MARTES Ť 28 Ť AGOSTO Ť 2001
Ť Lo responsabilizan por dos matanzas durante su gestión
Aprueba el Congreso peruano acusar de homicidio a Fujimori
Ť "Inventan un gran proceso", responde el ex mandatario
Ť Una eventual extradición demoraría más de un año
AFP Y REUTERS
Lima, 27 de agosto. El pleno del Congreso de Perú aprobó esta noche acusar constitucionalmente al destituido ex presidente Alberto Fujimori, actualmente refugiado en Japón, por presuntos delitos de homicidio calificado, lesiones graves y desaparición forzada de personas, en el caso de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, perpetradas por un comando militar durante la década en que gobernó el país.
El acuerdo se logró tras una votación unánime de 75 votos a favor y ninguno en contra, en una sesión especial en que una comisión legislativa que investigó las matanzas, casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos en Perú, consideró que el ex mandatario incurrió en "delitos considerados de lesa humanidad que son perseguibles universalmente y sin posibilidades de prescripción".
Ello abre la puerta para que el ex presidente pueda ser extraditado de Japón, dijo el legislador Daniel Estrada, presidente de la comisión acusadora.
Esta es la segunda acusación constitucional contra Fujimori, luego que se aprobó a finales del pasado año una primera por "abandono del cargo e incumplimiento de deberes de función", delito "débil" según analistas, que no animó a tramitar su extradición.
Al fundamentar el pedido de la comisión acusadora, Estrada dijo que el ex mandatario es coautor de las dos matanzas: el asesinato el 3 de noviembre de 1991 de 15 personas, entre ellas un niño, supuestamente al confundirlas con rebeldes, y la ejecución el 18 de julio de 1992 de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Estatal de la Cantuta.
Ante el pleno del Congreso, el legislador sostuvo que la matanzas, perpetradas por el grupo Colina, integrado por oficiales y subalternos del ejército, fueron parte de un operativo sistemático que correspondía a un plan preconcebido supuestamente para combatir la subversión, y "no fueron acciones espontáneas ni aisladas de un grupo de soldados del ejército".
Puntualizó que el nacimiento del grupo paramilitar Colina "fue parte de ese plan de gobierno", y que el ex mandatario conocía las actividades de esa organización ilegal. En este sentido, Fujimori "potenció la maquinaria del Servicio de Inteligencia Nacional, del que dependía Colina, y le dio facultades especiales, para ejecutar 'operaciones especiales de inteligencia'". Las matanzas, añadió, "fueron precisamente eso"
Estrada, quien citó testimonios de ex militares como el otrora comandante general del ejército Nicolás de Bari Hermoza , mostró documentos internos del ejército que probarían que el propio Fujimori pidió el ascenso en el escalafón militar de los jefes del grupo Colina. Incluso, mostró un documento firmado por Fujimori en que felicita al mayor Santiago Martín Rivas, jefe operativo de Colina, "por prestar eficiente servicio en materia de seguridad nacional".
Mencionó también que Fujimori prometió impunidad a los autores de las dos matanzas, y como muestra, recordó que el ex presidente impulsó una ley de aminstía cuando grupos de derechos humanos revelaron las matanzas, lo que permitió que los militares condenados por las mismas fueran liberados en 1995.
Al rechazar su responsabilidad en las matanzas, Fujimori, quien vive en Tokio amparado por su doble nacionalidad desde que su gobierno se derrumbó en noviembre de 2000 en medio de graves acusaciones de corrupción, dijo en su página de Internet que "ahora tratan de inventar un gran proceso. šTodo vale!".
La acusación aprobada hoy por el Contreso debe ser remitida a la fiscalía y al Poder Judicial, que abrirá luego un proceso penal. "Dentro de este proceso, el juez ordena la detención y eso da lugar al pedido de extradición a Japón", dijo Estrada. Sin embargo, ese país asiático no contempla en su legislación la extradición de sus ciudadanos.
El proceso podría durar al menos año y medio, advirtió el procurador anticorrupción José Ugaz, quien investiga las actividades ilegales de Vladimiro Montesinos, ex brazo derecho de Fujimori y ex jefe de los servicios secretos. "Aquí se requiere simplemente determinar si hay indicios que justifiquen una investigación judicial", indicó.
La legisladora Martha Chávez, una de las tres miembros del partido de Fujimori que logró ingresar al Congreso en las elecciones de junio, sostuvo que los sectores antifujimoristas "son tan ingenuos que creen que van a impresionar al gobierno japonés cuando no hay ninguna prueba".
Estrada hizo notar hoy ante el Congreso que no se pueden pedir pruebas fehacientes cuando "se sabe" que los operativos de inteligencia se caracterizan por no dejar huella, como órdenes firmadas.