DOMINGO Ť 26 Ť AGOSTO Ť 2001
Ť Impugnan decreto que prohíbe a migrantes acercarse a 3 km de la frontera con EU
PRI y PRD iniciarán controversia constitucional contra el gobierno de BC
Ť La presentarán ante la SCJN para evitar que autoridades mexicanas hagan trabajo sucio, dicen
JORGE CORNEJO Y CRISTOBAL GARCIA CORRESPONSALES
Diputados federales del PRI y el PRD por Baja California anunciaron que presentarán una demanda de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra un decreto emitido por el gobierno de dicha entidad que prohíbe el paso de migrantes en una vasta región fronteriza con Estados Unidos.
Entrevistada este sábado en Tijuana, luego que participó en un foro sobre migración, Petra Santos, legisladora federal del PRD, sostuvo que con la mencionada controversia constitucional "se busca que el decreto que se publicó en el Periódico Oficial de Baja California quede sin efecto, lo cual sería evitar que las autoridades mexicanas le hagan el trabajo sucio a Estados Unidos".
A su vez, el diputado priísta Jaime Martínez Veloz adelantó, en entrevista aparte, que su bancada también analiza iniciar una batalla legal contra la medida que implementó la administración del mandatario de Baja California, Alejandro González Alcocer. Aseveró que "debe pesar más la ley que un capricho de un gobernador".
Al igual que los legisladores, organismos defensores de los derechos de los migrantes de ambos lados de la frontera condenaron la acción del gobierno de Baja California, que publicó el pasado 17 de agosto en el Periódico Oficial del estado el decreto por el cual se autoriza el uso de la fuerza pública para detener a migrantes que pretendan acercarse hasta tres kilómetros de la frontera con Estados Unidos en dos polígonos de 100 kilómetros lineales de frontera, con el propósito de "evitar muertes en la región".
El titular de la Procuraduría de Derechos Humanos y Protección Ciudadana de la entidad, Raúl Ramírez Baena, sostuvo que restringir el paso libre de migrantes hacia la barda metálica que divide a México y Estados Unidos "violenta las garantías individuales y no resolvería el problema de riesgos de muerte en la frontera".
El ombudsman bajacaliforniano apuntó que con este anuncio, "de alguna manera vinculado al efectuado recientemente sobre la presencia de patrullas militares en la frontera con Belice y Guatemala", el gobierno mexicano acepta colaborar con el gobierno federal de Estados Unidos para impedir el cruce de indocumentados.
Claudia Smith, directora de la Fundación de Asistencia Rural Legal de California, con base en San Diego, acotó por su parte que "aunque sea una medida bien intencionada, se pretende tapar el sol con un dedo y deja a los migrantes sin alternativas de ingresar a Estados Unidos a zonas de menos riesgo".
La mencionada declaratoria afecta el polígono denominado Mesa de Andrade, con una superficie de 17 mil hectáreas y 52 kilómetros lineales de frontera, y el polígono de 48 mil hectárea ubicado entre los municipios de Mexicali y Tecate, con 43 kilómetros lineales de frontera.