MARTES Ť 28 Ť AGOSTO Ť 2001
Ť No hay uniformidad de criterios, dice Olga Sánchez
Ministra urge a fijar en la Carta Magna supremacía de tratados internacionales
La ministra de la Suprema Corte Olga Sánchez Cordero destacó la necesidad de establecer en la Constitución expresamente la importancia de los tratados internacionales por encima de las leyes federales, para que dichos acuerdos signados por el gobierno mexicano dejen de ser "cartas de buenas intenciones".
Al participar en un acto académico del Instituto de la Judicatura Federal, Sánchez precisó que si bien, la Constitución reconoce a los tratados como parte del sistema jurídico nacional; pero por otro lado, no existe en la Constitución un reconocimiento de validez intrínseca del derecho internacional.
Es decir, explicó, las normas de derecho internacional no son válidas per se en el país, pues su eficacia opera en tanto son aceptadas expresamente por la Carta Magna, de manera que "no queda claro si los tratados son jerárquicamente superiores a las leyes, o viceversa".
Sostuvo que por ser un tema que está aún sujeto a la interpretación de los jueces, tienen lugar "graves conflictos", porque no hay uniformidad de criterios y, por lo tanto, hay diversas conclusiones sobre un mismo asunto.
Se deben uniformar criterios que permitan la coexistencia armónica y simultánea de los tratados y de las leyes secundarias, "pues no se trata de anular a una de las dos normas en conflicto -que pudiera ser un tratado o una legislación secundaria-, sino de definir su aplicabilidad a un caso concreto".
Tan sólo para tomar un ejemplo de los beneficios que tendría que se legislara al respecto, la ministro dijo que uno de los sectores que se verían más favorecidos sería el de los niños, porque existen convenios internaciones firmados por México que son más estrictos, en cuanto a protección de los menores, que las legislaciones secundarias del país.
Explicó que la contradicción entre normas internacionales -como podría ser el Tratado 169 de la Organización Internacional del Trabajo- y normas internas generalmente plantea problemas de mera legalidad, en las que los tribunales deben definir si una norma ha sido correctamente aplicada o no.
Una solución a las controversias podría ser que se establezca la obligación genérica de interpretar todo el sistema jurídico, de manera que se adapte lo más posible a los pactos internacionales sobre derechos fundamentales, con el consecuente beneficio a la población, dijo.
La idea, concluyó, es que los instrumentos internacionales se conviertan en ley suprema de la unión.