MARTES Ť 4 Ť SEPTIEMBRE Ť 2001
Ť Sobrevivientes y familiares impugnan cargos de Arellano Noblecía y Cortés Ibarra
"Premian" a judiciales que encabezaron matanza en Sonora
CIRO PEREZ SILVA'
El 25 de octubre de 1975, un grupo de policías judiciales del estado de Sonora acompañados por efectivos del Ejército Mexicano se presentaron en el ejido San Ignacio Río Muerto del Valle del Yaqui con la encomienda de desalojar a casi 400 campesinos que habían ocupado unas tierras por considerarse con derechos ejidales sobre ellas. No hubo diálogo, y los campesinos fueron desalojados a tiros; siete de ellos murieron en el lugar.
Luego de 25 años, quienes encabezaron la masacre fueron premiados con cargos en la administración pública del gobernador Armando López Nogales.
El entonces teniente coronel Francisco Arellano Noblecía se desempeñaba como jefe de la policía judicial. Actualmente es el coordinador de las fuerzas especiales de la Secretaría de Seguridad Pública.
El hoy general Arellano Noblecía estaba bajo las órdenes de Miguel Angel Cortés Ibarra, entonces procurador general del estado de Sonora, cargo en el que se desempeña actualmente. Ambos son señalados como responsables de la muerte de los siete campesinos, un número indeterminado de heridos y otros más detenidos.
Sobrevivientes de aquel desalojo y familiares de los fallecidos, demandaron ayer en la Cámara de Diputados la renuncia de ambos funcionarios, exigencia que llevaron ayer mismo al secretario de Seguridad Pública de la administración federal, Alejandro Gertz Manero, tras afirmar que las evidencias indican que se realizaron ejecuciones sumarias y con tiro de gracia, además de que todas las armas empleadas eran de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
Los denunciantes reclaman que "en consonancia con los nuevos tiempos que vive el país, y en relación con las graves violaciones de los derechos humanos que se han dado en el pasado", las autoridades federales intervengan para separar de su cargo al general Francisco Arellano Noblecía, a fin de que sean investigados y en su caso castigados los graves hechos en que participó.
Cuentan los sobrevivientes que Juan de Dios Terán fue el primero en ser abatido por los disparos de la policía judicial; "estaba de espaldas a los judiciales y así lo mataron", relatan. "Al presentarse las fuerzas policiales en el ejido de San Ignacio Río Muerto fueron inquiridas con respecto a la orden judicial que respaldaba su acción, y la respuesta fue abrir fuego sobre los campesinos", narra José Guadalupe Quintana, quien fue encerrado en una camioneta a unos metros del terreno.
"Hubo como 15 minutos de disparos; corrimos a guarecernos en un tejabán, otros buscaron ponerse a salvo saliendo de los predios y las fuerzas policiales los detuvieron tirándolos al suelo. Nos ponían las botas en el cuello preguntándonos: "Ƒquieres tierra, cabrón? šaquí la tienes!", mientras nos restregaban la cara contra el suelo", dice Carlitos, uno de los más viejos.
Relata que cuando se detuvieron los disparos salió del tejaban con las manos en alto, "pero cuando me vieron siguieron disparando; una bala me atravesó el cuello y salió por la boca, y cuando pude llegar a un hospital me di cuenta de que también tenía heridas en rodilla y muslo izquierdos".
Los sobrevivientes comentan que los policías evitaron que la Cruz Roja se llevara a los heridos. "Los hubieran podido salvar, pero los dejaron desangrarse", dijeron.
Estos, los sobrevivientes, identificaron plenamente a Arellano Noblecía, por lo cual piden su renuncia y la creación de una comisión que investigue "la verdad de los hechos, y castigue a los culpables", porque en ese entonces, según afirman, no se inició averiguación alguna.