MIERCOLES Ť 5 Ť SEPTIEMBRE Ť 2001

MEXICO S.A.

Carlos Fernández-Vega

LOS SECRETARIOS DE AGRICULTURA, de Economía y de Hacienda, los señores Usabiaga, Derbez y Gil, respectivamente, se sienten tranquilos y satisfechos por la "expropiación" de 27 ingenios azucareros. Probablemente los dueños de esas centrales también se sientan tranquilos y satisfechos con el evento, aunque algunos hagan la finta de que podrían recurrir a la "vía legal" para "reclamar" sus derechos.

PARA EL GOBIERNO FEDERAL, esa tranquilidad se sustenta en el hecho, dice, de que la ''expropiación" anunciada el lunes debe entenderse como una "estatización transitoria", cuyo fin es sanear financieramente los 27 consorcios y, en un plazo perentorio, volverlos a licitar, esto es, venderlos de nueva cuenta a grupos privados dedicados al dulce negocio del azúcar o, cuando menos, a empresarios que sepan de qué se trata el asunto.

PERO -NO SERIA NADA RARO- a la autoridad se le puede hacer bolas el engrudo, toda vez que en cualquiera de los dos casos planteados, difícilmente podrá encontrar compradores distintos a los "hombres de negocios" ahora expropiados (por ineficientes, chuecos y "ordeñadores") o a empresarios pertenecientes a esa cofradía, dado el enorme grado de concentración de la actividad azucarera en el país. La otra alternativa, que aparentemente nadie quiere según lo expuesto públicamente, sería que la administración del cambio, en aras de fortalecer el "humanismo social" que le da rumbo y fortaleza, decida vender los ingenios expropiados a las grandes corporaciones trasnacionales dedicadas a este business.

LOS TRES TRISTES TIGRES (funcionarios públicos todos ellos) mencionados al principio de estas líneas aseguran que la expropiación de los 27 ingenios azucareros no le costará prácticamente nada al gobierno de la República: de mil a 3 mil millones de pesos, tal vez. Supongamos que lo dicho por los distinguidos secretarios de despacho sea correcto: el erario nacional saldrá virgen y con aureola de esta operación. Entonces, Ƒquién pagará los casi 3 mil millones de dólares que deben los ingenios azucareros -los 60, no sólo los expropiados- a las finanzas nacionales? Una vez que las centrales se encuentren sanas y robustas y se liciten de nueva cuenta, Ƒla cubrirán los nuevos propietarios?

LA NADA DESPRECIABLE CIFRA de adeudos de los dulces empresarios se compone de la siguiente manera: alrededor de 2 mil millones de dólares a Financiera Nacional Azucarera, 650 millones a la Comisión Nacional del Agua y el Instituto Mexicano del Seguro Social, y cerca de 350 millones de dólares en créditos no cubiertos a instituciones como el Banco Nacional de Comercio Exterior, FIRA -del Banco de México- y Banrural. No se consideran en esta suma los adeudos a la banca comercial ni los 4 mil 500 millones de pesos que no han cubierto a los productores cañeros.

ESE ES EL TAMAÑO REAL de la bomba que le puede reventar en la cara al gobierno del cambio, no los "mil a 3 mil millones de pesos" que manejan los tres secretarios de Estado. Y parece que todos los sectores involucrados están conscientes de esta situación, menos los señores Usabiaga, Derbez y Gil. Veinticuatro horas después de conocerse la noticia, se escucha, a una sola voz, la advertencia: šNO a un nuevo Fobaproa!

EFECTIVAMENTE, ASI EMPEZO el Fobaproa, cuando en enero de 1995 Miguel Mancera Aguayo, en ese entonces gobernador del Banco de México, aseguraba que ni un solo banco iría a la quiebra y que el gobierno de Ernesto Zedillo apoyaría con unos cuantos millones de pesos a las instituciones financieras que eventualmente llegaran a necesitarlo. En diciembre de 2000, el saldo de esas "eventualidades" superaba los 850 mil millones de pesos, sin contar los generosos intereses que, con recursos públicos, cubren los pagarés en poder de los bancos "rescatados".

EL ERARIO NACIONAL RECIBIO alrededor de 12 mil 500 millones de dólares por la privatización de 18 instituciones bancarias. Su "rescate", vía Fobaproa e IPAB, le ha costado al país cerca de 100 mil millones de dólares. Por lo que toca a los ingenios azucareros, el gobierno obtuvo no más de 400 millones de dólares por su reprivatización y a la fecha la deuda de los dulces empresarios con las distintas entidades gubernamentales se aproxima a los 3 mil millones de dólares. En el caso de la banca, por cada dólar que el gobierno recibió ha tenido que gastar 8.3; en el de las centrales azucareras, la relación ha sido de uno a seis.

Y ASI EMPEZO TAMBIÉN la participación del Estado (en un pasado no tan remoto que le saca ronchas al "humanismo social'' de la administración del cambio) en la industria azucarera.

A LO LARGO DE TRES LUSTROS (1967-1982), el gobierno federal adquirió (en ese entonces todavía no se le llamaba "rescate") un número creciente de ingenios privados en quiebra, incrementando, de manera sostenida, su participación en la producción y comercialización de azúcar: en 1967 representó 14 por ciento del total nacional; en 1974, 33.7 por ciento, y en 1982, 72 por ciento. Paralelamente, en dicho periodo la demanda interna se incrementó casi 120 por ciento: de un millón y medio de toneladas en 1967 a 3.25 millones en 1982. En 2000, con la industria totalmente privatizada, se produjeron cerca de 5 millones de toneladas, con un consumo doméstico de alrededor de 4.5 millones.

EN TODO ESTE BERENJENAL azucarero, uno de los detalles que más llaman la atención es que los funcionarios públicos utilizan todo tipo de calificativos y acusan de todo tipo de ilícitos a quienes "llevaron a sus empresas a perder la salud financiera, contrayendo grandes deudas ante diversas sociedades de crédito y organismos del gobierno federal, poniendo con ello en riesgo además del patrimonio de los trabajadores del campo el de todos los mexicanos", pero nunca se les señala con nombre y apellido. En el decreto expropiatorio publicado el lunes, se relacionan los 27 ingenios azucareros involucrados, pero nunca el nombre del grupo empresarial ni muchos menos el del propietario, ejercicio que en nada se distingue a las "viejas prácticas" que, según esto, "ya quedaron atrás".

Las rebanadas del pastel:

CON LA NOVEDAD DE QUE Enrique Molina Sobrino, Juan Gallardo Thurlow, Alberto Santos de Hoyos y las familias Machado y Seoane gritaron al unísono: "No sabemos de qué nos hablan"... El Grupo Beta San Miguel (con cinco ingenios azucareros en su cartera y que preside José Pinto Mazal) no siente los calambres expropiatorios porque entre sus accionistas se cuentan las trasnacionales Nestlé y Panamco, el Grupo Industrial Bimbo y el Grupo Peninsular (uno de los más importantes embotelladores de Coca-Cola, este último icono del "humanismo social").

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