DOMINGO Ť 26 Ť AGOSTO Ť 2001

Ť El centro obligó a renunciar bajo presión a 300 personas, asegura ex empleado

Indaga Secodam despidos injustificados en Cisen

Ť Presenta demanda ante la violación a la LFT Ť Fox incumple promesa, afirma

JUAN ANTONIO ZUÑIGA

La Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) indaga el caso de integrantes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) que han sido obligados a renunciar a este organismo bajo amenazas, sin indemnización y al margen de lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal para los Trabajadores al Servicio del Estado.

Las renuncias han sido aplicadas directamente por funcionarios de la Dirección de Servicios Técnicos, del Departamento de Planeación y el de lo Contencioso Administrativo del Cisen, se asienta en una denuncia interpuesta en la Secodam en poder de La Jornada.

Personal de esta institución confirmó lo anterior, e indicó que 300 integrantes del Cisen han sido separados de su cargo, debido a una restructuración interna en este organismo descentralizado de la Secretaría de Gobernación.

Aseguraron que el presidente Vicente Fox incumplió el compromiso de que "no habría despidos", asumido ante el personal de esta institución en diciembre del año pasado, cuando visitó las instalaciones del Cisen en compañía del titular de Gobernación, Santiago Creel Miranda.

Así recordaron aquella visita presidencial: "El personal lo recibió muy calurosamente. En esa visita Fox declaró que no habría despidos, que siguiéramos trabajando como siempre, ya que nuestras familias tenían asegurado su sustento.

"Además felicitó al personal por su profesionalismo y disciplina, y mencionó estar sorprendido por la organización y metodología del trabajo. Dijo que la institución era un ejemplo a seguir por los organismos de gobierno. Felicitó a las mujeres, que eran mayoría, les dijo que no se preocuparan por sus chiquillos y nos exhortó a seguir trabajando por México".

Se trata de personal de confianza especializado en diferentes áreas, con experiencia de "10, 12, 15 y más años". Afirmaron que han sido separados de su empleo "sin darles un solo centavo como liquidación", y fuera del programa de retiro voluntario aplicado en la administración pública federal.

Trescientos despedidos representan aproximadamente 17 por ciento del universo laboral del Cisen, el cual aplica, para ingresar a su plantilla, los más difíciles exámenes psicométricos, psicológicos y de polígrafo. "De cada 100 aspirantes sólo tres logran pasarlos", afirmaron.

A las 12 horas del pasado 25 de julio fue recibida una denuncia en la oficina del titular de la Secodam, Francisco Barrio Terrazas, "en contra de los funcionarios que actualmente se encuentran administrando la Dirección de Servicios Técnicos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional".

En ella, Gerardo M. Palau Armendáriz narra: "El día 13 de junio del presente, siendo las 11:30 horas fui llamado a la oficina del Ing. Antonio Ayestaran Ruiz, quien estaba fungiendo como encargado de la Dirección de Servicios Técnicos del Cisen.

"Me comunicó que en esos momentos se estaba llevando a cabo una restructuración en la institución y que desgraciadamente me había tocado a mí, por lo que sólo estaría empleado en la institución hasta el 31 de agosto del presente año, sin derecho a ninguna otra prestación como lo marca la ley para los casos de despido".

De acuerdo con la denuncia, Palau Armendáriz, jefe de área en el Departamento de Sistemas de la Subdirección de Informática, manifestó su extrañeza, "ya que era muy raro este procedimiento".

Explica: "En principio, porque en ese momento se estaba llevando a cabo un programa de retiro voluntario con indemnización para las personas que lo aceptaran; y en segundo lugar, porque no son facultades del área técnica el separar del empleo a los empleados, ya que existen otras instancias, la subdirección de Personal y el Centro de Desarrollo de Recursos Humanos, facultadas para atender estos casos".

Según su versión, Ayestaran Ruiz dijo desconocer los procedimientos para designar al personal que se daría de baja, pero que el ingeniero Oscar Joaquín Estrada López, jefe del Departamento de Planeación, "era quien estaba seleccionando al personal para ese efecto".

El 15 de junio, el jefe del Departamento de Sistemas, Manuel Pérez Lucio, le comunicó que debería renunciar "sin problemas", pero Palau se inconformó, "ya que éramos 10 personas de la Subdirección de Informática en el mismo caso".

Así que lo enviaron a la Coordinación de Asuntos Jurídicos junto con otro compañero, a quien le habían notificado verbalmente que debía renunciar.

Ahí, la jefa del Departamento de lo Contencioso Administrativo, Teresita Vargas, "nos indicó que deberíamos firmar la renuncia en paz; que ella no sabía cuál era la metodología para seleccionar al personal que debería salir, pero que deberíamos firmar o tendríamos problemas; que los trabajadores del Cisen no tenemos derecho a nada, que no me arriesgara a tener graves problemas y que nos fuéramos tranquilos".

Luego, la funcionaria les presentó un oficio dirigido al director de Administración, Rafael Ibarra Manzur, y fechado el 15 de agosto, "en el cual cada uno de nosotros solicitamos la renuncia a partir del 31 de agosto del presente año, y nos dijo que firmáramos, pues de cualquier forma ya estábamos fuera de la institución".

Y firmaron. "Nos vimos presionados a firmar un documento de renuncia con fecha del 15 de agosto del presente año, le comenté a la licenciada que firmábamos bajo presión y coaccionados". Media hora después solicitó la devolución del documento firmado, pero fue inútil.

El 20 de junio a las 8 horas le ordenaron entregar todo lo que tenía a su cargo, porque a las 10:30 horas "me iban a sacar los agentes de seguridad de la institución".

En la entrevista de salida, que realiza el Centro de Desarrollo de Recursos Humanos, describe Palau en su denuncia, "me preguntaron el motivo de mi renuncia, a lo cual contesté que nos habían obligado a firmarla bajo amenazas y coaccionados".

Le pidieron su credencial administrativa, el gafete para accesos dentro del Cisen y salió custodiado por un elemento de contrainsurgencia quien le preguntó: "'ƑPues qué hicieron?'. Le dije, "sólo cuestionar al jefe el por qué nos obliga a firmar la renuncia".

Palau Armendáriz denuncia a los funcionarios antes mencionados de "obligar a las personas a firmar su renuncia sin considerar un procedimiento establecido o normado por las leyes vigentes", y de obligar al personal a separarse de su empleo sin otorgar la indemnización correspondiente, por lo que están violando grave y sistemáticamente las garantías individuales y los derechos constitucionales de los trabajadores que estamos firmando dicha renuncia".

Delitos, sostiene, tipificados en los artículos 219, fracción I; 215, fracción II; 281, fracción IV, y 282, fracción II, del Código Penal. Además los acusa de violar el artículo 47, fracciones VI y XXII, de la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos, "cometiendo abuso de autoridad"; también de infringir la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en su artículo 19, capítulo I, el cual establece que "en ningún caso el cambio de funcionarios de una dependencia podrá afectar los derechos de los trabajadores".

Solicita la invalidación de su renuncia, "ya que fue obtenida mediante coacciones y amenazas", y al término de su querella manifiesta: "Nadie debe estar por encima de la ley, los mexicanos y las mexicanas confiamos en que la Secodam intervenga para desterrar de la administración pública las viejas prácticas ilegales de administraciones pasadas".

Luis Eduardo Hurtado González, titular del Organo Interno de Control en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, quien depende de la Secodam, respondió el 21 de agosto:

"Agradeceré a usted se sirva comparecer a las 9 horas del día 3 de septiembre del año en curso, en las oficinas que ocupa este Organo Interno de Control (...), a efecto de que ratifique, amplíe y, en su caso, aporte elementos de pruebas en relación con los hechos denunciados".

La indagatoria está en marcha. El expediente de investigación administrativa es el QU/004/01, y el oficio el OIC/AR/084/01.