La llegada al país del ex banquero y presunto defraudador Carlos Cabal Peniche, ayer, luego de un largo proceso de extradición, fue una contundente exhibición del doble rasero que impera en las instituciones de procuración e impartición de justicia del país: el puño implacable y los procesos irregulares y plagados de atropellos para los pobres, y el trato obsequioso y obsecuente para los ricos que, como es presumiblemente el caso de Cabal, robaron sumas multimillonarias que ahora están siendo pagadas con los impuestos de todos los ciudadanos.

Gracias a sus cuantiosos recursos económicos que le permitieron contratar abogados --si no es que también servidores públicos de la PGR y del Poder Judicial--, Cabal, como en su momento ocurrió con Isidoro Rodríguez y Oscar Espinosa, disfruta, desde su arribo al país, de un régimen de libertad provisional pese a que, al igual que el otro ex banquero y el ex secretario de Turismo, se trata de un prófugo de la justicia.

Ciertamente, existen en el país los resquicios legales que han hecho posible esta triple exhibición de impunidad que pone en tela de juicio la vigencia de un real estado de derecho a pesar de la alternancia en el poder y de los avances logrados en materia de democratización. Tales resquicios, ahora es posible apreciarlo, fueron generados por los legisladores que, en las reformas legales efectuadas en los sexenios antepasado y pasado, eliminaron los fraudes --como los cometidos presuntamente por Rodríguez, Cabal, Lankenau y otros-- y los desvíos de recursos --como los presumiblemente perpetrados por el último regente de la ciudad de México-- del catálogo de delitos graves.

A la vista de los resultados de tales reformas resulta inevitable sospechar que las reformas legales referidas fueron concebidas, promovidas y establecidas con premeditación y mala fe, en el contexto del inmenso saqueo de las arcas públicas que, de acuerdo con todos los datos disponibles, se llevó a cabo durante los gobiernos de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo.

Si hace 12 años la procuración e impartición de justicia pecaban ya de un evidente sesgo clasista, que no castigaba tanto la comisión de delitos cuanto la pobreza, esa característica se acentuó en forma exasperante. Hoy, para una sociedad empobrecida y agraviada por los ciclos de crisis y desfalcos, la libertad condicional de los presuntos defraudadores resulta una obscenidad.

El discurso oficial sigue enfatizando la necesidad, indudable, de aceitar, depurar y perfeccionar los aparatos de seguridad y justicia a fin de enfrentar el embate de la criminalidad, pero la delincuencia de cuello blanco --la delincuencia de los ricos-- está ausente de tal discurso, como si los desfalcadores multimillonarios no causaran daños patrimoniales más graves que los de los carteristas de la calle. 

Para que la transición política en curso no se convierta en un mero cambio de siglas y emblemas, es necesario restituir a la justicia los atributos que terminó de perder durante el salinato y el zedillato y que hoy no premia la inocencia, sino la riqueza.