la empresa a la directiva sindical para obligar a ésta a no consultar a la asamblea de trabajadores en el proceso de negociación, petición absurda que sólo puede ser tildada de provocación, cuando resultaba obvio que nunca podría ser aceptada por una organización sindical auténtica. Basta imaginar la reacción de una empresa, si el sindicato exigiera a los directivos de la misma que no consulten a sus órganos superiores de administración. El tercero, es la petición de inexistencia de la huelga, sustentada en argmentos claramente contrarios a la ley laboral vigente, acompañando esta solicitud de un chantaje a las autoridades laborales, pretendiendo aparecer como víctima de un conflicto generado por la propia peticionaria.
Existen varias versiones sobre las causas de fondo que explican el comportamiento de la empresa. Una versión, planteada por algunos directivos de la Volkswagen, señala que el gobierno federal, particularmente la Secretaría de Economía, la ha presionado con la intención de convertir esta negociación en emblemática de una nueva política salarial a la baja. Esta versión se ha ido confirmando con el desarrollo del conflicto, aunque resulta difícil de entender que una empresa trasnacional tan importante se ajuste a una política pública de contención salarial nacional, a su exclusiva costa. La segunda versión vincula la actitud de la empresa a su exceso de inventarios a escala internacional. Se trataría de desplazar excedentes almacenados aprovechando la suspensión de labores y un eventual pago parcial de salarios caídos a los trabajadores, en un escenario económico recesivo. Otras versiones hablan de razones más elementales, tales como la incapacidad de los directivos y estrategas regionales de la empresa para manejar este conflicto, ya que esperaban un apoyo inmediato de la autoridad laboral, en particular la posibilidad de archivar el expediente del juicio poco antes del estallamiento de la huelga. Lo que resulta evidente es la intención de imponer un incremento reducido como precedente y la de obtener ventajas de un conflicto provocado.
Lo que sí está plenamente comprobado es que dicha huelga ha concitado una solidaridad sin precedentes, no sólo por parte de amplios sectores de trabajadores, sino de la sociedad de consumidores, que rechazan la rudeza excesiva como vía para la solución de conflictos laborales. Hoy, más que nunca, tenemos que impedir que esta soberbia empresarial nos doblegue.