LUNES Ť 10 Ť SEPTIEMBRE Ť 2001

Ť Se investigan desvíos de subsidios y evasión fiscal; no habrá rescate, insisten autoridades

Zedillo decidió la liquidación de Fina sin detallar adeudos

Ť La deuda de los 27 ingenios recién expropiados asciende a 25 mil millones de pesos

ANTONIO CASTELLANOS

Con problemas de deuda, que actualmente asciende a 25 mil millones de pesos en los 27 ingenios recién expropiados, el ex presidente Ernesto Zedillo decidió la liquidación de Financiera Nacional Azucarera (Fina) sólo un día antes de entregar el poder a Vicente Fox. El débito total era con Fina, Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y FIRA, el fideicomiso del Banco de México para apoyar la agricultura.

El decreto presidencial, firmado por Zedillo, José Angel Gurría y Arsenio Farell, entonces secretarios de Hacienda y de la Contraloría, fue publicado en el Diario Oficial el 28 de noviembre y entró en vigor un día después, pero nunca detalló los recursos emproblemados, que incluyen al Consorcio Azucarero Escorpión (Caze), sujeto a una amplia investigación y en el que podría existir además una evasión fiscal de 103 millones de pesos, así como un desvío de subsidios por una cantidad que todavía no se determina

"Tendrán que encarar a la PGR"

Las indagatorias prosiguen y definitivamente no se rescatará a los accionistas; quien sea responsable de operaciones al margen de la ley, indicaron las autoridades hacendarias, tendrán que encarar a la Procuraduría General de la República. Sólo el adeudo con Fina asciende a 18 mil millones de pesos, lo que contrasta con el cálculo del costo de la expropiación, que se calcula entre mil y 3 mil millones de pesos.

De acuerdo con estimaciones oficiales, la expropiación de los ingenios podría acelerar la liquidación de Fina. Los expedientes los analiza el Fideicomiso Liquidador de Instituciones Nacionales de Crédito (Fideliq). En manos de esta institución están los ingenios de Azucarera de la Chontalpa Santa y la Joya, en Tabasco y Campeche.

Los de Caze son los ingenios de Atencingo, Casasano, La Abeja, El Modelo, El Potrero, Emiliano Zapata, La Providencia, Plan de San Luis, Impulsora de la Cuenca de Papaloapan y San Miguelito.

En los considerandos del decreto que ordenó la liquidación de Fina, se destaca que "la Secretaría de Hacienda, en su carácter de coordinadora de sector, ha propuesto la disolución y liquidación de la empresa de participación estatal mayoritaria de referencia, por considerarla benéfica para la economía nacional. Destaca que esta propuesta fue analizada y dictaminada favorablemente por la Comisión Intersecretarial de Desincorporación en su sesión ordinaria del 14 de agosto de 2000.

Señala también que el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 establece como propósito de la reforma y modernización de la administración pública federal que ésta sea accesible, moderna y eficiente, para coadyuvar al incremento de la productividad global de la economía. En consecuencia, se requieren, entre otras medidas, la disolución y liquidación de aquellas entidades cuyas finalidades han sido satisfechas mediante otros apoyos institucionales.

De acuerdo con la información que la Secretaría de Agricultura proporcionó a la de Hacienda, se considera que el gobierno federal podrá recuperar 95 por ciento de los recursos que se utilicen para cumplir con la expropiación de los 27 ingenios, los de los grupos Azucarero Mexicano, Machado y Santos. No se considera la posibilidad de que haya indemnización para los empresarios.

Según el propio secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, el propósito es regresar los ingenios al sector privado, pero en una operación de venta que no sea apalancada por el propio gobierno federal. Se buscará que sea financiada con recursos que representen un riesgo, una aportación total de capital de los inversionistas que estén interesados en las empresas.

De acuerdo con investigaciones preliminares, hubo operaciones irregulares en la compra de ingenios por parte de los empresarios; en un proceso similar al de los bancos, se compraron mediante créditos cruzados. Por eso, en este proceso habrá mucho cuidado de que no se convierta en un Fobaproa del sector azucarero. En la medida en que se encuentren irregularidades se aplicará la ley a quien resulte responsable.

El planteamiento de la Secretaría de Agricultura fue claro, en el sentido de que el gobierno federal busca que la buena y honesta administración sea el común denominador de la agroindustria azucarera de la nación; es preciso eliminar las prácticas indebidas de un grupo de personas dedicadas a esta agroindustria, que han afectado profundamente al sector.

Para nadie es un secreto, señaló la dependencia, que los propietarios de los grupos citados llegaron a sus empresas a perder la salud financiera, contrayendo grandes deudas ante diversas sociedades de crédito y organismos del gobierno federal. Así, pusieron en riesgo, además del patrimonio de los trabajadores del campo, el de todos los mexicanos.