El comisionado para la Paz en Chiapas, Luis H. Alvarez, formuló ayer un llamado "a todos aquellos que se han destacado por su conocimiento de la problemática y su trabajo en beneficio de los pueblos indígenas" a participar en un debate nacional, "serio y responsable", que desemboque en la aplicación de las reformas constitucionales en materia de derecho y cultura indígenas aprobadas por el Congreso de la Unión y una mayoría de congresos estatales, y rechazadas masivamente por los propios indígenas. 

Una expresión significativa de ese rechazo ocurrió precisamente la víspera del mensaje del comisionado, cuando 247 municipios de Oaxaca y el gobierno de Tlaxcala presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación sendas controversias constitucionales contra esas modificaciones legales.

Luis H. Alvarez dijo en su mensaje que "no es prudente ni mucho menos responsable sugerir una supuesta falta de legitimidad de la reforma, puesto que su aprobación se sujetó a los procedimientos establecidos de antemano", y argumentó que el gobierno que representa "a todas luces ha dado muestras certificables de su compromiso por la paz".

Desgraciadamente no parece probable que la exhortación del comisionado para la Paz surta un efecto positivo en la empantanada circunstancia chiapaneca, ni que contribuya a resolver la fractura entre la formalidad institucional del país y los pueblos indígenas.

Por el contrario, lo dicho por el ex integrante de la Cocopa podría ser interpretado como una nueva descalificación gubernamental de cuanto han expuesto y argumentado, desde enero de 1994, las organizaciones indígenas, armadas o no, en el sentido de que no es ética ni políticamente aceptable que la suerte de los pueblos indígenas se decida sin tomarlos en cuenta en tanto que sujetos de su propio acontecer.

Toda vez que hay en curso controversias de constitucionalidad --nada menos que 270-- contra las reformas mencionadas, la legalidad de éstas ha sudo puesta en tela de juicio; en cuanto a su legitimidad, quedó en entredicho desde el momento en que la gran mayoría de las representaciones indígenas las repudió por considerar que no satisfacen las demandas de ese sector de la población.

Por lo que se refiere al compromiso por la paz esgrimido por Alvarez, los acontecimientos de los meses recientes lo han puesto en duda. No se trata únicamente de la inexplicable y trágica pifia gubernamental de enviar la iniciativa de la Cocopa al Congreso sin haber realizado antes la negociación política que se requería para su aprobación --con lo cual se abrió la puerta para que la desfiguraran y distorsionaran los legisladores afectos a los criollismos--, sino de una renovada política de hostigamiento contra las comunidades que en Chiapas simpatizan con el zapatismo.

En otro sentido, el debate nacional al que ahora convoca el comisionado se inició desde antes de que fueran aprobadas las reformas, se desarrolló de manera seria y responsable hasta donde se sabe --es decir, con argumentos expuestos y difundidos por ambas partes-- y culminó con la constatación de una evidente fractura entre las comunidades indígenas y quienes han trabajado por su dignificación, y las posiciones encomenderas que dominan el Poder Legislativo y buena parte del Ejecutivo.

Lo dicho ayer por el comisionado parece indicar, en suma, que el gobierno del presidente Vicente Fox no ha cobrado conciencia del nuevo agravio cometido contra los indígenas con la aprobación de unas reformas adulteradas que de ninguna manera reflejan los acuerdos de San Andrés.