VIERNES Ť 7 Ť SEPTIEMBRE Ť 2001
Ť La expropiación va contra el estado de derecho: ABM
Las indemnizaciones por ingenios, a cargo del presupuesto de Sagarpa
JUAN ANTONIO ZUÑIGA Y ROBERTO GONZALEZ AMADOR
Los accionistas de 27 ingenios expropiados el 3 de septiembre serán indemnizados con cargo al presupuesto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), informó la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam).
A través de la Comisión de Avalúos y Bienes Nacionales (Cabin), la Secodam determinará el valor de las acciones a partir del inventario de maquinaria, predios y edificios, así como del análisis de los estados contables y financieros de cada uno de los complejos azucareros expropiados.
A estos activos se descontarán los adeudos registrados con el Seguro Social, la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional del Agua, Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad, proveedores particulares y con los trabajadores cañeros.
Una vez hecho esto, la Cabin determinará el monto de las indemnizaciones sólo en los casos en que el valor de los activos resulte superior al de las deudas de cada uno de los ingenios expropiados.
Fue una medida extrema, se quejan banqueros
La determinación del gobierno federal de expropiar 27 de los 59 ingenios que operan en el país constituyó una medida ''extrema que va en contra del estado de derecho'' y que no necesariamente va a resolver el problema de la industria azucarera, aseguró ayer Héctor Rangel Domene, presidente de la Asociación de Banqueros de México (ABM).
Expuso que el sector azucarero enfrenta problemas muy serios, que tienen que ver con una producción superior al consumo del endulzante y con la existencia de un contrato ley rígido, por lo que la expropiación debió ser acompañada de una reforma estructural en esa industria. ''Creo que hubiera sido preferible encontrar otra vía de solución'', señaló.
Prevención, procuración e impartición de justicia, áreas críticas de corrupción
La Secodam indicó que dentro de las 2 mil áreas críticas relacionadas con la corrupción del sector público, las mayores probabilidades de que se presente y desarrolle este fenómeno se ubican en las dependencias de prevención, procuración e impartición de justicia.
Entre ellas ubicó a la Policía Federal Preventiva (PFP), a las prisiones y al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), dentro de la Secretaría de Seguridad Pública Federal en lo que se refiere compras de equipo; las áreas de control y vigilancia de la Procuraduría General de la República, así como Aduanas, dentro de la estructura de la Secretaría de Hacienda.
En las áreas críticas de la administración pública federal laboran poco más de 206 mil personas, de las cuales aproximadamente 27 mil se concentran en zonas de alto riesgo para la corrupción