MARTES Ť 28 Ť AGOSTO Ť 2001
Ť Son decisión de Estado, le dijo Gutiérrez Barrios
Desapariciones, herencia de cinco presidentes priístas a Fox: Ibarra
Ť ''Somos paisanos, no la puedo engañar'', le expresó CSG
BLANCHE PETRICH
Pocos días antes del último Informe de gobierno del presidente José López Portillo, en 1982, el entonces subsecretario de Gobernación Fernando Gutiérrez Barrios preguntó a quemarropa a los integrantes del Comité de Familiares de Presos y Desaparecidos que preside Rosario Ibarra de Piedra:
-ƑCómo verían ustedes si un día de éstos, de madrugada, les entregamos a un grupo de sus familiares desaparecidos? Se los dejamos en un camión abandonado, digamos... en la Ciudadela. ƑAceptan? ƑO harían un escándalo nacional?
Eso dijo, palabras más, palabras menos. Los interlocutores, casi todos de luto, miraron estupefactos al ''policía caballero''. Rosario Ibarra fue la primera en reaccionar:
-En la Ciudadela no, por aquello de la traición a Madero. Otro sitio.
-Dije Ciudadela sólo por decir. Podría ser la Alameda de Santa María la Ribera.
-Entréguelos, pues. Nosotros no queremos culpables, queremos a nuestros hijos -fue la respuesta unánime.
Durante mucho tiempo ese episodio fue motivo de análisis y discusión en el seno de la organización que más adelante se llamaría Comité Eureka. Pasaron los años y la palabra del hombre fuerte de Veracruz no pasó de ser una cruel burla. Sólo el tiempo permitió a las familias de las víctimas valorar el significado que entrañaba en ese momento la temeraria pregunta de Gutiérrez Barrios.
''Es un indicio inequívoco -analiza hoy Sergio Rodríguez, que formaba parte del grupo y participó en esa reunión en Bucareli- de que a finales del sexenio de López Portillo todavía había desaparecidos vivos. Y que en altos círculos del poder había dudas sobre qué decisión tomar: entregarlos o no. La historia demuestra que hubo una decisión de Estado de no entregarlos.''
Puestos a hacer memoria, los miembros de Eureka recuerdan otra conversación clave con aquella eminencia gris de las políticas de seguridad nacional y represión en los sexenios de Luis Echeverría y José López Portillo. Gutiérrez Barrios no tenía empacho en trenzarse en esgrimas verbales con la aguerrida Rosario Ibarra y con sus compañeros de lucha. En uno de tantos duelos, antes de su escalofriante ofrecimiento de entregar a un grupo de víctimas, el funcionario aceptó que la desaparición de ciudadanos en el contexto de la lucha antisubversiva de aquellos años había sido ''una decisión de Estado'', y que sólo otra ''decisión de Estado podría deshacer el entuerto.''
Desde entonces, dice doña Rosario, ''estamos esperando esa decisión de Estado''. Y el ''entuerto'', que en realidad es un rosario de medio millar de tragedias individuales, se sigue enredando. Es legado de cinco presidentes priístas para Vicente Fox.
Un cuarto de siglo después, las heridas siguen tan vivas como entonces y el desafío para el gobierno es aún mayor, ya que la deuda contraída con esos 553 desapariciones, nunca saldada, simplemente no conjuga con las ideas de ''democracia'' y el ''nuevo México.''
Todos los caminos, cerrados
Los desaparecidos nunca fueron entregados, ni en Santa María la Ribera ni en ningún otro lugar. Gutiérrez Barrios salió de Gobernación. Manuel Bartlett llegó a Bucareli y al poco tiempo el nuevo subsecretario, Jorge Carrillo Olea, ya tenía a las doñas reclamando en su puerta lo de siempre: aparición con vida de sus hijos y esposos. Guillermo Malo, su encargado de oficina, llegó a decirles que los de la administración anterior ''habían arrasado con todo'' y hasta los expedientes de los desaparecidos se habían llevado. Ese sexenio no hubo más gestos ni acciones en torno a estos casos.
Apenas 16 días después de la toma de posesión de Carlos Salinas, al nuevo habitante de Los Pinos le estalló en las manos el tema de las desapariciones forzosas del pasado reciente con un nuevo caso: el secuestro y desaparición de un militante del PRT en Morelos, activo defensor del voto cardenista, José Ramón García Gómez. Entusiasta de los golpes de efecto, Salinas recibió a las doñas en Los Pinos: ''No se preocupen -les dijo-, en 20 días van a saber de sus hijos''. Selló sus palabras con un beso para cada una de las señoras. A Rosario Ibarra le expresó además: ''šSi somos paisanos! Entre nosotros no puede haber engaño''.
Lo hubo. A los 20 días fue creada la
Comisión Nacional de Derechos Humanos. Su primer presidente, Jorge Carpizo, nunca las recibió. Gutiérrez Barrios estaba de vuelta en el poder, ahora como titular de su vieja querencia, la Segob. ''El caso ya no está en mis manos. Vayan con Carpizo'', despidió al Comité Eureka cuando lo fueron a ver.
Jorge Madrazo, su sucesor, sí les dio audiencia. Las doñas recuerdan una reunión empalagosa, infructuosa, en la que se percataron que las cajas de expedientes que con tanto esfuerzo habían reconstruido para volverlas a entregar a Carrillo Olea estaban ahí, en un rincón de la oficina de los derechos humanos, con sus historias en las mismas carpetas amarillas en los que ellas las habían guardado.
Existe en la CNDH el Programa Especial de Presuntos Desaparecidos. Hasta 1993 estuvo a cargo de Ignacio Cabrera. Después fue nombrado Raúl Plascencia. Tiene en su haber 482 expedientes. Apenas a principios de junio de este año, 11 años después de creado el programa, se solicitó al Cisen y a la Sedena autorización para consultar sus archivos.
Siete años después, la maestra chihuahuense Marta de los Ríos constató con decepción que esos archivos siguen en el mismo estado de abandono. Fue a raíz de una dudosa revelación, salida de los archivos de la segunda visitaduría de la CNDH, de que su hermana Alicia de los Ríos, desaparecida en enero de 1978, había tenido un parto normal en el Reclusorio Femenil de Tepepan, a fines de ese año, según el testimonio de un médico del penal, llamado Juan Altamirano. Otras dos desaparecidas de Chihuahua, Leticia Galarza y Olga Navarro Fierro, habrían parido en las mismas circunstancias.
La primera reacción del actual ombudsman, José Luis Soberanes, fue enviar a Chihuahua a dos funcionarios, Tomás Serrano y Laura Sánchez, a entrevistarse con la familia de los Ríos. ''No llegaron a brindar información sino a confundirnos más y a tratar de manchar el nombre de Rosario Ibarra. Nos dijeron que Altamirano estaba chocheando y que la que sí sabía donde estuvo recluida mi hermana era la señora Ibarra. Me reservo lo que les contestamos y lo que pensamos de ellos.''
Aun así, Marta de los Ríos quiso ver -''con mis ojos''- esos documentos y viajó al Distrito Federal. Hoja por hoja revisó un legajo de unas 400 páginas ''todas revueltas y repetidas'' en la oficina del visitador Plascencia. ƑSabes qué es lo que han hecho de dizque investigación todos estos años? Bueno, Jorge Madrazo mandó cartas a las oficinas del DIF en todos los estados preguntando por niños con los apellidos de los Ríos, Galarza y Navarro, hijos de mujeres desaparecidas, nacidos a fines de 1978, principios de 1979. Prueba que la CNDH conocía por lo menos desde entonces la información de Altamirano y nos la ocultó. Y Mireille Roccatti fue más absurda: redactó un memorando que envió a todos los municipios de la sierra de Chihuahua preguntando si no habían encontrado unos huesos por ahí que pudieran pertenecer a los desaparecidos políticos. Esas fueron sus investigaciones.''
El ruido periodístico creado por el caso de Alicia de los Ríos fue aprovechado por Soberanes para anunciar, en octubre y noviembre, el superinforme de la CNDH sobre los casos de los desaparecidos.
A la semana siguiente, mediados de junio, en la Plaza de Armas de San Luis Potosí las familias de desaparecidos se congregaron para resolver un plan de acción frente a la ofensiva propagandística. Representantes de las 502 familias de víctimas acordaron no acudir más a la CNDH: ''ƑA qué ir? ƑA que te echen sal en las heridas, como le hicieron a Marta de los Ríos?'', fue el resultado de una reflexión colectiva.
La papa caliente
Pero poco antes de esa asamblea, en el mes de mayo, en una mesa redonda televisada del programa Zona Abierta, que conduce Héctor Aguilar Camín, se habían ventilado claves interesantes sobre cómo piensa enfrentar el tema de los desaparecidos el gobierno de Fox. El tema era, justamente, el saldo de facturas pendientes con el pasado. Los invitados, los asiduos al programa: el canciller Jorge G. Castañeda, Federico Reyes Heroles, Beatriz Paredes y Sergio Aguayo.
Ahí, Castañeda admitió que había puesto sobre la mesa el tema del ''ajuste de cuentas con el pasado'' por instrucciones del Presidente, para ''sondear''. Habló del 68, de Acteal y Aguas Blancas como ''crisis fundacionales''. Y de los desaparecidos, claro. Mencionó que tendrían que ''zanjarse los agravios contra las fuerzas armadas'' y concluyó que lo que se necesita hacer es ''conocer la verdad y luego decidir si se castiga o no. Porque-dijo- hay impunidades que no se castigan. Así es la vida. Ni modo.''
Aguayo abonó a favor de una comisión de la verdad, porque una iniciativa así -afirmó- ''le quitaría al Estado la papa caliente''.
En un sillón de su pequeño departamento de la colonia Condesa, Rosario Ibarra veía el programa. En ese momento brincó como resorte: ''šClaro, eso es lo que somos para ellos, una papa caliente!''
La hora de la justicia
Vicente Fox tiene similitudes con sus antecesores. Una de ellas es que le incomoda profundamente reunirse con las familias de los desaparecidos. Reticente a hacerle el juego al voto útil, el Comité Eureka fue de las pocas organizaciones de derechos humanos que no acudieron al besamanos con Fox, durante la campaña. Pero apenas fue presidente electo, exigieron verlo. Entonces, el mandatario ya no quiso.
El 13 de diciembre del año pasado, a las 12.37 del mediodía, quedó sellado el oficio en el que el Comité Eureka solicitaba en Los Pinos audiencia con el presidente Vicente Fox. El 13 de enero volvieron a presentarse con la misma solicitud. Y el 13 de febrero. Cada mes, como maldición gitana, ahí estarán, solicitando audiencia. Al cabo que su larga lucha las ha doctorado en el arte de la paciencia.
Rosario Ibarra considera que a diferencia de sus antecesores, este Ejecutivo cuenta con un recurso legal nuevo para esclarecer el caso de los desaparecidos. Justamente por iniciativa del Comité Eureka, apoyado por el PRD, la Cámara de Diputados aprobó en la actual legislatura una reforma al Código Penal que considera como imprescriptible el delito de desaparición forzosa. ''Esto le dio al Presidente una arma maravillosa para actuar y esclarecer los casos de los desaparecidos. Pero se requiere de valor para hacerlo. ƑQué espera para proceder? ƑA que los demandemos penalmente? Pues a eso vamos'', señala Rosario Ibarra. A eso van hoy, a las 11 de la mañana, a la PGR.